(Caracas, 19.02.2019. Red Venezolana Gente Positiva). La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) denuncia actos de criminalización, amenaza, agresión psicológica, intimidación y persecución contra Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID), miembros de nuestra red y Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en VIH.
El viernes 15 de febrero de 2019, en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, la sede de la Fundación Mavid fue objeto de un allanamiento abusivo y arbitrario por parte de cuerpos de seguridad del Estado, identificados como integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La fundación es una ONG que durante 16 años se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH, la mayoría de sus miembros pertenecen a la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) de Venezuela y durante los últimos años realizan labores humanitarias en conjunto con diversas ONG nacionales e internacionales y organismos de las Naciones Unidas para ayudar a personas con VIH en extrema vulnerabilidad y riesgo de fallecer como consecuencia de la severa emergencia humanitaria en todo el país. Los funcionarios ingresaron a la sede de manera violenta, cuando ésta se encontraba cerrada, forzaron las cerraduras de las puertas y rejas de seguridad, y acordonaron la zona, impidiendo la presencia de testigos.
En el allanamiento los funcionarios sustrajeron medicamentos antirretrovirales y otros fármacos para tratamientos médicos; insumos clínicos donados por instituciones privadas para personas con VIH y otras condiciones de salud, potes de leche maternizada por donación de AID FOR AIDS para madres con VIH en situación de pobreza, además de kits para realizar cesáreas y ampollas del antirretroviral Zidovudine que exigen los hospitales públicos a las embarazadas con VIH al momento del parto. Asimismo, se llevaron computadoras e historias de usuarios; dinero en efectivo para transporte y alimentación de los voluntarios de la Fundación que realizan visitas a los centros públicos de salud. Tras dos horas de este arbitrario e ilegal procedimiento, Manuel Armas y Jhonatan Mendoza, miembros y líderes de la Fundación, se presentaron para conocer las razones; sin embargo, se les obligó a sentarse y sin asistencia de abogados les fue prohibido hacer inventarios y control de los medicamentos, insumos y materiales sustraídos.
Los funcionarios también tomaron cajas de pruebas rápidas para el diagnostico del VIH, cajas de condones de colores y lubricantes a base de agua pertenecientes al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entregados a Fundación MAVID como participante del primer estudio de prevalencia del VIH en HSH realizado en Venezuela con la aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y enmarcado en los compromisos del Ministerio en la implementación del “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria en Venezuela desde la mirada de la Salud Pública”. Este plan fue elaborado por el MPPS, Organización Panamericana de la Salud (OPS), ONUSIDA, Sociedad Venezolana de Infectología y la Red Venezolana de Gente Positiva, en representación de la sociedad civil.
Al terminar los actos mencionados, los funcionarios trasladaron a Manuel Armas y Jhonatan Mendoza a la sede del CICPC en la Plaza de Toros, Valencia, donde permanecieron en detención durante siete horas. Igualmente fue detenido, Wilmer Álvarez, Vicepresidente de la Fundación y miembro de la RVG+, cuando se acercó a las oficinas del CICPC para conocer los motivos de la detención de sus compañeros. Estas tres personas fueron liberadas gracias a las actuaciones de abogados y exigencias de liberación por redes sociales en el ámbito nacional e internacional. El hecho fue públicamente rechazado por reconocidas instituciones internacionales como ONUSIDA, Consejo Internacional de ONG con servicios en VIH (ICASO), Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros, e hicieron llamados contundentes al Estado venezolano para el cese de la criminalización y acoso contra Fundación MAVID.
Posteriormente, el sábado 16 de febrero de 2019, presuntos funcionarios de cuerpos de seguridad llevaron a cabo actos de vigilancia y acoso a varios miembros de la RVG+ y de ONGs con trabajo en VIH de forma simultánea en Valencia y en dos ciudades de otros estados del país, Guanare en el estado Portuguesa y Barquisimeto en el estado Lara. Estos funcionarios visitaron sus domicilios y sedes de sus ONG, preguntaron por ellos y se negaron a identificarse. El domingo 17 de febrero de 2019 personas desconocidas se acercaron a las viviendas de nuestros Puntos Focales de la RVG+ del estado Lara y la Presidente de la ONG Conciencia por la Vida, en la ciudad de Barquisimeto, tomaron fotos y preguntaron a los vecinos por ella y sus familiares.
