Situación de Derechos Humanos en Venezuela en el marco de la Elección Presidencial del 14 al 30 de abril de 2013

Entre los días 14 y 16 de abril, en el marco de las elecciones presidenciales convocadas a raíz del fallecimiento del Presidente Chávez, ocurrieron en Venezuela una serie de eventos de mucha gravedad, a partir de denuncias sobre irregularidades electorales en los actos de votación. Estos eventos comenzaron a generarse una vez reconocido el triunfo, por muy estrecho margen —menos de 2%— del candidato oficialista, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este contexto, las autoridades de los poderes públicos faltaron a sus obligaciones de garantizar el estado de derecho y crear un clima de paz y tolerancia para dirimir las controversias en la sociedad venezolana, a través de mecanismos independientes, plurales, imparciales y transparentes, apegados a la Constitución. Durante estos días, se produjeron violaciones de derechos humanos que fueron ignoradas y manipuladas por los entes del Estado. Garantías al ejercicio de derechos como el de la protesta pacífica fueron suspendidas de hecho, y se criminalizó el derecho de los ciudadanos a solicitar la revisión de los resultados electorales, bajo acusaciones de intento de golpe de estado.

Desde hace varios años, se experimenta en Venezuela un agudo proceso de deterioro del estado de derecho y de la vida democrática, que ha generado severas repercusiones para la vigencia de los derechos humanos, así como para su promoción y defensa. Este proceso se ha caracterizado por el continuo avance e implementación, por vías ejecutivas y no democráticas, de un proyecto nacional que es incompatible con la norma constitucional venezolana —y la modifica sustantivamente—, así como con los tratados de derechos humanos y los estándares democráticos internacionales suscritos por el Estado venezolano. El intento de imposición del Estado Comunal, núcleo del proyecto, ha estado acompañado por la permanente generación, a partir del discurso oficial, de un clima de hostilidad y confrontación entre los ciudadanos por razones políticas; la inhabilitación de los poderes públicos para actuar deforma independiente y autónoma y su sometimiento al Poder Ejecutivo; el cierre de espacios de diálogo abierto y plural con sectores diversos de la sociedad venezolana; la progresiva militarización de los espacios públicos y de acción de la sociedad civil, restringiendo la reivindicación de derechos sociales; y el empleo abusivo de las facultades estatales para ejercer prácticas discriminatorias, excluyentes, coercitivas y punitivas sobre la población, amparándose en vacíos jurídicos y leyes restrictivas de los derechos y libertades fundamentales[1].

Sucesos del 14 y 15 de abril

El domingo 14 de abril de 2013 se efectuó una nueva elección presidencial en Venezuela debido al fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, electo en octubre de 2012. En horas de la noche, el CNE anunció los resultados oficiales: el candidato Nicolás Maduro Moros —del partido oficialista y los partidos afiliados al Polo Patriótico—había obtenido 50.66% de los votos (7.505.338), y el candidato Henrique Capriles Radonski—de los partidos afiliados a la Mesa de la Unidad Democrática, MUD—, 49.07% (7.270.403), con una diferencia entre ellos, hasta ese momento, de 234.934 votos (1,59%). Al finalizar este anuncio, el Rector del CNE, Vicente Díaz, solicitó a sus colegas rectoras del CNE, ante la prensa nacional e internacional, decretar un procedimiento especial de auditoría ciudadana para verificar el 100% de los votos, dado el pequeño margen de diferencia, sin poner en duda los resultados del CNE[2].

Esa misma noche, al ser notificado de los resultados, el candidato Maduro aceptó públicamente la solicitud del Rector Vicente Díaz respecto de realizar una verificación de los votos depositados en el 100% de las urnas electorales. Indicó también que el candidato Capriles le había hecho la misma petición por vía telefónica horas antes de que el CNE anunciara los resultados. Más tarde, el candidato Capriles declaró por medios de comunicación social que el Comando Simón Bolívar (CSB), su equipo de campaña, no reconocía los resultados anunciados por el CNE, mientras no se realizara una revisión detallada de cada voto, debido a las 3.200 incidencias irregulares que reportaron sus testigos y a que el número de votos contados por su comando no se correspondía con los resultados del CNE[3].

El lunes 15 de abril, a las 2 de la tarde, el candidato Capriles realizó una declaración pública luego de que se informara que el CNE llevaría a cabo ese mismo día el acto de proclamación del candidato Maduro como Presidente de la República. En esta declaración, pidió a la población y a sus seguidores conducirse en el marco de una lucha democrática y condenó todo acto de violencia propiciada por sectores ajenos a su comando. Reafirmó también su solicitud de realizar una revisión de la totalidad de comprobantes y cuadernos de la votación, en el marco del derecho de los electores a verificar los resultados, exigiendo además el resguardo del material electoral. Asimismo, informó que el Comando Simón Bolívar había solicitado por escrito al CNE suspender el acto de proclamación, puesto que ambas partes habían aceptado públicamente llevar a cabo la revisión de los votos.  Además, convocó a movilizaciones pacíficas dirigidas a consignar la solicitud y a exigir al CNE garantizar el ejercicio de este derecho, aún si se hacía el acto de proclamación, pues mientras no se resolviera la controversia y se hiciera efectivo el recuento de votos, la condición del candidato Maduro como Presidente sería legal pero ilegítima[4].

Efectivamente, a las 5 de la tarde del lunes 15, en cadena nacional, el CNE realizó el acto de proclamación del candidato Maduro. Ante representantes de todos los poderes públicos y de los embajadores presentes, la Rectora y Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, manifestó que el sistema electoral había funcionado perfectamente y a cabalidad. Acerca de la solicitud del candidato Capriles, expresó que éste debía acudir a las instancias judiciales para formalizar sus reclamos. Añadió que los votos en Venezuela son automatizados y que están en las máquinas, no en las papeletas, las que sólo son “comprobantes del perfecto funcionamiento” del sistema, para la verificación del elector al momento de votar y hacer las auditorías ciudadanas al cerrarse las mesas de votación. Calificó también como actos de “acoso”, “amenaza” y “amedrentamiento” contra el CNE las vías escogidas por el candidato Capriles para hacer sus reclamos[5].

En su discurso como Presidente proclamado, Nicolás Maduro, afirmó que el resultado de las elecciones había sido justo, constitucional y votado por mayoría. No se pronunció sobre la solicitud de revisión de votos, aceptada por él la noche del 14 de abril, sino que denunció como un “golpe de estado” el intento de desconocerlos resultados por parte del candidato Capriles. En sus palabras“…mayoría es mayoría, y debe respetarse en la democracia, no se pueden buscar emboscadas, inventos para vulnerar la soberanía popular (…) eso solo tiene un nombre: ‘golpismo’. Quien pretenda vulnerar la mayoría en una democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de estado, y yo denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas…”. Por otra parte, adelantó que integrantes del Comando Simón Bolívar buscaban hechos de violencia y alertaba sobre posibles “infiltrados” en los cuerpos de seguridad que pudieran disparar contra manifestantes[6]. A su salida del acto, llamó a la paz y a la unidad nacional, pero agregó que el pueblo debía estar pendiente de una conspiración golpista en progreso[7].

