(Caracas, 19.02.2019. Cepaz). En la actualidad, una de las crisis migratorias en la región americana se ha originado por un éxodo masivo de personas venezolanas que ha despertado las alertas de los países de la región y de otras partes del mundo. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el mes de noviembre de 2018, la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo había alcanzado los tres millones.La mayoría absoluta se concentra en los países de América del Sur, con Colombia en primer lugar, ya que es el país con el mayor número de personas venezolanas refugiadas y migrantes, con una cifra mayor al millón de personas.
En ese sentido, el presente documento pone a consideración del Comité información en relación con asuntos presentados por el Estado colombiano en su Noveno informe periódico sobre la implementación de la Convención al Comité, en lo relativo a las acciones del Estado para enfrentar la trata de personas, en particular en el contexto migratorio. Adicionalmente, este informe se referirá a los temas abordados por el Estado en sus respuestasal listado de cuestiones y preguntas relativas al noveno informe, realizadas por el Comité,en relación conlos temas vinculados a dicha problemática.
El informe Mujeres al límite muestra un detallado análisis sobre cómo las carencias en el área de salud (en particular salud sexual y reproductiva) y alimentación en el marco de la crisis actual, exacerbadas además por el alarmante aumento de la pobreza y la pobreza extrema, está teniendo un impacto mayor en las mujeres. Todo ello ha tenido igualmente incidencia en el incremento de las tasas de mortalidad materna y embarazo entre adolescentes. En efecto, para las mujeres embarazadas en Venezuela el sistema de salud es prácticamente inexistente ya que no consiguen vacunas, medicamentos, productos de primera necesidad y no pueden acceder a controles o vacunas prenatales para recién nacidos. Asimismo, existen reportes que indican que la importación de anticonceptivos del 2012 al 2017 pasó de 326 toneladas a 23 lo que ha afectado directamente casi a 10 millones de mujeres venezolanas. Aún en los casos en que se consiguen anticonceptivos en Venezuela, debido a la grave crisis económica, las mujeres no pueden pagarlos2. Esta situación ha sido igualmente denunciada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas3. Es así como las mujeres y niñas que migran a Colombia atraviesan usualmente situaciones de pobreza extrema, desnutrición y falta de acceso a servicios desalud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de salud materna.
Otro elemento de riesgo son los factores estructurales asociados a la exclusión económica, política y social en la que sobrevive la mayoría de la población en la región y constituyen los principales factores de expulsión de la migración, y que predisponen a la población migrante a asumir los riesgos del camino y afrontar innumerables amenazas. La feminización de la pobreza ha contribuido a la feminización de la migración. Las mujeres salen del país en búsqueda de un futuro mejor, no sólo por la situación económica y falta de oportunidades laborales, sino también por la suma de los factores de riesgo y de violencia en las comunidades de origen que estructuran una situación de especial vulnerabilidad para las mujeres6. En Venezuela, no estágarantizada una vida libre de violencia para las mujeres, pese a que se cuenta con una norma jurídica y una institucionalidad creada para tales fines, por lo que la violencia sexual, la violencia doméstica o de pareja y el riesgo de femicidio en el que se encuentran muchas mujeres es otro factor de riesgo, ya que las mujeres pueden tomar la decisión de migrar como única vía posible para escapar de la violencia.
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