(Caracas, 15.08.2017. Amnistía Internacional). Resulta hoy incuestionable que en Venezuela existe un contexto de crisis institucional. Esta problemática está estrechamente ligada a altos niveles de impunidad y serias dificultades en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales para toda la población. En este contexto, Amnistía Internacional ha podido constatar la existencia de acciones y medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del estado venezolano, así como un preocupante y frecuente abuso en el uso de la fuerza. Ello, en detrimento evidente de los derechos humanos de toda la población.
Adicionalmente, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la práctica de detenciones arbitrarias por parte de las autoridades venezolanas como mecanismo de persecución política.1 A esto se
suma una práctica de allanamientos ilegales y de ataques a viviendas cuyos efectos tienen un alcance
mucho más amplio en la población, sin distinción de posiciones o identificaciones políticas. Todas estas
violaciones se enmarcan en una política de represión de la población.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional, asimismo, ha tomado conocimiento de al menos
47 denuncias por allanamientos y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad del estado y
grupos civiles armados. Ello entre abril y julio de 2017 y en 11 distintos estados del país. Cabe señalar
que esos meses estuvieron marcados por una alta conflictividad social con jornadas de manifestaciones
y protestas frecuentes.
Ante las protestas en contra del gobierno, el estado venezolano respondió usando la fuerza en muchas
ocasiones de forma ilegítima y desproporcionada. En este período, entre abril y julio de 2017, hubo
un saldo de más de 120 personas muertas, alrededor de 1.958 personas heridas y registros de más de
5.000 personas detenidas.
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