Culminada la cadena del acto de proclamación, el candidato Capriles realizó una tercera declaración por los medios de comunicación, haciendo nuevamente un llamado a una lucha democrática y pacífica para exigir el derecho de quienes votaron por su opción a una verificación de votos, a través de tres acciones específicas: tocando cacerolas u ollas en sus casas ese misma noche; acompañando a los coordinadores de los comandos de campaña en cada estado, para dirigirse el martes 16 a las oficinas de las juntas electorales con el objetivo de consignar formalmente la solicitud de recuento de votos; y realizando una movilización que lo acompañaría a él el día miércoles 17 a la entrega de la misma solicitud en la sede nacional del CNE, siguiendo los procedimientos legales establecidos. Dijo expresamente que su planteamiento no era desconocer la voluntad del pueblo ni los resultados electorales, sino verificar uno a uno los votos depositados en las cajas y los cuadernos de votación. Se dirigió al candidato Maduro y a la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, solicitando a ambos aceptar la verificación y resolver el conflicto político, cumpliendo la Constitución y garantizando la paz en el país[8].

Entre las 8 y 9 de la noche del lunes 15, medios de comunicación reportaron el sonido de cacerolas en varias partes del país y, a las 11:30pm, el Presidente Nicolás Maduro ofreció una entrevista al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante la cual informó haber realizado esa noche unareunión del Comando Anti-Golpe —figura creada por el Presidente Chávez como una respuesta cívico-militar a supuestos planes de desestabilización en las elecciones de octubre 2012[9]. Allí indicó que sostuvo reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), y que todas las fuerzas de seguridad estaban activadas en todos los estados del país, incluyendo 400.000 milicianos[10] y tenientes, para controlar focos de violencia.

En referencia a estos focos, afirmó que grupos violentos habían intentado incendiar varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la Misión Barrio Adentro, además de ser atacadas urbanizaciones populares de la Gran Misión Vivienda, casas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mercados populares y la casa de la Presidenta del CNE. Asimismo, informó haber tenido comunicación con la Fiscal General de la República para que actuara legalmente en contra de quienes estaban promoviendo estos actos. Pidió, por otra parte, la paz, la tranquilidad y la tolerancia, al mismo tiempo que llamó al pueblo para “defender los CDI con cuidado”. Solicitó además a Mario Silva, conductor del Programa La Hojilla de VTV, mostrar las imágenes como evidencia de los actos de violencia que estaban ocurriendo[11].

Declaraciones de entes públicos del 16 al 24 de abril

Frente a estos sucesos, desde el martes 16 hasta el miércoles 24 de abril, diferentes autoridades de los poderes públicos y organismos estatales[12], en comunicados oficiales, ruedas de prensa y declaraciones por el Sistema Nacional de Medios Públicos y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), incluyendo una pieza audiovisual transmitida en cadena nacional los días 23 y 24 de abril, responsabilizaron directamente al candidato Capriles de actos de “instigación a la violencia”, “insurrección” y “fascismo”, por sus pronunciamientos públicos. Afirmaron que estos actos habían provocado, entre los días 15 y 16 de abril, la muerte de siete personas afectas al oficialismo, el ataque violento contra servicios públicos de salud, alimentación y vivienda, y casas del PSUV, así como el asedio a oficinas regionales del CNE, a medios de comunicación estatales y a residencias de autoridades públicas, difundiendo videos sobre los supuestos hechos, sin haber iniciado ningún tipo de investigación.

Gabriela del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo (martes 16 de abril) 

Mediante una rueda de prensa y un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo expresó surespaldo a la “conformación de un Comando Anti Golpe” ante los hechos violentos reportados, por su similitud a los que ocurrieron en abril de 2002. En estas declaraciones, la Defensora del Pueblo afirmó que los hechos eran “focos de violencia” provocados por el llamado público del “candidato derrotado”, que contribuyó a convocar a las calles a grupos violentos y al cierre de vías que “obstaculizaron el transporte de alimentos” —lo que había sido incluido como delito en leyes venezolanas restrictivas del derecho a la protesta pacífica. Refirió que estos hechos habían sido: la intimidación violenta contra CDI, la quema de sedes de los programas alimentarios Mercal y PDVAL, así como el asedio a canales de televisión estatal y a los hogares de autoridades públicas, sobre los cuales solicitó las investigaciones respectivas contra los autores materiales e intelectuales. Además manifestó que la Defensoría no había recibido hasta ese momento ninguna denuncia sobre el funcionamiento del sistema electoral y deploró el “desconocimiento” de los resultados electorales por parte del “candidato derrotado”.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República (martes 16 de abril)

En rueda de prensa, la Fiscal señaló directamente al candidato Capriles como el responsable de instigar acciones violentas, a causa de las cuales habían fallecido 7 personas y se encontraban detenidas 135. Anunció que el Ministerio Público había iniciado las investigaciones y adelantó que estas acciones podían inscribirse como delitos de “instigación al odio”, “desobediencia de las leyes”, “rebelión civil” y “asociación para delinquir”, previstos en el Código Penal y en la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y la Delincuencia Organizada[13]. También sugirió –al igual que la Defensora del Pueblo –que estos hechos tenían parecido con los ocurridos en el año 2002, durante el paro petrolero y el intento de golpe de estado contra el Presidente Chávez[14]. En una segunda rueda de prensa, el 24 de abril, la Fiscal dio un balance sobre los hechos violentos de los días 15 y 16 de abril, atribuyéndolos a los llamados realizados por medios de comunicación y redes sociales con “mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle, acciones hostiles y contrarias a la ley, que condujo a un sector de la ciudadanía a agredir a otro sector de la población, alterando la tranquilidad y la paz pública, con la falsa creencia de que el CNE no estaba siendo imparcial, y que dejó como resultado el balance (…) de 9 personas fallecidas y 78 personas lesionadas…”.

Luisa Estella Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (miércoles 17 de abril)

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales también se pronunció —apoyando lo dicho por la Rectora Tibisay Lucena del CNE–para expresar que el conteo manual de votos en Venezuela no existía, dado que según interpretación del TSJ este procedimiento había sido eliminado en la Constitución de 1999. Señaló además que las vías legales para actuar en contra de los actos del CNE eran las jurisdiccionales, por medio de la Sala Electoral o la Sala Constitucional del TSJ. Adicionalmente, calificó de “engaño” y de “presunta instigación” la solicitud del conteo manual de los votos, porque quiénes lo hacían sabían perfectamente que era “imposible”. Asimismo, dio como ciertos los casos de personas heridas o fallecidas en actos de calle, a causa de los llamados públicos solicitando el recuento de votos, y afirmó que sobre esos actos se establecerían responsabilidades, sin impunidad alguna[15].

