(Correo del Caroní. Provea. 10.11.2013). Para Provea una necesaria condición para la vigencia de las condiciones que hacen posible la dignidad humana es la existencia de organizaciones populares, independientes y democráticas.

En sus visitas a diferentes ciudades del país para la atención a víctimas de casos de violaciones a los derechos humanos, Provea tiene la oportunidad privilegiada de contar con testimonios de primera mano acerca de la situación del país en sus diferentes dimensiones. En los últimos meses hemos percibido en diferentes puntos del país: Bolívar, Lara, Carabobo y Aragua, entre otras, una situación novedosa con respecto a la dinámica movimientista en los últimos años: Signos de confluencia de personas de diferentes posturas políticas para enfrentar un problema común.

Como hemos venido registrando en nuestro Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la polarización política instalada en el país desde comienzos de 1999, e intensificada desde el año 2002, había neutralizado la necesaria autonomía de los movimientos sociales, cuyos principales liderazgos comenzaron a identificarse en torno a la principal pugna política en el país, chavismo versus antichavismo, postergando sus propias demandas sectoriales y electoralizando sus agendas de movilización. Esta situación debilitó la posibilidad de materializar las garantías para los derechos humanos expresadas en la Constitución de 1999. Para Provea una necesaria condición para la vigencia de las condiciones que hacen posible la dignidad humana es la existencia de organizaciones populares, independientes y democráticas, que funcionen como contrapoder a la gestión gubernamental en todos sus niveles y recuerden permanentemente sus compromisos, contradicciones y limitaciones. Además, el despliegue y expansión del accionar de los movimientos sociales crean nuevas formas de acción y relación política, renuevan la cultura simbólica -y en últimos términos la cultura en general- y son laboratorios de generación de ciudadanía. Por esta razón diferentes analistas coinciden al plantear que son los movimientos sociales, y no los gobiernos, los que pueden estimular cambios estructurales en las sociedades. Esta posibilidad, en cambio, ha sido mediatizada entre nosotros. Muchos activistas que protagonizaron luchas importantes en la década de los años 90, hoy no pueden sentarse en la misma mesa. 15 años después, la desconfianza, los adjetivos y las acusaciones mutuas han fragmentado y estancado movimientos y redes que fueron muy importantes en la lucha contra el neoliberalismo hace dos décadas atrás. El interés por ganar elecciones sustituyó las agendas sectoriales, tan importantes como las de la gran política. Los lazos de solidaridad privilegiados han sido de naturaleza vertical, por lo que han sido casi inexistentes las expresiones de apoyo entre las diferentes luchas, necesariamente desplegados horizontalmente y bajo el convencimiento que existe un contexto que afecta al conjunto. Quienes denunciaban la cooptación estatal y partidaria de los movimientos sociales han lanzado un alerta al vacío, sin oídos receptivos.

Sin embargo, la profundización de la crisis económica, la cual ha catalizado la crisis de representación política, está obligando, aquí y allá, a la gente a encontrarse y orbitar en torno a otros referentes, el de afectados por una crisis que les es común. Mientras los liderazgos continúan apostando a la estrategia electoral, las bases de algunos sectores se han movilizado para enfrentar problemas que les son cotidianos, como han sido los maestros y los trabajadores de Sidor. En el occidente del país, trabajadores de empresas expropiadas por el Estado están tejiendo lazos para vencer el miedo y organizar acciones conjuntas para denunciar el retroceso de sus condiciones laborales. En Caracas los voceros de algunas centrales sindicales están dialogando y realizando las primeras acciones conjuntas, obviando sus diferencias políticas, para enfrentar la arremetida estatal contra la libertad sindical. En Mérida, tras años de paralización del proceso de demarcación, las propias organizaciones indígenas y sus aliados se han convocado a un próximo encuentro nacional para consensuar una ruta reivindicativa del derecho a la tierra de las comunidades indígenas. En Cariaco, la amenaza de construcción de un recinto penitenciario lanzó a la población a la calle, olvidando en la acción las diferencias que hasta ayer les impedían trabajar juntos. Pequeños emprendimientos sí, pero que contrastan con el escenario polarizado que ha primado en los últimos tiempos, y que cuya generalización recompondrían el escenario geopolítico del país, permitiendo la expresión de diferentes identidades sociales alejadas de la camisa de fuerza “chavismo-antichavismo”. Lo interesante es que estas iniciativas están, a su vez, creando piedra sobre piedra un discurso que habla que sin desconocer los logros sociales alcanzados en los últimos años, es necesaria una práctica que supere las contradicciones que impiden al gobierno bolivariano materializar su propio discurso redentor. Si esto continúa así, en algún momento llegarán a realizar una contextualización de la situación del país dentro de la dinámica globalizada que les permita entender que, independientemente del gobierno que se encuentre instalado en Miraflores, será la beligerancia y la autonomía de las organizaciones de base las que permitan defender los derechos existentes y conquistar algunos nuevos en pos de aumentar la calidad de vida de las mayorías. Desde Provea seguiremos estimulando la organización popular, libre y autónoma, para la defensa de los derechos humanos.

