(Caracas, 20.09.2018. Amnistía Internacional). Amnistía Internacional pudo determinar que el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas, en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales. Además, Amnistía Internacional pudo identificar que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano, terminan por criminalizar socialmente la pobreza.
Esta investigación fue llevada a cabo en un contexto en el que el rápido deterioro del goce y disfrute de los derechos humanos en Venezuela abarca desde la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud y a la alimentación, hasta el respeto y la garantía de los derechos civiles y políticos,tales como la libertad de expresión y el derecho a no ser sometido a torturas u otros tratos crueles, entre otros.
La situación de violencia entre particulares pone a Venezuela en una posición alarmante. Lo coloca entre los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el 2017, por encima de países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil. Estos índices de homicidios, cometidos principalmente con armas de fuego, se concentran en zonas urbanas de alta exclusión social, y afectan principalmente a hombres jóvenes. Desde el año 2002, el incremento del número de homicidios en Venezuela ha ido en aumento constante con ciertos estancamientos o reducciones puntuales, pero ya desde el año 2010, la situación se volvió crítica porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100 mil habitantes. Así, aunque no existiera un involucramiento directo de agentes del Estado venezolano, es ineludible la responsabilidad que el mismo tiene de prevenir dichas muertes, y en caso de que las mismas sean inevitables, debe dedicarse a investigar y sancionar a las personas responsables, para evitar la impunidad e implementar medidas de garantías de no repetición, de cara al futuro.
Amnistía Internacional ha identificado que existen diversas actuaciones de agentes del Estado venezolano que les atribuyen la responsabilidad sobre las altísimas tasas de homicidios en el país. En este sentido, Venezuela no ha podido revertir la altísima impunidad, estimada en más de 90% de los casos de homicidios comunes; por el contrario, ha ocultado de forma sistemática los datos oficiales sobre cuántas personas mueren anualmente como producto de la violencia armada, especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad del Estado (en cuyo caso, habría responsabilidad directa por las muertes). Este ocultamiento radica en la falta de información oficial en la materia, pero también en la constante negativa los familiares, de acceder a los expedientes de ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, la ausencia de mecanismos de trasparencia, contraloría, investigación y sanción ha tenido como resultado que miles de hombres jóvenes y en situación de pobreza mueran cada año en una especie de espiral de violencia que el estado venezolano no ha sabido frenar. Para esta investigación, Amnistía Internacional realizó un análisis de los planes de seguridad elaborados entre los años 2000 y 2017, y encontró que mientras que los planes que contenían elementos preventivos, como las reformas policiales o del sistema de justicia penal, fueron desechados con rapidez o no fueron ejecutados, aquellos que planteaban elementos represivos sí han sido implementados de forma constante, tales como los operativos de seguridad por parte del Ejército y otros componentes militares.
Por último, Amnistía Internacional hace un llamado de atención sobre la impunidad que impera en los casos de violaciones de derechos humanos, la cual está estimada en 92% de los casos. En los ocho casos de ejecuciones extrajudiciales citados en este informe ningún funcionario ha sido detenido ni enjuiciado por los hechos. En el caso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una de las medidas de seguridad en cuyo marco se desplegaron operativos represivos y violentos, 1.074 funcionarios policiales y/o militares fueron sometidos a investigación, 112 funcionarios policiales y/o militares fueron imputados, y 43 acusados. Desde el año 2017, no se ha podido conocer sobre el estatus actual de estos procesos, por lo que no se ha podido comprobar si efectivamente se ha obtenido justicia. Asimismo, se han podido identificar ciertos patrones de denegación de justicia, que van desde las fallas en las etapas iniciales de investigación hasta los hostigamientos, amenazas y maltratos por parte del personal de la Fiscalía y de los tribunales a los familiares.
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