Darío Vivas, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional (miércoles 17 de abril)

Durante entrevista efectuada en el Programa De Frente del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) informó que se habían constituidocuatro comisiones parlamentarias para levantar expedientes sobre las “acciones violentas dirigidas por el ex candidato antichavista Henrique Capriles Radonski y su camarilla”. Estas acciones, según el Vicepresidente de la AN, crearon un “clima insurreccional” dirigido a producir “el mismo efecto de abril de 2002, cuando los mismos factores dieron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías”. A su juicio, dado que hasta ese momento el candidato Capriles no había realizado una solicitud formal de impugnación de las elecciones, ni tampoco había solicitado una investigación, aseveró que se trataba de “un plan bien montado para poner en marcha un golpe de Estado” consistente en “descalificación de instituciones del Estado, desconocimiento de resultados electorales y del Presidente electo, propiciar conflictos, sabotajes, generar un clima de inestabilidad que propicie también un ambiente de intervención extranjera”.

Ernesto Villegas, Ministro de Información y Comunicación (miércoles 17 de abril)

El Ministro de Información y Comunicación convocó una rueda de prensa para periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos con el propósito de realizar un “desagravio” a los fallecidos[16], a las agresiones a casas del PSUV y sedes del CNE y a las acciones violentas contra al menos 12 CDI en 6 estados del país, de las que dijo se encontraban “documentadas”[17]. Señalócomo responsable directo al candidato Capriles por su “proclama insurreccional” y su “irresponsable llamado a la violencia” la noche del lunes 15 de abril[18].

General Néstor Reverol, Ministro de Interior y Justicia (jueves 18 de abril)

En el acto velatorio de personas fallecidas por causas atribuidas a hechos violentos en el sector La Limonera del municipio Baruta del estado Miranda, y donde el Presidente Maduro declaró “mártires y héroes de la patria bolivariana a todos las personas que murieron durante el ataque fascista y de odio de la burguesía”, el Ministro de Interior y Justicia señaló que habían sido activados todos los equipos especiales para realizar una profunda investigación y determinar quiénes habían cometido estos “horrendos crímenes”, dentro de los cuales incluyó “actos vandálicos” contra varios centros de salud, alimentación y educación. Calificó a los responsables como “grupos fascistas, inescrupulosos, desestabilizadores y llenos de odio”, sosteniendo que éstos habían actuado “a raíz del pronunciamiento del candidato perdedor de la derecha venezolana”. También dijo que se identificaría a los responsables de dirigir y financiar la actuación de estos grupos, para aplicarles la Ley Orgánica contra el Financiamiento al Terrorismo y la Delincuencia Organizada, incluyendo la incautación de sus bienes y el congelamiento de cuentas bancarias[19].

Elias Jaua, Ministro de Relaciones Exteriores (lunes 22 de abril)

En un artículo publicado en el Diario Ciudad Caracas, con el título “El 15-A: El rostro del odio”, el Ministro de Relaciones Exteriores, escribió que las palabras del candidato Capriles habían generado una “violencia generalizada” y una jornada “destructiva y sangrienta” en el país, que a su juicio terminó con “asesinatos políticos”. Como prueba, tomó un extracto de las palabras del candidato Capriles, en las que éste se refería a que las personas decepcionadas drenaran su rabia y frustración tocando cacerolas en sus casas, para mostrar su inconformidad con el resultado de las elecciones. Asimismo, señaló como una prueba de conductas “fascistas” dirigidas al “ajusticiamiento moral” de las víctimas, el desmentido de los sectores de oposición y de los medios de comunicación privados: “Luego, como es propio del fascismo, vino el intento de invisibilizar a las víctimas fatales o rematarlas moralmente, ´eran delincuentes, se mataron entre ellos mismos´, dijeron los voceros de la oposición y los medios privados secundaron el ajusticiamiento moral de los asesinados políticos”.

El Ministro Jaua también escribió que estaba en marcha un plan para “borrar las pruebas de las fatales consecuencias del verbo irresponsable y violento del Gobernador Capriles” y acusó a Leopoldo López —dirigente del partido opositor Voluntad Popular e integrante del Comando Simón Bolívar— de ser el responsable de ejecutar las operaciones violentas, advirtiendo que “más temprano que tarde pagará por sus crímenes ante la Justicia nacional e internacional”[20].

Iris Varela, Ministra de Servicios Penitenciarios (martes 23 de abril)

En rueda de prensa, la Ministra de Servicios Penitenciarios, en un tono más personal y de amenaza, se dirigió al candidato Capriles acusándolo de ser responsable y autor intelectual de las muertes los días 15 y 16 de abril, pues habrían ocurrido como consecuencia de sus palabras, y se refirió a él como “asesino, instigador, fascista, líder negativo y drogadicto”.  En ese mismo tono, dijo tenerlista una celda para su encarcelamiento, señalando que su institución se encargaría de que los “crímenes” no quedaran impunes. Apoyando lo dicho por el CNE y otras autoridades, afirmó que las auditorías solicitadas del 100% de los votos no cambiarían el resultado de las elecciones, dado que éstos eran irreversibles, y que tampoco se efectuarían nuevas elecciones. En tal sentido, informó que harían respetar los resultados y la presidencia de Nicolás Maduro y, por ello, los trabajadores de ese Ministerio—a los que identificó como “cuadros políticos revolucionarios”—, se desplegarían por todo el país para mostrar las evidencias de los “actos violentos y fascistas” del sector de la oposición. Señaló además que harían llegar también esas evidencias a todas las embajadas y medios de comunicación internacionales[21].

Pedro Carreño, Diputado del PSUV (miércoles 24 de abril)

El diputado del PSUV, Pedro Carreño, informó en rueda de prensa el 24 de abril que ese día se había instalado en la Asamblea Nacional una Comisión encargada de investigar las responsabilidades del Henrique Capriles y Leopoldo López en un “plan golpista” para desconocer los resultados de las elecciones, dado que la oposición no tenía prueba alguna sobre irregularidades en los actos de votación. Afirmó que poseían un “documento sobre ese plan, elaborado 15 días antes de las elecciones”. Asimismo, señaló que el diputado del PSUV Darío Vivas y el periodista Mario Silva, del canal estatal VTV, serían miembros de esta Comisión, y que en ella no participarían diputados “no democráticos”. Al respecto dijo: “la oposición no democrática no puede ser miembro de una Comisión de un parlamento democrático. Si ellos se comportan de manera democrática, pudiéramos (…) considerar que formen parte de la Comisión. Sería un ejercicio ocioso de investigación parlamentaria meter en una Comisión a unos parlamentarios que van a desconocer los hechos, ni siquiera los han admitido…”. Agregó que “ante esa agresión fascista (…) esta Comisión servirá para desenmascarar a la canallada mediática, por un lado, al golpismo, al fascismo, y a la derecha reaccionaria, criminal y asesina, que dirige Henrique Capriles Radonski”.

