(Maracaibo, 04.06.2019. Codhez). Este Boletín de mayo 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia se centra en las fallas en el servicio eléctrico, que han alterado de modo grave la cotidianidad de quienes habitan en la región, la más poblada del país, en todos los ámbitos, y en específico, en el derecho a un nivel de vida adecuado, las libertades de información y comunicación, el acceso a alimentos y agua potable, y los servicios de educación y salud.
Estas fallas, ya comunes desde hace una década, se han intensificado en el devenir de los años, sin que el Estado venezolano haya tomado medidas eficientes para resolverlas, ni tampoco para moderar o prevenir los daños que resultan de las deficiencias en el servicio.
Durante estos primeros cinco meses3 de 2019 la crisis empeoró durante marzo y abril cuando ocurrieron los apagones nacionales, mientras que en mayo, ante la fallas en la generación y transmisión de electricidad, la región ha estado sometida a un plan de administración de cargas que —según el gobierno regional— consiste en la provisión diaria de servicio por doce horas, en bloques de seis horas con electricidad seguidas de otras seis sin electricidad, y que es diferente al plan de tres horas diarias sin servicio eléctrico que se anunció para el resto del país a principios de abril.
No obstante, la ejecución del plan ha resultado irregular, no solo porque es variable la cantidad de horas, sino porque el servicio es deficiente, debido a las constantes alteraciones de voltaje.
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