(Washington, D.C, 23.03.2019. CIDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2018 ante el Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 59 de su Reglamento. El Informe compila la riqueza del trabajo realizado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y exhibe los resultados más relevantes alcanzados durante el año. El informe anual es una herramienta de rendición de cuentas, así como uno de los instrumentos principales de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, y de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en informes de casos, de país y temáticos.

“Gracias a la decisión de los Estados miembros de fortalecer las capacidades de los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aumentando su presupuesto, y al compromiso y dedicación del personal de su Secretaría Ejecutiva, la CIDH ha logrado consolidarse y reposicionarse en la región a través de la obtención de logros y resultados inéditos en su historia”, indica la CIDH en su Informe Anual.

“Durante este año la CIDH ha avanzado significativamente en el cumplimiento de las metas y objetivos definidos en el Plan Estratégico. Entre estos logros se destacan principalmente los avances registrados en la superación del atraso procesal y el desarrollo de nuevos estándares en el sistema de casos; el aumento de la cobertura de monitoreo; y el incremento de actividades de cooperación técnica y promoción, así como el refuerzo de sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de recomendaciones emitidas a través de diferentes instrumentos. Estos esfuerzos intentan responder a demandas históricas de los Estados de la región: más equilibrio entre las relatorías temáticas y más coordinación entre los 3 mandatos de la CIDH”, agrega.

Durante 2018, la CIDH ha observado una serie de progresos en los Estados Miembros de la OEA en materia de derechos humanos. En particular, la CIDH ha constatado una serie de medidas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad de derechos humanos, como lo son la creación de una serie de nuevos espacios institucionales para la promoción y protección de derechos humanos. También, este año se ha caracterizado por el fortalecimiento de la participación democrática de grupos históricamente discriminados, tanto en el ejercicio del derecho al voto como en la participación de cargos públicos por parte de personas y poblaciones históricamente discriminadas, como se deja constancia en la presente informe. Asimismo, es de destacar que en el entendido de que las políticas públicas con enfoque en derechos humanos son el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa, con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, la CIDH considera que resulta relevante destacar las iniciativas estatales de mayor relevancia al respecto. En efecto, corresponde mencionar a los esfuerzos estatales para la formulación e implementación de planes nacionales en varios estados de Región, así como a la adopción de importantes medidas en materia de igualdad y no discriminación; participación social; verdad justicia y reparación; acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas; protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, en particular con respecto a personas y poblaciones migrantes y para la inclusión de la perspectiva de género y diversidad. La Comisión reconoce esos esfuerzos e insta a los Estados a continuar formulado y aplicando políticas públicas atendiendo las recomendaciones de los órganos del SIDH y a difundir este enfoque en todas las instituciones del Estado y en la sociedad en su conjunto. La CIDH se pone a disposición de los Estados para prestar la cooperación técnica que se requiera para alcanzar esos propósitos.

Con relación a Venezuela, la CIDH decidió incorporar al país en el Capítulo IV.B. por considerar que se enmarca en lo establecido en el inciso 6.a.i., que establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en dicho capítulo la existencia de “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos”, entre ellos: “si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”. Adicionalmente, se consideró que se enmarca en el inciso 6.b., que establece como factor de inclusión en este capítulo “la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de la imposición de medidas excepcionales tales como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías constitucionales, o medidas excepcionales de seguridad”. De igual manera, la CIDH consideró que la situación en Venezuela se enmarca en lo establecido en el inciso 6.d.: “la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables”, particularmente por lo establecido en los siguientes incisos: “i. graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos” y “iii. omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana”.

De esta manera, la CIDH observó que persisten en Venezuela situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los y las venezolanos/as y que ha derivado en una grave crisis política, social, y económica; y concluye que la agudización de esta crítica situación ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho.

La CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los Estados miembros y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, al Secretario General de la OEA, Luis Almagro y su equipo, así como al equipo de su Secretaria Ejecutiva por todo el apoyo prestado para alcanzar los logros inéditos en su historia, presentados en su Informe Anual 2018. La Comisión agradece a los Estados el fortalecimiento de la CIDH a través de la implementación del incremento del fondo regular. También agradece a los países miembros, observadores y donantes cuyas contribuciones voluntarias han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados: Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suecia, Suiza, Unión Europea y Uruguay así como otras organizaciones como ACNUR, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), la Fundación Aldeas Infantiles, la Fundación Freedom House, la Fundación Ford y Google.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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