El curso de la controversia electoral

La solicitud formal de verificación de votos fue introducida al CNE el día 17 de abril por el Comando Simón Bolívar. El 18 de abril, la Rectora Lucena, en cadena nacional, reconoció el derecho de disentir con respecto al resultado electoral y afirmó que el procedimiento adecuado para solucionar la controversia era impugnar las elecciones ante el TSJ —lo cual solo podía realizarse después de proclamado el candidato electo— y advirtió que el CNE había emitido resultados transparentes y exactos, que reflejaban de forma pulcra la expresión de electores y electoras. Explicó que la solicitud recibida era la de culminar la auditoría de verificación ciudadana del día domingo, añadiendo que no se había solicitado un recuento, porque el voto y el escrutinio son automatizados y uno nuevo solo procedía mediante la impugnación de las elecciones. La decisión del CNE fue entonces ampliar la auditoría ciudadana al 46% de las cajas de resguardo que no habían sido auditadas el día de la elección, observando que esto no podía ser interpretado como escrutinio alguno, y cuya fecha de inicio sería anunciada la semana siguiente. El 20 de abril, en rueda de prensa, la Rectora Sandra Oblitas afirmó que la auditoría ampliada tenía un alcance estrictamente técnico y no modificaba los resultados electorales, siendo éstos irreversibles.  Ratificó que la controversia con respecto a los resultados sólo podía resolverse a través de una impugnación ante el TSJ.

El candidato Capriles, quien retomó sus funciones como Gobernador del estado Miranda, aceptó públicamente la decisión del CNE el mismo día de su anuncio y en referencia a las autoridades públicas dijo: “estamos buscando solución a un conflicto político que lo han generado quienes están en el gobierno, quienes han podido evitar esta situación el día domingo en horas de la noche”. El lunes 22 de abril, el Rector del CNE, Vicente Díaz, explicó que la auditoría ampliada consistía en un conteo de los comprobantes de votos y su comparación con las actas de votación y el número de electores que habían votado en cada mesa. Sólo así podían encontrarse inconsistencias. Pero, dado el retraso en el anuncio de la fecha para iniciar la auditoría por parte del CNE, el Gobernador Capriles realizó dos declaraciones, los días 25 y 26 de abril, en las cuales manifestó que no participarían en una auditoría incompleta y que habían tomado la decisión de recurrir a una impugnación de las elecciones, para no excederse del plazo de 15 días establecido por ley después del acto de proclamación de Nicolás Maduro como Presidente.

El 26 de abril, el Rector del CNE Vicente Díaz realizó nuevas declaraciones informando que se había abstenido de votar por el procedimiento de auditoría ampliada —inicialmente propuesto por él y aceptado por ambos candidatos el domingo 14 de abril, y luego votado de forma unánime por los rectores del CNE el 17 de abril—, dado que este procedimiento aprobado no suponía la revisión exhaustiva de los cuadernos de votación, como era la exigencia legítima del candidato Capriles. Afirmó además que era necesaria una auditoría de huellas: “Yo entiendo y comparto plenamente la exigencia que hace el candidato Henrique Capriles de que se incorpore a la auditoría los cuadernos de votación para ser revisados de manera exhaustiva. Es legítima y razonable esta exigencia…”. El 27 de abril, la Rectora Lucena, en cadena nacional, informó el cronograma del procedimiento de auditoría ampliada, descartando la posibilidad de realizarlo en los términos propuestos por el Comando Simón Bolívar, ya que se presentaron denuncias carentes de precisión y descripción de las irregularidades.

A través de una entrevista realizada el 29 de abril en el programa de radio con César Miguel Rondón en la Emisora Éxitos FM, el Rector Díaz informó que el CNE debía responder satisfactoriamente a las exigencias de los reclamantes, para despejar cualquier duda sobre la credibilidad del CNE y de las elecciones. Especificó que los reclamos del Comando Simón Bolívar no eran sobre el funcionamiento de las máquinas ni sobre inconsistencias numéricas, sino respecto de los actos de votación. En este sentido, señaló que lo pertinente en esta auditoría ampliada era abrir todas las cajas y hacer la revisión exhaustiva de los cuadernos de votación —en los cuales puede verificarse si ocurrieron irregularidades y delitos de usurpación de identidad, con cédulas ajenas. También afirmó que debía revisarse el Reporte de Incidencias del Sistema de Autentificación de Identidad (SAI), desagregado por mesa, y el Reporte de Duplicidad de Huellas Digitales, los cuales son mecanismos de control contemplados en los procedimientos del CNE. Advirtió también el Rector Díaz que el CNE todavía no había entregado estos reportes, con los cuales era posible verificar, en caso de que hubieran ocurrido, irregularidades tales como la usurpación de votos por personas fallecidas, si algunas personas votaron más de una vez, cuántas personas votaron con huellas dactilares distintas a las suyas, cuántas huellas fueron rechazadas porque las personas ya habían votado y cuántas personas votaron sin dejar su huella digital por alguna deficiencia física. Además, señaló que el CNE había fallado en el control de la campaña electoral y de situaciones de coacción que se presentaron (puestos de campaña política del oficialismo, o “puntos rojos”, cerca de las mesas y votos asistidos por “comisarios políticos”). Negó que los resultados fueran absolutamente irreversibles, puesto que, de ser así, no tendría sentido que existiera un procedimiento legal de impugnación. En tal sentido, consideró que el CNE tenía todas las competencias para actuar en forma autónoma y por vía oficiosa para dar una solución a la crisis política, sin necesidad de una impugnación judicial. Reiteró sus denuncias sobre el desequilibrio en la campaña electoral, calificándola de “lucha no democrática, de un ciudadano (refiriéndose al candidato Capriles) contra el Estado”.

Violaciones a derechos humanos ocurridas en este contexto

Estigmatización y criminalización de la disidencia

En el marco electoral descrito, los principales voceros de organismos estatales utilizaron de manera sistemática discursos estigmatizantes de dirigentes del sector opositor, extensivos a sus seguidores y a la población que comparte sus ideas y opiniones, utilizando calificativos de “violentos, fascistas, golpistas, asesinos y sectores que odian y desprecian al pueblo”. Esta práctica, que deshumaniza, daña la moral y la credibilidad del otro, es origen de violaciones de derechos humanos[22]. Se inscribe además dentro de actos de incitación al odio y a la violencia, discriminación por motivos políticos y trato cruel, denigrante e inhumano. A esta conducta sistemática de descalificación y desprestigio público contra sectores que disienten o cuestionan las conductas de gobierno, se suma el hecho de que en los últimos años, la mayoría de autoridades de poderes públicos han declarado actuar como militantes activos de “la revolución”, violando abiertamente la norma constitucional e internacional de imparcialidad política en el ejercicio de funciones públicas.

En una grave declaración, sin resultados aún de investigación alguna, la Fiscal General de la República, expresó: “Tú sabes lo que es un venezolano, ¿tratar de quemarlo vivo? Eso es terrible. ¿Y ustedes saben cuál es el argumento para hacer todas estas acciones? (…) porque el pueblo no me favoreció a mí (…) ¿yo voy a atentar contra el pueblo? porque atentar contra PDVAL, contra Mercal, contra los CDI, contra los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo venezolano. (…). El candidato que no resultó favorecido por el pueblo le dijo: ‘como tú no me beneficiaste, yo te voy a perjudicar, y yo voy a llamar a las personas a que atenten contra ti y te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a allanar, te voy a quemar todo lo que sirva para tu beneficio, porque es eso lo que están haciendo ahorita, es eso lo que está ocurriendo en este país, en este momento, y ese es el balance que tenemos hasta ahora…”.