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Sabino y autonomía indígena. Rafael Uzcátegui

(Correo del Caroní. Provea. 18.03.2013). A raíz del asesinato del luchador indígena yukpa Sabino Romero en la Sierra del Perijá, 10 organizaciones de pueblos originarios del sur del país, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), realizaron un pronunciamiento para solidarizarse y denunciar el crimen, que es significativo por varias razones.

La primera es el hecho que un sector se identifique y haga suyas las reivindicaciones de sus pares, cosa normal dentro de la dinámica de los movimientos sociales en cualquier parte del mundo, pero olvidada en nuestro país después de un largo proceso de fragmentación y polarización de las iniciativas populares, los cuales durante más de una década han construido lazos de solidaridad verticales con poderes nacionales y regionales, asumiendo agendas políticas impuestas externamente. Todo el tejido social construido después de los sucesos de Caracazo, febrero de 1989, ha sido debilitado en la última década y media, abandonando lo que la sociología marxista denomina “identidad de clase”. Si hace dos décadas atrás hubieran asesinado a un símbolo de la resistencia indígena, el país se hubiera indignado y, literalmente, levantado por los cuatro costados, contando con el decidido apoyo y solidaridad de todos los movimientos sociales. Hoy, la realidad es que la única manifestación realizada en Caracas para rechazar el asesinato de Romero congregó apenas 200 personas, con bastantes ausencias y bajo una campaña gubernamental, replicada por algunas iniciativas sociales, de pasar rápidamente la página en el hecho, aunque eso suponga impunidad. Dentro de la profunda inexistencia de lazos horizontales en el movimiento popular resalta que, después de tantos años de silencios, sectores del movimiento indígena se identifiquen con los ataques realizados en contra de otras etnias. Meses antes la organización zuliana Homoetnatura, muy cercana a la lucha yukpa, se había pronunciado a favor de los pemones que, en el otro lado del país, habían desarmado a funcionarios del ejército. Esto nos sugiere que los indígenas en su conjunto se encuentran en mejores condiciones que otros movimientos para recuperar su propia agenda de reivindicaciones, con independencia y autonomía.

Un segundo elemento resaltante del comunicado de la COAIM es el cuestionamiento a la impunidad en los asesinatos de indígenas ocurridos en el estado Zulia, lo que reitera las serias deficiencias del sistema de administración de justicia en el país, contradiciendo la propaganda oficial que habla que después de 500 años está siendo saldada la deuda histórica con las comunidades originarias. “Nos preguntamos –expresa el propio comunicado- si esta situación podría generar un genocidio contra el Pueblo Yukpa que termine exterminando a varias familias y comunidades”. Más adelante destacan “que en los últimos años ha habido una política sistemática y planificada de asesinar a los líderes yukpa que han luchado por el rescate y preservación de sus territorios”, lo cual es una grave denuncia que merece una debida investigación y respuesta de las autoridades. Mientras se mantenga la deuda constitucional en realizar la demarcación y entrega efectiva de los territorios indígenas, de los cuales apenas se ha realizado menos del 3% del total, se mantienen las condiciones generadoras de violencia entre las comunidades movilizadas para la satisfacción del derecho y los propietarios actuales de las parcelas reclamadas.

El pronunciamiento también rechaza expresamente la política indigenista realizada por el gobierno nacional “marcada por una ola interminable de regalos y asistencialismo”, exigiendo iniciativas que realmente reviertan los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias, “que permita la garantía de sus territorios mediante la efectiva demarcación de su hábitat y tierras y la promoción de sus derechos constitucionales”. Las propias organizaciones han identificado que el Ministerio de Pueblos Indígenas es una institucionalidad que más que ayudar con soluciones se ha convertido en parte del problema, aupando “división y enfrentamiento (…) mediante el otorgamiento de privilegios a líderes comunitarios y la compra de conciencias que generan conflictos intercomunitarios y enfrentamientos con autoridades tradicionales”. Estas denuncias confirman los señalamientos realizados en otros derechos acerca de la promoción de un tipo de participación excluyente, la cual favorecería sólo a las personas y comunidades que expresen su incondicional apoyo al gobierno bolivariano.

La satisfacción de los derechos humanos tiene como una de sus precondiciones la existencia de organizaciones sociales y populares que exijan su pleno desarrollo. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas es necesaria la articulación autónoma e independiente de las diversas comunidades que habitan en territorio venezolano. La profundización del modelo de desarrollo extractivista tiene como uno de sus naturales antagonistas, como sucede en países como Bolívar y Ecuador, al movimiento indígena, naturales garantes de la biodiversidad y principales afectados por la consecuencia de la contaminación de la industria energética. Quizás el asesinato de Sabino Romero sea una amarga lección de lo que pasa cuando a pesar de vivir problemáticas comunes, no somos capaces de identificarnos y asociarnos con nuestros pares, distraídos en la defensa de metas que no son las propias.

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