(Caracas, 31.05.2022. Cecodap). Niñez desprotegida

Trapani señaló que, entre el total de personas atendidas por el SAJ, 270 eran niños, niñas y adolescentes, lo cual representa un incremento de 37%, en  relación al año anterior (102 niños, niñas y adolescentes más con relación al año anterior).

“La integridad personal, familia e instituciones familiares y educación comprenden los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados, en el periodo documentado por el SAJ.  También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores. Están a la deriva resolviendo como pueden y cuando pueden. Aun cuando reconocen que tienen fallas y que hay presencia en la familia de violencia, no saben a dónde acudir para cambiar esa realidad”, explicó Trapani.

El SAJ documento, en 811 consultas, que:

– 32,44% de las solicitudes estaban relacionadas a al derecho a la integridad

– 28,72% sobre el derecho a una familia. Esto está relacionado a instituciones y convivencia familiar

– 13,29% sobre el derecho a la educación vinculados a discriminación, calidad y prosecución escolar.

– 6,28% de las orientaciones eran sobre violencia basada en género. Destaca que en estos casos es la madre la principal víctima de violencia física y psicológica.

– 5,31% eran sobre el derecho al libre tránsito y migración

– 4,25% estuvo relacionado al derecho a la identidad, con énfasis a los obstáculos para tramitar las partidas de nacimiento y cédulas de identidad.

Sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, relacionado a casos de negligencia por parte de la madres, padre o familiares cuidadores, así como a la manutención de los niños y en contextos de pobreza, representaron 2,65% de las solicitudes tomadas.

“2,12% de las solicitudes tuvieron que ver con el derecho a la salud. Eran situaciones vinculadas a tratamientos médicos (psicológicos, psiquiátricos y de salud física). Finalmente, un 4,78%  de nuestras solicitudes vulneraron los derechos de protección relacionados a permisos de trabajo, medidas de protección, conflictos vecinales y privación de libertad de adolescentes”, puntualizó Trapani.

En cuanto a los casos de integridad personal, el equipo del SAJ detalló que 24,59% de los casos están relacionados a abuso sexual, seguidos de maltrato (22,90%), violencia física (18,03%), acoso escolar (13,11%) y castigo físico (11,47%). “De los datos analizados el 8,19%%corresponde a situaciones de riesgo generadas por el propio adolescente (adicciones, conducta impropia y fugarse de la casa). Además, en comparación al año pasado se recibieron 27,08% más solicitudes con relación al periodo anterior”, enfatizó Trapani.

Angela Villafranca, abogada adjunta del SAP, explicó que se evidencia que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes. “También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores para que puedan ejercer sus responsabilidades de crianza de forma compatible con la dignidad”, explicó durante la ronda de preguntas.

En cuanto al derecho a la educación, Villafranca refirió que evidencian situaciones en donde los adolescentes son privados de su derecho a la educación, debido a que sus padres no cubren todas sus matrículas escolares. “Se recibieron 25 solicitudes, al caracterizar los hechos que generan la amenaza o vulneración encontramos:  12 solicitudes por casos de discriminación por falta de pagos en las instituciones privadas, a los alumnos les restringieron el acceso a sus notas, a la presentación de exámenes y en algunos casos no se les permitían acuerdos de pago con los representantes”, sostuvo.

Recomendaciones

Trapani enfatizó la necesidad de tener datos que muestren los problemas de los niños, niñas y adolescentes. «No podemos ir a ciegas. Aún persiste la ausencia de datos oficiales, políticas públicas sin enfoque basados en los derechos del niño, incumplimiento o desconocimientos del marco jurídico que reconoce para la protección de los niños, inexistentes programas y servicios constituyen algunas de las problemáticas históricas que afectan la efectividad y protección a los derechos de los niños”, apuntó.

Como parte del informe, el Servicio de Atención Jurídica dejó una serie de recomendaciones al Estado venezolano para visibilizar, prevenir, denunciar y garantizar procesos efectivos en la reparación de los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos hayan sido vulnerados:

  1. Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La lógica para la protección de los derechos de la niñez y adolescentes es evitar llegar a una situación de amenazas o violación a través de la implementación de políticas sociales básicas.
  2. Priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Existen un conjunto de necesidades jurídicas y de protección que requieren respuestas institucionales expeditas, efectivas y de calidad.
  3. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es urgente. Implementar una lógica de articulación entre organismos de Estado y la sociedad civil para la protección a los derechos de los niños.
  4. Disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un sistema único de registro de casos permite caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a los derechos de los niños y priorizar acciones de prevención y atención.
  5. Impulsar campañas informativas permanentes y con calidad sobre los distintos espacios, oportunidades, formas para reportar y denunciar situaciones de amenaza y violación a los derechos de los niños.
  6. Priorizar los servicios de protección para los niños en el interior del país y atender las necesidades jurídicas y de atención psicosocial en zonas más alejadas de las capitales de estado.
  7. Reconocer y apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas y servicios de protección para los niños, niñas y adolescentes. Evitar todo intento de criminalización, estigmatización o amenazas por parte del Estado al trabajo que sea desarrollado por las organizaciones de la sociedad.
  8. Recomendamos a las familias a denunciar las situaciones de violencia contra los niños niñas y adolescentes.

 

Fuente Oficial: Cecodap