Asimismo, se iniciaron investigaciones judiciales y acciones policiales y militares en forma inmediata, contra personas señaladas como autores materiales e intelectuales de hechos y muertes violentas, por parte de la Presidencia de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia y diputados oficialistas de la Asamblea Nacional.  A los presuntos autores se les atribuyó “llamados a la violencia, desestabilización e insurrección”, un “patrón de golpe de estado, similar a los hechos ocurridos el 11 de abril del año 2002” y un “plan conspirativo de golpe de Estado”, dando automáticamente por ciertas pruebas presentadas por algunos entes oficiales, sin haber concluido las investigaciones. Además, se descartaron informaciones que desmentían las acusaciones, alegando que no se habían hecho denuncias formales sustanciadas, sino denuncias producto de una “matriz mediática”. Al respecto, la Defensora del Pueblo aseveró “Me parece delicado que el Estado tenga que salir a mostrar fotos para que puedan creer que esto ocurrió”.

El 23 de abril, el Presidente Nicolás Maduro designó como nuevo Ministro de Interior y Justicia, al General de Brigada Miguel Rodríguez Torres, quien además se mantiene como Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)[23].  En rueda de prensa del 25 de abril, el General Rodríguez Torres dijo tener pruebas sobre un supuesto plan de conspiración denominado “Conexión Abril”, planificado desde septiembre de 2012 por “sectores de extrema derecha”. Explicó que por este motivo se procedió a la detención de una persona de nacionalidad norteamericana, Timothy Tracy, a quien sus familiares y amistades venezolanas reconocieron como un cineasta que se encontraba realizando un documental sobre la situación política del país. El Ministro calificó a esta persona como un “agente de inteligencia” y enlace con “organizaciones gubernamentales extranjeras” para financiar actividades de desestabilización interna, una vez el “candidato de la derecha” llevara a cabo el “desconocimiento de los resultados electorales” o un “golpe electoral”.

También se practicó el allanamiento a una residencia donde se reunían jóvenes de Operación Soberanía, en la cual supuestamente fueron incautados 500 videos que evidencian los planes conspirativos[24], acusación que fue rechazada por los dirigentes juveniles de esta organización endeclaración y comunicado público.  Asimismo, por su relación con este supuesto plan, se llevó a cabo la detención y privación de libertad —sin las garantías del debido proceso— del dirigente del Partido Voluntad Popular, Antonio Rivero, al cual se le imputaron los delitos de “instigación al odio” y “asociación para delinquir”. La acusación estuvo fundada en unos videos incautados, donde, según el Ministro, el dirigente incitaba a la violencia, confesando seguir instrucciones del candidato Capriles. El Partido Voluntad Popular condenó la detención arbitraria y la privativa de libertad de este dirigente y advirtieron que este acto podía considerarse el primer paso para una posible “ilegalización de los partidos políticos” en Venezuela.

Prohibición del ejercicio del derecho a la protesta y actos represivos contra manifestantes

En el marco de la controversia electoral, en la cual los dirigentes de oposición no reconocieron los resultados emitidos por el CNE y calificaron de ilegítimo el acto de proclamación del Presidente Maduro hasta tanto no se efectuara una revisión y verificación de los votos, el lunes 15 el candidato Capriles y su comando de campaña convocaron a manifestaciones pacíficas de descontento y exigencia de las solicitudes planteadas al CNE en todos los estados del país para los días 16 y 17.  Por su parte, la noche del 15 de abril las autoridades del gobierno activaron el despliegue del “Comando Anti Golpe” y del pueblo en la calle, cuadros de los partidos oficialistas, ministros y gobernadores[25], denunciando hechos de violencia contra instalaciones de servicios públicos e intentos de desestabilización por parte del candidato Capriles y de los sectores de oposición, así como el fallecimiento de activistas del oficialismo en varias partes del territorio nacional por causa de la violencia política opositora.

A pesar de que la protesta pacífica es un derecho humano protegido, el día martes 16 ocurrieron actos de represión y la detención de cerca de más de 150 personas y manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se dirigían hacia o se concentraron fuera de las sedes regionales del CNE. Ese mismo día el Presidente Maduro, en cadena nacional, prohibió la movilización hacia la sede principal del CNE en Caracas, convocada por el candidato Capriles para el día miércoles 17, exhortando a los medios de comunicación social privados a “definirse” entre “la paz y la patria” y “el fascismo”[26], situación por la cual el candidato Capriles, el martes 16, canceló la movilización. Ocurrió así, de hecho, la suspensión del derecho a la protesta pacífica, bajo la presunción anticipada de posible conspiración o violencia, se utilizó de manera desproporcionada la fuerza pública para el control de las manifestaciones, y se violaron las garantías de protección de la integridad y libertad personal de los manifestantes.

La represión contra personas y manifestantes fue reportada a través de denuncias por medios de comunicación y videos en los cuales se observaron persecuciones, disparo de perdigones a quema ropa y bombas lacrimógenas, hostigamientos y agresiones por parte de cuerpos militares, ataquesy acciones violentas contra manifestantes por grupos civiles armados, en los estados Lara, Zulia, Carabobo, Sucre y Mérida. Asimismo, se denunciaron tratos crueles, degradantes e inhumanos a los detenidos: el 19 de abril, familiares de jóvenes que aún continuaban detenidos en el estado Carabobo declararon: “Les preguntan: ‘¿Cómo se llama el Presidente?’ Y los hacen repetir el nombre de Maduro. Les colocan la gorra del 4F y, si se la quitan, les dan por la cabeza con el casco”. En el estado Barinas, la abogada de 44 jóvenes detenidos declaró que a 5 de ellos se les recluyó con presos comunes y “los obligaban a decir que Maduro era su presidente, y al que se negaba lo golpeaban”. En el estado Lara, Carlos Doubront—hijo de un Capitán de la Guardia Nacional ya fallecido, declaró a los medios luego de ser liberado:

“…varios compañeros recibieron algún tipo de maltrato de parte de los guardias nacionales al momento que ellos le hacían preguntas de ‘mira, ¿quién es tu presidente?’ (…) incluso hubo unos que decían que supuestamente era Hugo Chávez, y con todo y eso recibían maltrato por parte de la guardia, hasta que no les dijeran la respuesta que ellos querían escuchar, que era ‘Nicolás Maduro’. Un grupo que llegó gritando que es el grupo del (Centro Comercial) Sambil, que los obligaron a cantar y gritar ‘Maduro Presidente’, en un trayecto de medio kilómetro hasta el destacamento (…). El primer día estuvimos totalmente aislados, no teníamos acceso a llamadas y al reconocimiento por parte de los abogados. Nos hicieron dormir en el patio, en condiciones totalmente infrahumanas. Al presentarse uno de los fiscales, se dan cuenta de las condiciones en las que estábamos. Había unos que tenían perdigonazos. Estaban llenos de sangre y ropa rota. Fui objeto de humillación, en virtud que mi padre fue militar. Un oficial, grado capitán, basándose en argumentos de juicio propio, diciendo que en virtud de que mi papá había sido un oficial revolucionario, yo era una decepción, que se estaba revolcando en la tumba, al verme a mi como yo manifestaba de esa manera”.

