*** Durante ocho meses la infraestructura y comunidad académica fueron blanco de 21 acciones violentas

(Mérida 01/10/2017. ODH-ULA) La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el organismo de seguridad que más ataques ha perpetrado contra la infraestructura y comunidad universitaria del país desde enero a agosto de este año, ya que el 42,21% de los arremetidas a los recintos académicos fueron realizadas por este componente de la Fuerza Armada Nacional.

El informe que presentó recientemente el Observatorio de Derechos Universitarios y la ONG “Aula Abierta Venezuela”, en colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), evidencia el riesgo en el que se encuentra la universidad venezolana, toda vez que los cuerpos de seguridad locales contribuyeron en 20,10% con estos ataques.

Asimismo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es la tercera fuerza pública responsable de la violencia contra las universidades, pues 15,56% de los ataques fueron ejecutados por funcionarios adscritos a este organismo.

El ODH-ULA expresó su preocupación por la realidad actual del sector universitario, el cual recibió 21 ataques por parte de los cuerpos de seguridad del país a diferentes infraestructuras durante las protestas antigubernamentales, violando la autonomía universitaria.

Acciones conjuntas entre la GNB y la PNB, así como la actuación de grupos paramilitares contras las universidades, también fueron reflejados en el informe que se expuso en la ULA en el foro “Criminalización de la protesta contra universitarios”.

En el mismo se expusieron las violaciones y los abusos de los Derechos Humanos a la comunidad universitaria en Venezuela, durante el período de marzo a agosto de 2017.

Los recintos académico fueron atacados al menos en 21 oportunidades, según el informe de la ONG “Aula Abierta Venezuela”

Práctica selectiva

Detallando la represión ocurrida en cada región del país, específicamente al sector universitario y su comunidad, el informe de la ONG “Aula Abierta Venezuela” evidencia que el gobierno viola el derecho a la libertad académica, el cual agrupa derechos como el de la educación, la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de difusión de la información, y derecho a transmitir el conocimiento.

En cuanto a los miembros de la comunidad universitaria, el informe determina una práctica selectiva del Estado contra profesores universitarios, por lo que se registraron 15 profesores detenidos durante las manifestaciones.

Durante el foro el ODH-ULA dio a conocer la realidad en cuanto a las deficiencias en el área de telecomunicaciones lo que también afecta el desarrollo de las universidades

Cuatro de ellos fueron apresados en Caracas y Carabobo, dos en Lara, tres en Bolívar, uno en Zulia y uno en Mérida.

Asimismo, se registraron 336 detenciones a estudiantes.

La ONG “Aula Abierta Venezuela”, así como el ODH-ULA también expresaron la preocupación de la comunidad académica por la creciente militarización de la sociedad venezolana como es el caso de la designación del vicerrector en la Universidad Simón Bolívar (USB) con perfil militar, lo que denota que esa es la política del gobierno para tomar las universidades autónomas.

Concluyen estas ONG´s que el norte es intervenir el sistema universitario para controlar el pensamiento, violando así los principios de libertad académica y autonomía universitaria que están consagrados en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 6 y 7 de la Ley de Universidades vigente.

El ODH-ULA resaltó que las acciones perpetradas por el gobierno contra las universidades viola los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la recomendación relativa a la Condición de Personal Docente de la Enseñanza Superior de la Unesco (1997).

De igual forma viola el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (protocolo de San Salvador), la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente de la Educación Superior (UNESCO) y la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.