(Caracas, 07.08.2020. Provea). El presente Informe cubre el lapso del mes de julio de 2020. El mes se caracterizó por una amplia expansión del coronavirus en Venezuela y una mayor cantidad de personas con patología Covid-19. El 1 de julio fueron reportados oficialmente 230 contagios acumulándose para ese momento 6.000 casos registrados y 3 personas fallecidas. El 31 de julio se reportaron 715 casos acumulándose 18.574 contagios y se informó de 6 personas fallecidas. En total, en el mes de julio, según cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, hubo 13.037 casos.
En comparación al mes de junio, los casos aumentaron 429,75%, es decir, un incremento de 4 veces. La mayoría fue por transmisión comunitaria lo cual refleja un cambio cualitativo en su manera de afectar a la población y eleva considerablemente el riesgo de incremento.
Lamentablemente aumentó el número de fallecidos. Buena parte eran integrantes del personal de salud. De los 128 fallecidos reportados oficialmente para el último día de julio, 34 fueron de personal sanitario, lo que indica que el 30% de las personas que han muerto por coronavirus son médicos o enfermeras. Según la organización Médicos Unidos de Venezuela, 21 de ellos eran del estado Zulia.
En distintos estados del país médicos, enfermeras y personal, obrero denunciaron no contar con los implementos básicos para laborar sin riesgo en el contexto de la emergencia nacional de salud por el Covid-19.
La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), no se cumple en los centros de salud y el personal no tiene condiciones apropiadas para cumplir con sus obligaciones laborales sin exponerse al contagio. Además, dicho personal percibe salarios insuficientes que afectan sus condiciones de vida más allá de los centros de trabajo y genera permanente malestar.
El Estado venezolano en el actual contexto de amplia expansión del coronavirus tiene obligaciones que se desprenden tanto de convenios internacionales sobre derechos humanos, la Constitución y las leyes las cuales deben guiar en todo momento su actuación.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en sus Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos por la pandemia Covid 19 ha indicado que en materia de salud las respuestas a la pandemia deberían basarse en las “mejores pruebas científicas disponibles” para proteger la salud pública.
Los Estados Partes tienen la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud. Es esencial que los Estados adopten medidas reglamentarias apropiadas para asegurar que los recursos de atención de la salud, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y compartan entre toda la población a fin de garantizar una respuesta de atención de la salud amplia y coordinada a la crisis.
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