(Caracas, 09.02.2023. Transparencia Internacional). La Asamblea Nacional de Venezuela está considerando aprobar la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines». El proyecto de ley se aprobó en primera instancia el 24 de enero y, de aprobarse en segunda instancia tendría un impacto devastador en el ya muy limitado espacio cívico del país.
La sociedad civil proporciona a los ciudadanos y a la comunidad internacional información fidedigna sobre el gobierno para que éste rinda cuentas de sus actos, algo especialmente importante en Venezuela tras las estrictas restricciones al acceso a la información pública y la libertad de expresión, la captura de los medios de comunicación y la persecución política de la oposición. Las organizaciones de la sociedad civil también son cruciales para hacer oír las voces de la ciudadanía, incluidas las de las comunidades marginadas, las cuales de otro modo pasarían desapercibidas.
Aunque el texto no ha sido oficialmente publicado, de acuerdo a versiones no oficiales, el proyecto de ley que se pretende aprobar sometería a las organizaciones de la sociedad civil a restricciones aún mayores que las ya existentes. Presuntamente, prohíbe «comprometer la soberanía nacional» o «actividades políticas que amenacen la estabilidad nacional y las instituciones de la República», lo que podría utilizarse contra las organizaciones que colaboren y compartan información con organismos internacionales o revelen información sobre violaciones de derechos humanos en el país. La redacción intencionadamente vaga de la ley permitiría una discrecionalidad significativa en la aplicación de tales disposiciones. Para garantizar la implementación efectiva, el proyecto de ley prevé la vigilancia permanente de las organizaciones. Para las que no cumplan, se prevén sanciones severas, desde multas considerables hasta la disolución.
Esta propuesta legislativa llega en un momento en el que la sociedad civil es más importante que nunca, ya que la crisis humanitaria de Venezuela no mejora, producto en gran medida de los altos niveles de corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado el martes 31 de enero, Venezuela obtuvo sólo 14 puntos sobre 100, siendo el país peor evaluado de toda América.
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, declaró:
“La sociedad civil es un componente esencial de una sociedad sana, libre de corrupción y que fomenta el acceso equitativo a derechos básicos, desde la atención sanitaria a la educación. Este proyecto de ley es un intento flagrante de controlar, restringir e incluso criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil mientras el país enfrenta una crisis humanitaria. Su aprobación suprimiría las libertades esenciales de expresión y asociación, y supondría mayores violaciones a los derechos humanos en uno de los países con los niveles de corrupción más altos del mundo.”
Transparency International hace un llamado urgente a la Asamblea Nacional de Venezuela para que rechace este proyecto de ley. Su aprobación violaría tanto la Constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado venezolano, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Los dirigentes venezolanos deben proteger el espacio cívico y defender los derechos humanos.
