Rafael Uzcátegui: “El cerco contra las ONG ha sido una política de Estado”

(Caracas, 01.03.2023. Prodavinci). Al terminar la entrevista, Rafael Uzcátegui*, coordinador general de Provea, me obsequia una copia del libro Sospechosos habituales, una exhaustiva investigación de Rodolfo Montes de Oca sobre la lenta, pero persistente lucha de factores de la sociedad venezolana en la defensa de los derechos humanos.

Una lucha que tiene en el Estado a su gran victimario y ha dejado un martirologio hasta el día de hoy. De todas las instituciones que han participado en la construcción y defensa de los derechos humanos diría que la más comprometida, la menos ideologizada, y la que ha rendido más frutos es la Iglesia Católica. Desde los sacerdotes que murieron en La Rotunda, la tenebrosa cárcel de Juan Vicente Gómez, hasta el papel fundamental que jugaron, en el plano institucional, los padres Luis María Olaso y Armando Janssens, pasando por la difícil y cuestionada experiencia de la Teología de la Liberación. Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.

Historia y memoria, en esta hora menguada para los derechos humanos. Una ley anticonstitucional se acaba de aprobar en primera discusión en la Asamblea Nacional. Organizaciones como Provea y otras tantas ONG van a perder su personalidad jurídica y en el caso de Provea su labor de 34 años será declarada inexistente, si llegase a entrar en vigencia la ley. De este momento, amenazante y en bajas, habla Uzcátegui.

Una pregunta ingenua, pero creo que necesaria en este momento: ¿Para qué sirve una organización no gubernamental? ¿Y más cuando el país atraviesa por una emergencia humanitaria compleja?

Creo que la pregunta es interesante. Uno podría pensar que una organización como Provea, que tiene 34 años, la conoce todo el mundo y no es así. Muchas veces, la gente no sabe lo que es una ONG, a menos que tenga la necesidad de acudir a ellas. Las ONG están conformadas para atender dos grandes objetivos. Una, ser contraloras de la acción del gobierno. Dos, ayudar, precisamente, a la gente que el gobierno no ayuda, por la razón que sea. La defensa de los derechos humanos en el mundo es reciente y en Venezuela mucho más. Aunque los Estados asumieron compromisos para su cumplimiento y garantías —las grandes declaraciones de principios de derechos humanos—, les cuesta mucho materializarlos. Las organizaciones no gubernamentales se denominan así, precisamente, porque no son afines al gobierno. Están ahí para vigilar que esas obligaciones —que son parte del ordenamiento jurídico del país—, se cumplan y, a la vez, prestarle ayuda y asistencia a quienes les han violado sus derechos.

El tema de los derechos humanos es, como dice, muy reciente. En los años 70 se circunscribía a la defensa legal de los guerrilleros que desconocieron las instituciones y asumieron la lucha armada como práctica política. Pareciera que las víctimas de ayer se convierten en los victimarios de hoy.

Buena parte de esa historia (de los años 60 y 70) es parte de un libro que Provea acaba de publicar, cuyo título es: Sospechosos habituales. En este momento, es muy importante hacer memoria, tener raíces, y lo hicimos precisamente para eso. Allí se investiga lo que señalas —la defensa legal de guerrilleros, como primeras experiencias en la defensa al derecho a la vida—, muchos de esos casos no se resolvieron. Provea, por ejemplo, contribuyó a desclasificar un expediente tan dramático como la masacre de Yumare. Asumió la defensa del caso de El Amparo que, hasta el día de hoy, sigue impune. Quienes dispararon e impartieron las órdenes no han sido investigados ni enjuiciados. Esas iniciativas, ligadas a organizaciones de izquierda en América Latina, luego dieron paso a las ONG. Diría que hay una historia paralela: se crearon nuevas herramientas para la defensa de los derechos humanos y, en esa misma medida, surgieron organizaciones no gubernamentales especializadas en el manejo de esas herramientas.

Una de las grandes banderas del expresidente Chávez era, precisamente, la de los derechos humanos. Se generó una gran expectativa, tanto que en Provea hubo quienes se incorporaron al gobierno en esa materia y quienes decidieron permanecer en la organización. ¿A qué atribuye que, a estas alturas, Provea se haya convertido en un blanco del gobierno?

Lo que creo es que Chávez en los años 90 instrumentalizó todo el discurso del cambio, que provenía de distintos sectores del país. Uno de ellos era el de los derechos humanos. Lo utilizó para legitimarse en alguna medida, pero cuando llegamos a la realidad —al conflicto inevitable entre el poder y los derechos ciudadanos— surgieron los problemas.

Lo vimos claramente, en medio del deslave de Vargas, ¿no?