Al respecto, un grupo de instituciones y organizaciones sociales del estado Lara suscribieron una declaración pública, en la cual condenaron los graves hechos ocurridos en la ciudad de Barquisimeto durante la semana comprendida entre los días 15 y 22 de abril. En esta declaración manifestaron:

“preocupación por el doloroso saldo de personas lesionadas, detenidas y tratadas de manera cruel e inhumana por manifestar pacíficamente en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Barquisimeto los días 15 y 16 de abril. Asimismo, por lavulneración de espacios de diversas residencias familiares, instituciones y establecimientos comerciales por parte de efectivos militares en su severa persecución a quienes manifestaban. Los múltiples testimonios e informes médico-forenses de las personas lesionadas y detenidas, los relatos pormenorizados de testigos presenciales y la cantidad de imágenes y videos recabados por las organizaciones especializadas en la defensa de los Derechos Humanos y por distintos medios de comunicación, nos permiten expresar que los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano utilizaron excesiva y desproporcionadamente su fuerza contra los manifestantes, desplegando armas y sustancias químicas expresamente prohibidas para actuar frente a concentraciones públicas, con el lamentable saldo conocido públicamente. Una vez detenidas las personas, según sus testimonios, sufrieron tratos crueles e inhumanoslos cuales están expresamente prohibidos por la legislación venezolana y tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano”.

Sin embargo, la Fiscal General desestimó públicamente las denuncias recibidas acerca de estos hechos “por carecer de fundamento” y aseveró que se habían respetado los derechos humanos de todas las personas detenidas:

“Entre los días 22 y 23 de abril, en el Ministerio público se ha venido recibiendo un conjunto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, que ocurrieron los días 15 y 16 (…).Estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática (…). En Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad. A las personas que fueron aprehendidas, se les respetó todos sus derechos (…). Estas denuncias que aparecen en los medios están muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leer las que presentan ante la institución,carecen de fundamento sin sustento alguno. Evidentemente se está manipulando de manera exagerada la realidad. Esto hace que la denuncia pierda seriedad”. Adicionalmente, negó que el Estado venezolano viole derechos humanos y afirmó que a las personas que fueron privadas de libertad se les trató “con el debido respeto que merece la condición humana”, reconocimiento médico legal y asistencia de fiscales que velaron por su integridad física. Añadió que no se iba a criminalizar la protesta si era una “protesta sana”.

La mayoría de las personas y manifestantes detenidos fueron liberados entre los días 18 y 22 de abril mediante el otorgamiento de medidas cautelares bajo régimen de presentación, prohibiéndoseles participar en manifestaciones públicas. Los tribunales imputaron a estos jóvenes los delitos de “alteración de orden público”, “uso de menores para delinquir”, “resistencia a la autoridad” y “daño genérico”, por supuestamente haber afectado bienes del Estado. Los abogados de varios detenidos desmintieron y rechazaron las palabras de la Fiscal, afirmando que efectivamente los jóvenes habían sido maltratados y agredidos, lo que consta en testimonios y exámenes médico-forenses.

Menoscabo de derechos electorales

Las actuaciones del CNE, ante un resultado electoral reñido y un contexto restrictivo en el que se han venido denunciando violaciones a la libertad de expresión, la pérdida de independencia de los poderes públicos y altos niveles de impunidad, han contribuido a generar serias dudas en la población de electores sobre la transparencia y la autenticidad de las elecciones, así como a deslegitimar tanto el ejercicio del derecho al voto como el derecho a obtener justicia a legítimos reclamos sobre el proceso electoral. A estas dudas se suman la abierta parcialidad política de funcionarios públicos y evidentes desequilibrios en las campañas electorales, incluyendo conductas de intimidación y coacción cometidas por autoridades estatales sobre funcionarios y electores, sin sanción por parte del organismo electoral.

Con el respaldo de los demás poderes públicos, el CNE mantuvo hasta la fecha la improcedencia de los reclamos a ese organismo por la “irreversibilidad, pulcritud y exactitud de los resultados” y la imposibilidad de verificar los “votos”, amparándose en la automatización de los mismos en el sistema electoral. Estos argumentos, si bien apelan al procedimiento mecanizado de la contabilidad de los votos, en el que no hay manipulación humana, y a que la auditoría de su funcionamiento realizada antes de la elección no arrojó ningún error, sembró dudas en los electores acerca de la autenticidad de los votos ingresados a las máquinas -que involucra todos los pasos e incidencias durante el acto de votación-, y donde deben garantizarse las condiciones para ejercer el derecho al voto sin interferencias de ningún tipo que puedan tergiversar o inhibir la libre voluntad del elector.

Además, el CNE, el TSJ y la Defensoría del Pueblo aseveraron no haber recibido denuncias formales o recursos de amparo por parte de electores o partidos políticos sobre irregularidades o delitos en los actos de votación, que pudieran justificar una auditoría de todos los materiales usados en el proceso electoral (comprobantes de voto, cuadernos de votación, actas, incidencias y huellas), aunque medios de comunicación, testigos y veedores internacionales[27] reportaron incidentes sobre voto asistido[28], amedrentamiento por parte de grupos de motorizados, y existencia de puntos rojos cerca de las mesas de votación, sobre los cuales el CNE no realizó ningún pronunciamiento.

La negativa por parte del CNE a realizar una auditoría exhaustiva de todos los elementos relacionados con el proceso de votación, estando dentro de sus competencias y procedimientos y habiendo sido respaldada por consenso en la reunión de los Jefes de Estado de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) con presencia del Presidente Nicolás Maduro, no contribuye a garantizar soluciones a la controversia y menoscaba los derechos de los ciudadanos a obtener con prontitud una respuesta satisfactoria y transparente a sus legítimos reclamos.

Violencia y discriminación por motivos políticos

Mediante conductas violentas, los diputados de oposición fueron objeto de agresiones y despojados arbitrariamente de sus facultades para participar en los debates parlamentarios de la Asamblea Nacional. En una sesión del 16 de abril en la que se discutía la controversia electoral, el diputado William Dávila y otros diputados de oposición, resultaron lesionados físicamente. En esa misma sesión, Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, suprimió el derecho de palabra de todos aquellos diputados que no reconocieran a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, diciendo[29]:

“Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como Presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea Presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro (…). Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo (…) el muro de contención de esta revolución se llamaba Hugo Chávez, y solo el pensamiento y la inspiración del Comandante Chávez, nos tiene a nosotros frenados (…). Ustedes asesinaron ayer a 7 venezolanos (…) por las órdenes del candidato fascista Henrique Capriles Radonski…”. La misma actitud se replicó en Consejos Legislativos de otros estados del país.

