(Caracas, 29.05.2020. Convite). Los problemas relacionados con la violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública en Venezuela por sus impactos económicos, sociales, culturales, individuales, familiares y sobre todo por la violación de los derechos humanos, principalmente, el derecho a la vida.
Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. El total de muertes violentas ocurridas en el año 2019 lo posicionan, por tercera vez consecutiva, como el país más violento de Latinoamérica. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019, el país registró un total de 16.506 muertes violentas, una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. De cada 100 delitos se castigan a lo sumo 8 y la impunidad ronda por el 92%. Ese mismo año, las muertes violentas de personas mayores representan, aproximadamente, una tasa de 2,48 por 100 mil habitantes de estas todas las muertes.
Desde hace más de una década, Venezuela sufre un proceso continuo de destrucción del Estado de Derecho y desde el año 2015, el país está sumido en una Emergencia Humanitaria Compleja de origen político, causada por una multiplicidad de factores que tienen amplias repercusiones en la destrucción del Estado, la economía y el bienestar de la sociedad. Esta crisis multiplica y genera nuevas necesidades de índole humanitario, agrava los problemas de inseguridad humana, profundiza el deterioro de los servicios públicos y menoscaba el sistema de protección de los derechos humanos. Ello afecta a toda la población, pero con una incidencia mucho mayor en los más vulnerables, como lo son las personas mayores.
Este informe presenta la violación al derecho a la vida y a la integridad de las personas mayores ocurridas durante el año 2019. Los datos que aquí se exponen fueron recogidos y sistematizados a partir de la información hemerográfica de la sección de sucesos de cincuenta y siete (57) portales noticiosos digitales, nacionales, regionales y locales.
Mediante el proceso descrito se registraron un total de cuatrocientas once (411) muertes violentas de personas mayores; de estas, ciento ochenta y tres (183) o 45 % fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas (incluye las muertes por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpizas y otras donde no hay información sobre la causa de la muerte) teniendo como principal móvil al robo. En su mayoría, estas muertes sucedieron en la vivienda de la propia víctima. En estas circunstancias se registraron 100 fallecimientos de personas mayores, que constituyen 57% del total de muertes registradas. Por otro lado, ocurrieron setenta y dos (72) decesos producto de muertes violentas por descuido, negligencia o impericia que representa el 18% del total de muertes violentas de personas mayores registradas. De entre éstas, la causa más recurrente fue el arrollamiento (16%). El 13 % del total de las muertes violentas sucedidas en el año 2019 es atribuible a la responsabilidad directa del Estado, bien sea por acción, omisión o consentimiento, directo o incitado, cuya consecuencia inmediata fue el fallecimiento de 52 personas mayores. Esta distinción se hace porque, la protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales.
Estas muertes expresan diferentes formas de violación al derecho a la vida, a la provisión de medios necesarios para evitar muertes no naturales o tempranas, de ausencia de acciones o políticas públicas dirigidas a la protección de la vida de las personas mayores ante las amenazas de una muerte temprana, negándoles las posibilidades de medios de asistencia médica o social oportuna.
Otras muertes violentas que incluyen suicidios y otros tipos de accidentes representaron el 25% de las muertes violentas de personas mayores, aproximadamente, la mitad de estas corresponden a accidentes vehiculares.
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