Sí, del caos que se produjo. Allí intervino Provea, pero también periodistas, como Vanessa Davies, que tuvieron el valor de denunciar las ejecuciones extrajudiciales. Eso marcó la ruptura de la luna de miel entre el movimiento de derechos humanos y el chavismo. Luna de miel que tuvo su momento más elevado en la constituyente y en la Constitución del 99. Pero no más… no más, porque Chávez era muy intolerante a las críticas. El 15 de febrero de 2004, en una alocución televisiva, Chávez delineó lo que iban a ser las líneas de criminalización y ataques contra las organizaciones de derechos humanos. Ataques que se han ido incrementando. En resumidas cuentas, dijo: hay que atacarlas por el dinero que reciben. Y, además, hay que atacarlas porque son parte de una élite. Este cerco contra las organizaciones de derechos humanos y, en general contra las ONG, es una política de Estado. No son hechos aislados de Diosdado, no es que se le ocurrió a Nicolás Maduro ayer, sino que se demarcó tan temprano como el 15 de febrero de 2004. Eso quedó muy claro cuando Chávez dijo: esto es lo que hay que hacer.

Uno lee la denominación del proyecto de ley, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines) y el solo enunciado es un rasgo no ya del autoritarismo, sino del talante totalitario del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa?

Yo estoy absolutamente convencido de que nosotros estamos bajo una dictadura. Así lo dijo Provea en 2016, luego de muchas discusiones, y de que fueron suspendidos de manera ilegal los procesos electorales pendientes. Ahí, las burbujas democráticas que quedaban fueron implosionadas. Calificamos a Nicolás Maduro como un presidente no democrático; como un dictador. Así, en esos términos. Nos sirvió de mucho la experiencia de los movimientos de derechos humanos en el Perú que, a raíz de la dictadura de Alberto Fujimori, asumieron una posición. Para ellos, cuando se rompe el hilo democrático, el papel de una organización de derechos humanos es sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para el regreso de la democracia. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Yo creo que no hay policías buenos y policías malos dentro del gobierno. Se trata de roles complementarios. Para ellos sería el delirio si su régimen fuera el de Corea del Norte. Afortunadamente, no tienen la disciplina ni los recursos para que sea así. Afortunadamente son muy ineficientes, incluso para sus sueños autoritarios. Entonces tenemos esta improvisación dictatorial de manera permanente.

Hay un gran problema alrededor de la percepción que dentro de la comunidad internacional hay sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos países lo clasifican como una dictadura, pero hay otros gobiernos que inscriben a Venezuela en el tablero geopolítico y a conveniencia establecen alianzas y hacen negocios. En el plano interno, si lo llamas dictadura tiene consecuencias. ¿No?

Para nuestra lucha y aspiraciones democráticas, la guerra de Ucrania lo cambió todo. A lo que contribuyó el cansancio que ya produce el conflicto venezolano en el mundo entero. Aunque alguna gente no le guste, la mayor atención la tuvimos durante las protestas de 2017. Yo creo que, como sociedad, tenemos que ser más cubanófilos de lo que somos actualmente. Porque en la consideración que has hecho es clara la importancia del concepto del poder blando, del soft power. Ya la diplomacia internacional no se hace en función de las inversiones o la capacidad militar, sino que también se hace en función de proyectar una imagen favorable de tu país —los supuestos logros en educación y salud, por ejemplo— y los cubanos han sido muy eficientes en eso. Cuba es la dictadura más antigua de la región, pero a un sector de la comunidad internacional le sigue pareciendo una revolución romántica y lloran cuando escuchan las canciones de Silvio Rodríguez. El gobierno venezolano ha seguido los pasos de sus mentores cubanos y la Serie del Caribe es parte de ese poder blando. Otro argumento que abona a esa idea es que “el país se arregló”, tanto que tenemos un estadio modernísimo. Entonces, tenemos que comprender mejor la naturaleza del gobierno venezolano, a veces muy simplificada. Eso no nos ha ayudado a alcanzar objetivos de democratización y de derechos. No terminamos de entender ni lo que ha pasado ni cuáles son los referentes que el gobierno tiene.

Es cierto, no terminamos de entender lo que estamos viviendo y creo que eso es muy frustrante. De tal forma, que impide o evita que cristalice una conjunción de esfuerzos que apunten, justamente, a la democratización del país. Parece que no queda otra que perseverar hasta dónde se pueda.

Provea ha hecho esfuerzos para dar a conocer lo que ocurre en Venezuela. Salvo algunas excepciones, nos encontramos con el silencio. Luego del 2017 quien problematizó la visión sobre Venezuela fueron los migrantes venezolanos, que salían del país de forma desesperada. Actualmente, tenemos un hito importante. Me refiero al inicio de una investigación formal —por parte de la Corte Penal Internacional— debido a los claros indicios de crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. Un hecho que marca un antes y un después. No hay manera que Nicolás Maduro se legitime ante la historia, que es como él se ve a sí mismo, como un hombre que está protagonizando una lucha épica contra las fuerzas del mal, y ya no hay manera de que la comunidad internacional lo vea así. Ni siquiera sus propios aliados, quizás por eso tomarse una foto junto con Nicolás Maduro genera un costo político alto. Allí, creo, radica una de las cuentas por cobrar contra las organizaciones que hemos alertado, ante la Misión Internacional de Determinación de Hechos y la Corte Penal Internacional, sobre lo que ocurre en Venezuela.