El 17 de abril, también por órdenes del Presidente de la AN, los diputados de oposición fuerondestituidos de sus cargos de presidentes o vicepresidentes de comisiones parlamentarias, y el 26 de abril se les suspendió el sueldo. Este día, el diputado Dávila, declaró: “Es el comienzo de acabar por competo con la autonomía del poder legislativo…”. Asimismo, otros diputados de oposición del parlamento denunciaron la situación como un “golpe” a la Constitución por tratar de expulsarlos del parlamento:

El diputado Eduardo Gómez Sigala: “Estamos frente a la disolución del estado de derecho, frente a un golpe de facto en la Asamblea avalado por el señor Maduro, que lo que hace es añadir mayor ilegitimidad en este país”.

El diputado Alfredo Ramos: “Esto coloca al Gobierno nacional y al Partido Socialista Unido de Venezuela prácticamente en la raya amarilla del cumplimiento de los principios democráticos. En la práctica eso sería una especie de ‘golpe constitucional’ si finalmente se ejecuta esta política antidemocrática”.

La diputada Nora Bracho: “El hecho de que quiera sacarnos del trabajo se deriva de su deseo de desintegrar el cuerpo legislativo, y esto implica un golpe seco a lo que establece la Constitución, es un golpe de Estado al país”.

La situación llegó a extremos mayores de violencia en la sesión del 30 de abril.  Después de esperar tres horas para iniciar la sesión, debido a que los diputados oficialistas sostenían una reunión privada, varios diputados de oposición fueron golpeados y heridos, luego de que realizaran una protesta dentro del hemiciclo por ser nuevamente negado el ejercicio de su derecho de palabra, por el Presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Al exhibir una pancarta y tocar pitos y cornetas, diputados del oficialismo los atacaron físicamente y se cerraron las puertas de salida del hemiciclo, mientras que el Presidente de la AN observó la escena sin intervenir para impedir las agresiones. Al día siguiente, 1 de mayo, en cadena nacional, el Presidente Maduro definió lo ocurrido como actos de violencia generados por un plan de provocación de los diputados del “fascismo”, sobre lo cual indicó que esa noche se mostraría, a través de otra cadena nacional, unvideo comprobatorio.

Por otra parte, desde el 18 de abril comenzaron a presentarse denuncias sobre despidos en ministerios, empresas del Estado y gobernaciones, como actos de discriminación laboral por razones políticas, en represalia contra quienes no votaron por la opción del candidato Nicolás Maduro. El Director del Instituto Regional de Deportes del estado Zulia, Leonet Cabezas, en reunión con sus trabajadores, expresó “Los vamos a botar, para que lo sepan, para que estén bien claros (…) porque yo soy chavista, socialista…”. En las gobernaciones se hicieron denuncias de despido en estados como Miranda y Nueva Esparta. En las empresas de Guayana, trabajadores afectos al oficialismo propusieron retomar la “Lista Tascón”[30] para hacer “limpieza” de militantes de otros partidos. En Caracas, el Ministro de Vivienda, Ricardo Molina, decretó “cero beligerancia” con los empleados contrarios a la revolución: “Al personal de nuestras instituciones que están en la acera del frente ¡cero beligerancia! (…). No acepto militantes de partidos fascistas. Pues renuncie, si no renuncia yo mismo lo voy a botar. No vamos a permitir ese tipo de cosas, a mí me importa y se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dice la norma laboral…”. Esta declaración y otras 4.000 denuncias de despido por motivos políticos, fueron consignadas el 25 de abril al Consejo Moral Republicano[31][1], por el dirigente Leopoldo López del Partido Voluntad Popular.

Difamación de defensores de derechos humanos

Todas las autoridades de Estado que realizaron declaraciones públicas los días 15 y 16 de abril, reportaron ataques violentos de manifestantes que provocaron la quema y la destrucción de unos 23 centros de salud de la Misión Barrio Adentro en los estados Zulia, Carabobo, Barinas y Miranda, urbanizaciones de la Misión Gran Vivienda Venezuela y varias casas del PSUV, así como el asesinato de entre 7 y 9 activistas del proyecto oficialista, a manos de supuestos seguidores del candidato Capriles. Acerca de estos hechos, se difundieron fotos, videos y testimonios a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, cadena nacional y ruedas de prensa de la Defensora del Pueblo, laFiscal General de la República y el Ministro de Información y Comunicación, aseverando que todos los casos habían sido documentados y que existían suficientes evidencias comprobatorias para identificar a los responsables materiales e intelectuales.

No obstante, a medida que pasaban los días, vecinos, personal de los centros, familiares y testigos daban información que contradecía la ofrecida por el Estado. Ante esta situación, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), con el mandato de defender los derechos económicos, sociales y culturales, realizó una investigación acerca de las condiciones de los CDI a través de datos, testimonios e imágenes publicados en medios oficiales y su verificación en campo, con apoyo de testigos y pruebas fotográficas. PROVEA constató que la información oficial sobre los ataques y daños físicos a los CDI no era cierta. Ninguno de los CDI había sido quemado ni destruido, y las acciones de manifestación consistieron en tocar cacerolas, lanzar piedras y en un caso explotar un cohetón. De estas indagaciones se elaboró una nota, publicada y difundida el 18 de abril a través del sitio web de PROVEA corroborando la falsedad de los reportes estatales y en la cual se reiteraba el rechazo a cualquier tipo de agresión o actos de violencia.

Debido a la publicación de esta nota, el Ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas, se comunicó con PROVEA el 19 de abril solicitando una rectificación, dado que el gobierno tenía “suficiente documentación” sobre las agresiones que se habían cometido. PROVEA, por su parte, dijo estar dispuesta a ampliar la información en caso de verificar las pruebas que el Ministro suministrara, las cuales nunca llegaron. Por el contrario, horas después, el Ministro difundió vía twitter una serie de calificativos difamatorios contra PROVEA, modificando el contenido de las denuncias oficiales sobre centros quemados o destruidos y de la documentación probatoria que se decía tener:

“Medios y ONG se unen para hacerse cómplices del acoso a médicos y pacientes asediadospor las cacerolas, pistoleros y arrolladores al volante. Provea antepone su antichavismo a la obligación de defender los DDHH de las víctimas de la intolerancia. Provea promueve el negacionismo en relación con la violencia desatada tras el desconocimiento del resultado electoral por parte de Capriles. Haremos el trabajo que no quiso hacer Provea: recopilar y divulgar testimonios de las víctimas de agresiones en CDI y demás sitios atacados. Es la misma conducta de los medios el 11A: invisibilizan a las víctimas, o las trastocan en victimarios, para cohonestar el golpe. En la rueda de prensa que Provea/Globovisión utilizanpara tapar agresiones dije que CDI ´fueron objeto de diversos tipos de agresiones´. Una ONG supuestamente defensora de DDHH debió buscar testimonios de víctimas de agresiones 15D, en vez de prestarse para exculpar fascistas. Lástima que Provea actúe como retaguardia del fascismo, certificando que ´no hay pruebas´ de los desmanes de bandas que atacaron al pueblo”.