Ese mismo día, en rueda de prensa y mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, el Director del CICPC, Douglas Rico, mintió a la opinión pública sobre el allanamiento ilegal y arbitrario a la Fundación MAVID y formuló denuncias sobre una supuesta venta ilegal de antibióticos, sin mostrar resultados de las investigaciones realizadas. El Director también omitió que sus funcionarios sustrajeron computadoras, denuncias y copias de actas de defunción de 1.200 personas con SIDA, consignadas por familiares a la Fundación en el año 2018, debido a que el Ministerio de Salud no compró ni entregó oportunamente medicamentos antirretrovirales a estas personas. Destacamos que la Viceministra del Ministerio de la Salud, Marisela Bermúdez, y el jefe del Programa Nacional de SIDA, Raúl Leonett, conocen de la existencia de estas copias presentadas en la Mesa Técnica de Trabajo sostenida el 5 de febrero de 2019 con la RVG+ para la implementación del Plan Maestro que beneficia a más de 70 mil personas con VIH. Estas Mesas Técnicas de Trabajo se vienen realizando desde diciembre de 2018 con representantes de OPS, ONUSIDA, Sociedad Venezolana de Infectología y la RVG+, como sociedad civil. El Director Rico, tampoco se refirió a la incautación del pasaporte de Eduardo Franco, Secretario de la RVG+ y Presidente de Fundación MAVID, quien en ese momento se encontraba de viaje rumbo a Caracas para reunirse con representantes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a fin de contribuir con el diseño de estrategias para ayudar a salvar las vidas de las personas con VIH y poblaciones más vulnerables en Venezuela.
Ante el procedimiento ilegal de allanamiento a la Fundación Mavid, violentando todas las garantías constitucionales y procesales y de una tutela judicial efectiva, sin orden escrita emitida por un Juez ni previa autorización por parte de un Fiscal del Ministerio Público; la detención arbitraria de miembros de esta Fundación sin la asistencia de abogados; y los actos de intimidación contra otros miembros de la RVG+, responsabilizamos al director de CICPC por los perjuicios que dichos actos causen a estas personas y a los usuarios de la Fundación, quienes viven situaciones angustiosas de peligro para sus vidas y salud por no tomar sus tratamientos y son amparada por las decenas de ONGs con trabajo en VIH en todas las regiones venezolanas.
Por lo anterior, la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) se pronuncia para:
1.- Exigir al Estado venezolano el cese de la criminalización, persecución, atropello y amenaza contra miembros de la Fundación MAVID, de nuestra red y de las personas con VIH en Venezuela, y se garanticen los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en pactos y acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por la Nación.
2.- Solicitar a las agencias del sistema de Naciones Unidas activar los mecanismos de protección y seguridad a miembros de la RVG+, las Organizaciones venezolanas de la Sociedad Civil con trabajo en VIH, y víctimas de los ataques del Estado venezolano por sus labores en la defensa de los derechos humanos y labores humanitarias.
3.- Pedir a la comunidad internacional mantener la atención sobre Venezuela y condenar enérgicamente ataques al trabajo de la Sociedad Civil a favor de las poblaciones vulnerables y excluidas socialmente, como son las personas con VIH, quienes han sido negativamente impactadas con daños irreversibles producidos por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país.
4.- Ratificar el compromiso con las personas con VIH y SIDA, sus familiares, Organizaciones de la Sociedad Civil, gremio médico y personal de salud, academias y demás actores que contribuyen con sus esfuerzos a la creación de mecanismos dirigidos a salvar vidas y proteger a las personas en Venezuela.
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