Este es un gobierno que no le rinde cuentas a nadie. Aquí hay un apagón estadístico desde 2013. ¿No resulta cínico, por decir lo menos que, mediante una ley, el chavismo obligue a la “fiscalización, actuación y financiamiento de las actividades” de las ONG?

Algo que llama la atención es que la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional ha activado las alarmas dentro de las autoridades, porque ellos saben que el resto de mecanismos de monitoreo en derechos humanos dependen de la buena fe diplomática (de los informes que envían las embajadas a sus respectivos países). Eso pudiera ser suficiente entre países con democracias robustas, pero no para gobiernos como el de Nicolás Maduro u otros similares. Eso es un problema, porque efectivamente no hay mecanismos reales para presionar en materia de derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana, que se acordó para atender violaciones, como las cometidas por el gobierno de Alberto Fujimori, resultó ineficiente para el caso venezolano. Así que el único mecanismo que puede aplicar la comunidad internacional son las sanciones. Y en el orden de la justicia penal, la única jurisdicción es, precisamente, la Corte Penal Internacional (CPI). Es el único mecanismo que podría llevar al banquillo de los acusados a un número indeterminado de funcionarios, que tendrían entonces una orden de captura internacional. Eso ha generado muchas alertas entre las autoridades que se han mostrado muy sensibles por algunos señalamientos en esta materia.

¿Cómo cuáles?

De hecho, el año pasado tuvimos que asumir un juicio por una acción interpuesta por Rafael Lacava (gobernador del estado Carabobo), el gran delfín político del momento de un sector de la oposición y del chavismo paradójicamente. Lacava inició una querella contra nosotros porque la entidad de la cual es gobernador aparecía en un informe sobre el número de ejecuciones extrajudiciales que se contabilizaron en el país. La CPI es un pequeño muro de contención al abuso del poder. Si no hubiera en curso una investigación de ese organismo, la situación en materia de derechos humanos sería muchísimo peor.

Politólogos, académicos y religiosos han hablado de un movimiento social de orden distinto, de una repolitización de los venezolanos, que va más allá de la secuencia de fracasos, de la polarización estéril. Esa es una gran incógnita. Sin una reflexión, sin una evaluación de lo que se ha hecho, creo que sería muy difícil que veamos en Venezuela nuevas formas de participación.

No sabría decir si un resultado desfavorable para la clase política, en 2024, los llevará a tocar fondo. La crisis interna de los partidos políticos no se ha resuelto en dos décadas. Lo cierto es que nunca asumieron un mea culpa, nunca se renovaron; no solamente las caras sino la manera de hacer política. En lo personal, me resulta inexplicable que gente como Roberto Patiño no sean los líderes de los partidos políticos. Esa renovación es necesaria. Yo mismo, en Provea, estoy finalizando mi papel como coordinador general. Es sano que venga otra persona con otras maneras de ver y de hacer, en función de los objetivos institucionales que tenga una organización de este tipo. Lo que espero es que en 2024 esa crisis de representación toque fondo y que ese hecho los obligue a hacer esa reflexión y esa renovación.

¿Una vez que se refrende la ley qué esperan ustedes?

Al gobierno Provea les ha dolido, porque nosotros les hablamos en sus propios términos. Ya sabemos lo fuerte que pueden ser los odios mellizales. Nicolás Maduro acudió a Provea, en 1993, cuando vio amenazada su estabilidad laboral a raíz de su actividad sindical en el metro de Caracas. Hemos conversado con organizaciones de Nicaragua y de El Salvador que han pasado por una situación similar. Algunas pensaron que si asumían un bajo perfil iban a sortear las dificultades. Al día de hoy, hasta los Boy Scouts han sido ilegalizados en Nicaragua. Todo resquicio de actividad autónoma fue colocada al margen de la ley, porque lo que se quiere, en el fondo, es que todos dependamos del Estado, del caudillo, para poder existir y sobrevivir.

Al igual que los partidos políticos, la sociedad civil también está en crisis. Sería muy difícil anticipar cuál sería la reacción, la respuesta, una vez que la ley entre en vigencia.

Provea ha estimulado la reflexión que le hemos pedido a otros factores de la sociedad venezolana. Digamos, de lo que hemos hecho, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Y qué vamos a cambiar. A mí me tocó coordinar el estudio Florecer en el abismo —frase de Rafael Cadenas— y es cierto que las organizaciones sociales están en una profunda debilidad, pero el movimiento de derechos humanos, dentro de ese marco, es el que tiene y sigue teniendo una mayor capacidad de respuesta. Creo que eso responde a que tenemos una brújula, una bitácora, una Biblia, que nos compromete a ser fieles a nuestros principios. Uno de esos principios, que olvida Tarek William Saab y otros funcionarios, quienes siendo defensores de derechos humanos se hicieron gobierno… y se hicieron dictadura, es el principio de que los derechos humanos son universales, son para todas las personas. En nuestro caso, el secreto está en apegarnos a esos principios y por eso, en abril de 2002, denunciamos el golpe contra Hugo Chávez, así como tuvimos que criticar un golpe de Nicolás Maduro. Lo hicimos. Sin dudar un segundo.

Fuente Oficial: Prodavinci