El Ministro de Información y Comunicación anunció por los medios públicos que proponía a PROVEA un derecho a réplica en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). PROVEA envió comunicación formal al Ministro el 25 de abril en la cual “aceptó el derecho a réplica bajo las condiciones que implica ejercer este derecho y en concordancia con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. A través de comunicación oficial, el Ministro ratificó su acusación contra PROVEA como organización que protege a los sectores de derecha, difundida por twitter, para lo cual apeló a su derecho de “libertad de expresión”, olvidando sus obligaciones y responsabilidades como funcionario.

El 20 de abril, la Defensora del Pueblo en rueda de prensa, exhortó a las organizaciones de derechos humanos a “actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos”. Dijo sorprenderse al conocer el informe de desmentido de PROVEA y definió como una situación grave “que una ONG se dedique, en lugar de corroborar las denuncias tan graves como es el ataque a un centro de salud, ellos se dedicaron a desmentir las denuncias de los ataques a los centros de salud (…) actuando en contravención de sus propios principios como organización de derechos humanos”. Al respecto hizo un llamado a PROVEA a “revisar sus mecanismos de investigación” ya que, según su visión e ignorando lo que la misma nota de PROVEA señala, “son sólo hemerográficos”. Recordó también que la Fiscal General ya se había pronunciado y que se estaba realizando una investigación rigurosa sobre todos los hechos de violencia, a consecuencia de la rueda de prensa que dio el candidato derrotado. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, en su artículo “15A: El Rostro del Odio” del 22 de abril, acusó a PROVEA de “ocultar y proteger la violencia fascista”:

“Los medios privados salen presurosos a lavarle la cara al fascismo. Eso los hace cómplices de la intolerancia y de los crímenes políticos. Pero también PROVEA, otrora valiente organización de derechos humanos, forma parte de la lavandería de los violentos. ´No hay CDI quemados´, se pronunciaron diligentes sus voceros. ¿Qué esperaban, encontrarlos quemados con las personas adentro? Gracias a la valiente defensa popular, no hubo mayores daños que lamentar.Para PROVEA, no existen los muertos, no se preocuparon por visitar a los familiares, ni a los heridos. Tampoco existieron las sedes del partido quemadas, ni mucho menos oyeron, ni tuvieron nada que decir sobre el verbo intolerante del ex candidato opositor. Qué pena por nuestro pueblo, que perdió un patrimonio de la defensa de los derechos humanos. PROVEA, hoy se dedica a ocultar la violencia fascista. Qué lástima. Julio Borges, fascista ultramontano y político de utilería, decretó ´llegó la hora de la muerte de la revolución´. La revolución no murió, ni morirá, pero si murieron 8 hombres y mujeres humildes del pueblo y decenas están heridos. Peroa él, también los medios privados y PROVEA lo protegen”.

En la misma línea de usar los medios del Estado para desacreditar a defensores de derechos humanos, el Ministerio de Información y Comunicación publicó el 22 de abril un comunicado firmado por 32 personas, identificadas como ex activistas de derechos humanos, muchas de las cuales actualmente ocupan cargos públicos y defienden la perspectiva política del gobierno –lo cual no especificaron en el comunicado-, con la intención de desmentir y cuestionar la imparcialidad de los defensores y organizaciones de derechos humanos integrantes de la coalición del Foro Por la Vida. Este documento fue divulgado por medios públicos, como respuesta al Pronunciamiento del 16 de abril del Foro por La Vida y organizaciones miembros, y una Carta Abierta enviada el 17 de abril a las organizaciones de derechos humanos de América Latina[32]. Uno de estos activistas, ofreció una entrevista al diario estatal Ciudad Caracas el 24 de abril, en la que afirmó que “prácticamente el 100% de los empleados y directivos del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), son miembros activos de la oposición”. Señaló también que “la posición de Provea coincide con la del Foro por la Vida, porque forman parte de una estrategia de la oposición para desconocer el resultado de las elecciones y legitimar el conflicto político posterior”.

Conclusiones

La ausencia de diálogo y la falta de disposición por parte de las autoridades del Estado para encontrar una solución pacífica a la controversia electoral, en el marco de la Constitución y de las leyes, han generado una crisis política que puede afectar gravemente la vigencia de los derechos humanos y la convivencia democrática en Venezuela. En este contexto, en el que está en cuestionamiento la legitimidad de las actuaciones de gobierno y se han producido graves violaciones de los derechos humanos, criminalizando el derecho de los ciudadanos a solicitar la revisión de los resultados electorales bajo acusaciones de intento de golpe de estado, es preciso y urgente:

1. Unir todos los esfuerzos necesarios -institucionales y sociales, públicos y privados, nacionales e internacionales-, para exigir la aplicación de métodos democráticos y pacíficos, transparentes e imparciales, que permitan construir una solución efectiva a la controversia electoral, así como para derogar cualquier medida o decisión que constituya una amenaza u obstáculo para el libre ejercicio de todos los derechos y libertades, mientras se dirime la controversia, responsabilidad del Estado dentro de sus obligaciones Constitucionales y en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.
2. Poner en práctica iniciativas de mediación, cívicas, pacíficas y democráticas, que contribuyan a persuadir a los actores políticos sobre la necesidad del reconocimiento y respeto mutuo, del diálogo abierto y de la declinación de cualquier forma de estigmatización o uso de la fuerza, para evitar y contener todo tipo de hecho violento por motivaciones políticas, con el fin de restituir la convivencia y la plena vigencia de los derechos humanos, en el marco de un estado democrático y social, de derecho y de justicia.

En este sentido, es preciso recordar que:

1. Es obligación indeclinable de quienes ejercen funciones públicas, independientemente de su pensamiento, competencia y jerarquía, garantizar los mecanismos necesarios para el entendimiento, la convivencia y la seguridad de todos los venezolanos, sin discriminación alguna. Los funcionarios del Estado son responsables de la violación de derechos humanos cuando sus actos implican la estigmatización, discriminación, instigación al odio, criminalización y el uso de la violencia física o psicológica contra personas, grupos de personas o sectores de la sociedad.
2. Las prácticas estatales de discriminación, incitación a la violencia, uso desproporcionado de la fuerza y acoso judicial contra ciudadanos y organizaciones por el hecho de disentir, reunirse libremente en espacios públicos o privados, asociarse con fines políticos o sociales, reclamar o exigir derechos y ejercer la protesta pacífica, constituyen actos de violación de los derechos humanos que revelan un grave deterioro del carácter democrático de los gobernantes y de la actuación legítima de los entes del Estado, y ponen en riesgo la convivencia y la paz social.
3. La labor de los defensores y organizaciones de derechos humanos, que conlleva investigar, documentar e informar, así como asistir a toda persona por actos de restricción o violación de derechos humanos, es en sí misma un derecho humano protegido, así como un deber de todo ciudadano, tal como lo establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Declaración sobre el derecho y el deber de promover y procurar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo tanto, las conductas estatales que intentan desacreditar e intimidar a defensores u organizaciones de derechos humanos, a través de la difamación, la amenaza o el hostigamiento, son consideradas en sí mismas como acciones contra los derechos humanos dirigidas a generar o encubrir violaciones, que activan los mecanismos de protección internacionales.