(Dublín, 07.01.2019. Front Line Defenders) En 2018, 321 personas defensoras en 27 países fueron asesinadas por su trabajo, el número más alto jamás registrado, según los datos recopilados por Front Line Defenders. Más de tres cuartas partes de estos, el 77% del número total de activistas asesinados/as, defendían derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas, a menudo en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados.

Front Line Defenders denuncia que los asesinatos de personas defensoras no fueron eventos aislados, sino que fueron precedidos por hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos. Al menos el 49% de las personas asesinadas había recibido previamente una amenaza de muerte personal, y en un 43% adicional de los asesinatos hubo amenazas generalizadas contra personas o grupos defensores de derechos humanos en la mismo área. En la gran mayoría de los casos, las personas defensoras no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde que denunciaron las amenazas hasta el momento en que fueron asesinadas.

“Los estándares de derechos humanos están siendo desafiados en todo el mundo. Es más importante que nunca que los gobiernos que valoran los derechos humanos presten apoyo explícito, práctico y financiero al trabajo de estos/as activistas pacíficos/as que luchan contra la actual marea de xenofobia, racismo, homofobia, misoginia y degradación ambiental,” dice Ed O’Donovan, Director de Protección de Front Line Defenders.

De acuerdo con el Análisis Global 2018 de Front Line Defenders, las defensoras de derechos humanos, además de ser objeto de las mismas amenazas que sus colegas varones, enfrentan ataques de género y sexualizados por parte de actores estatales y no estatales, así como dentro de los propios movimientos de derechos humanos. Tales violaciones incluyen excluirlas de cargos públicos o de alto rango en ONG, sindicatos y asociaciones políticas; campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias; agresiones sexuales y violaciones; violencia por parte de fuerzas militares; y el hostigamiento y la persecución de sus hijos/as. En Arabia Saudita, las autoridades arrestaron, agredieron sexualmente y torturaron a las defensoras de derechos humanos que lideraron la exitosa campaña por la abolición de la prohibición de conducir en 2018. A pesar de estos ataques y las continuas amenazas con el fin de silenciarlas, las defensoras de derechos humanos en Arabia Saudita, así como sus familiares, han denunciado públicamente y condenado los abusos y están recibiendo una visibilidad nacional, regional e internacional sin precedentes por su activismo.

Además de los prevalentes ataques físicos y la tortura, el Análisis Global 2018 de Front Line Defenders destaca la tendencia continua hacia una legislación restrictiva dirigida a sofocar el poderoso trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo:

  • Una Ley de Seguridad Digital en Bangladesh que conlleva penas de 14 años de prisión por usar medios digitales para “causar daños al Estado”;
  • Legislación regresiva en la provincia de Xinjiang, China, que legaliza el uso de campos de “reeducación” para la población minoritaria uigur, incluidas los y las defensoras;
  • Legislación antiterrorista en Nicaragua, que amplía la definición de terrorismo para incluir a acusados/as ​​de dañar propiedades, resultando en decenas de arrestos de manifestantes que ahora enfrentan cargos de terrorismo y 20 años de prisión.

El equipo de Protección Digital de Front Line Defenders respondió a una gran cantidad de denuncias en Brasil, Egipto, Guatemala, Honduras, Irak, México, Nicaragua y Venezuela en 2018. Según el Análisis Global, las autoridades de todo el mundo utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y a través de correo electrónico contra defensores/as LGBTI+, defensoras de derechos humanos y activistas ambientales en particular. El informe señala que en Tanzania, Pakistán, Rusia, Malasia, Nicaragua, Turquía y muchos países de MENA, los gobiernos afirmaron que las personas defensoras estaban amenazando la “seguridad nacional” como excusa para censurar y bloquear los sitios web de organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de los graves riesgos, incluso a sus vidas, que enfrentan las personas defensoras, el Análisis Global 2018 destaca una serie de éxitos importantes logrados por los y las defensoras de derechos humanos en 2018, como por ejemplo:

  • El papel fundamental y principal desempeñado por los/as defensores/as en la consecución del Acuerdo de Escazú, ahora firmado por 24 estados de América Latina y el Caribe, que estipula un enfoque participativo de los proyectos ambientales y la mitigación de conflictos;
  • El voto masivo por los derechos reproductivos en Irlanda, asegurado a través de una extensa campaña de décadas de defensoras de derechos humanos irlandesas a pesar de la difamación, campañas de desprestigio y amenazas que enfrentaron;
  • La Coalición de Mujeres Líderes por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en la República Democrática del Congo (RDC), quienes llevaron a cabo una exitosa campaña por un decreto provincial en Equateur que protege los derechos de las mujeres a la tierra y los bosques.

En respuesta a los ataques contra los/as defensores/as de derechos humanos en 2018, Front Line Defenders trabaja directamente con defensores/as de derechos humanos para promover su seguridad con una gama de programas de protección. Estos incluyen capacitaciones en gestión de riesgos y protección digital, incidencia a nivel nacional, internacional y de la UE, reubicación de emergencia y subvenciones para gastos de protección. Front Line Defenders otorgó casi 550 subvenciones de protección a activistas en riesgo en 2018. Front Line Defenders también trabaja con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos para diseñar campañas de visibilidad que contrarresten las campañas de difamación y desprestigio que las ponen en riesgo.

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