(Maracaibo, 21.05.2020. Codhez). La precariedad de las condiciones de vida en el Zulia, el fenómeno hiperinflacionario y el aumento de la violencia policial son algunas de las situaciones que ensombrecen el panorama de los derechos humanos en el Zulia.
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó este jueves su informe anual 2019 relativo a la Situación General de los Derechos Humanos en la región, así como el estudio final de la Seguridad Alimentaria en Maracaibo realizado el año pasado.
El informe documenta por capítulos los hechos en el Zulia que involucran la vulneración de las libertades personales y debido proceso, derecho a la vida, integridad y seguridad ciudadana, la emergencia humanitaria compleja, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.
Caos en servicios públicos
Para Codhez, la crisis en la prestación de servicios públicos en el Zulia se hizo crónica durante 2019, sobre todo en el caso de la electricidad y el agua potable. En el transcurso del año se registraron múltiples apagones generales, siendo el primer apagón nacional del 7 de marzo el más prolongado de todos, que mantuvo a la región sin electricidad por 101 horas en promedio.
A su vez, el limitado acceso al agua en el Zulia se agrava por la crisis eléctrica. Los zulianos se ven obligados a buscar y acarrear agua desde tomas ubicadas en calles, plazas o cañadas, o comprar agua suministrada por camiones cisternas a precios pagados en dólares.
El deterioro de las condiciones de vida en el Zulia se desarrolló en un escenario de censura a la prensa, instrumentada no solo a través de una política expresa de amedrentamiento y persecución contra algunos periodistas, sino también mediante allanamientos y cierres de medios de comunicación.
Crece la dependencia de los hogares para poder comer
En su informe de seguridad alimentaria, Codhez destaca que el alto costo de los alimentos sigue siendo uno de los impedimentos para acceder a una alimentación adecuada en los hogares marabinos. A la vuelta de un año, la variación de precios de los 21 alimentos de la canasta básica monitoreados por Codhez, aumentaron, en promedio +6.763%.
Durante el período enero 2019 – enero 2020, el precio de la carne de pollo se incrementó, en promedio, en +4.102%, el de la carne de res +4.019%, y el de los granos +10.726%.
Este estudio evidencia que el ingreso de los hogares en Maracaibo es insuficiente para comprar alimentos, por lo que la ayuda de los familiares fuera del país es importante para el sostén de muchas familias: 5 de cada 10 recibe ayuda mensual de sus familiares en el exterior, y 4 de cada 10 percibe entre USD 11 y 50 cada mes.
La dependencia de las familias, al no ser capaces de alimentarse por sí mismas, evidencia la situación de inseguridad alimentaria de gran cantidad de hogares marabinos que no tienen acceso a una alimentación adecuada y nutritiva. En 7 de cada 10 hogares niñas, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable, comieron menos de lo debido, y tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos.
En el estudio realizado por Codhez, la inseguridad alimentaria es una situación presente en todas las parroquias de Maracaibo. Las parroquias Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero, Caracciolo Parra Pérez, Manuel Dagnino, Bolívar, San Isidro, Luis Hurtado Higuera y Venancio Pulgar son las que presentan los niveles de inseguridad alimentaria agua y moderada más altos de la ciudad.
Mientras tanto, los programas de asistencia económica del Estado venezolano han demostrado ser insu?cientes, pues no aportan, en el mejor de los casos, más allá de USD 8 al mes. Otro de los datos que devela este informe es la inviabilidad del programa CLAP. Según la encuesta, ningún hogar la recibió cada mes durante 2019, y mucho menos, cada quincena que se supone es la frecuencia de distribución de las cajas subsidiadas de alimentos.
Violencia policial
La violación al derecho a la vida fue sistemática. El creciente número de muertes ocasionadas por funcionarios de seguridad del Estado venezolano da cuenta de una política de ejecuciones extrajudiciales que ya ha sido alertada por organismos internacionales.
Durante 2019, en el Zulia fueron asesinadas 657 personas por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en 497 hechos de violencia, entre ellos, 491 en supuestos enfrentamientos. En 2018 esta cifra fue de 279 personas, es decir, a la vuelta un año el número registrado de muertes ocasionadas por la policía ha aumentado 135,48%.
El promedio de edad de las muertes registradas por violencia policial es mayor en los jóvenes de 20 a 25 años de edad en la data manejada por Codhez, una situación que se asemeja a patrones evidenciados en otros estados de Venezuela. En el primer semestre correspondieron a 18,33% de los casos, mientras que en el segundo semestre representaron 29,08% de ellos.
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), cuya disolución fue solicitada expresamente por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son el segundo órgano policial que acumula más acciones violentas en la región (18,47%), siendo superado por el CICPC que estuvo presente en 20,88% de los hechos violentos.
La crisis de derechos humanos es estructural
En esta memoria la organización reitera que la crisis de derechos humanos en Venezuela tiene carácter estructural, ocasionado por el quebrantamiento del orden constitucional y democrático que ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja sin precedentes.
Codhez exhorta al Estado venezolano cesar su política de ejecuciones extrajudiciales, investigar y sancionar a los responsables por la violación a los derechos humanos en el diseño y la ejecución de operaciones de seguridad ciudadana e indemnizar a las víctimas.
A su vez, se sostiene el llamado a las instancias de protección de los derechos humanos en especifico, a aquellas dedicadas al derecho a la alimentación para que examinen la situación de este derecho en Venezuela e intercedan para restituir su pronta garantía.
