(Caracas, 02.04.2020. Proiuris). Expertos de la ONU aseguran que es necesario brindar apoyos económicos adicionales a las personas con discapacidad para reducir el riesgo de que estos ciudadanos y sus familias caigan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Han transcurrido 15 días desde que Nicolás Maduro anunció al país el primer caso de COVID-19 en . Ante la pandemia los gobiernos deben proteger la vida de los ciudadanos con planes e intervenciones fundamentadas en el respeto a los derechos humanos y las garantías digitales. Es la recomendación en la que insisten las oficinas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La prioridad, según los expertos de la ONU, es salvaguardar el derecho a la salud, el acceso al servicio de agua potable, el amparo a los migrantes, el respeto a las libertades informativas, el resguardo de los derechos digitales y la protección de datos personales.
“La escasez de recursos o el uso de esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una justificación para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes”, remarcaron los expertos de Naciones Unidas.
Entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, más expuestas a los riesgos que acarrea la pandemia, están las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos y comunidades, asícomo migrantes y refugiados.
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Catalina Devandas, Relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indicó que las medidas razonables de adaptación son esenciales para reducir el riesgo de que laspersonas con discapacidad contraigan el Covid-19.
Enfatizó que a las personas discapacitadas se les debe permitir trabajar desde casa o recibir vacaciones pagadas para garantizar la seguridad de sus ingresos. Los familiares y cuidadores también pueden requerir ajustes razonables para brindar apoyo a las personas con discapacidad durante este período.
“Las campañas de asesoramiento público y la información de las autoridades sanitarias nacionales deben ponerse a disposición del público en lenguaje de señas y medios, modos y formatos accesibles, incluida la tecnología digital accesible, los subtítulos, los servicios de retransmisión, los mensajes de texto, el lenguaje sencillo y fácil de leer”, agregó.
Han transcurrido 15 días desde que Nicolás Maduro anunció al país el primer caso de COVID-19 en . Ante la pandemia los gobiernos deben proteger la vida de los ciudadanos con planes e intervenciones fundamentadas en el respeto a los derechos humanos y las garantías digitales. Es la recomendación en la que insisten las oficinas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La prioridad, según los expertos de la ONU, es salvaguardar el derecho a la salud, el acceso al servicio de agua potable, el amparo a los migrantes, el respeto a las libertades informativas, el resguardo de los derechos digitales y la protección de datos personales.
“La escasez de recursos o el uso de esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una justificación para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes”, remarcaron los expertos de Naciones Unidas.
Entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, más expuestas a los riesgos que acarrea la pandemia, están las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos y comunidades, asícomo migrantes y refugiados.
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Catalina Devandas, Relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indicó que las medidas razonables de adaptación son esenciales para reducir el riesgo de que laspersonas con discapacidad contraigan el Covid-19.
Enfatizó que a las personas discapacitadas se les debe permitir trabajar desde casa o recibir vacaciones pagadas para garantizar la seguridad de sus ingresos. Los familiares y cuidadores también pueden requerir ajustes razonables para brindar apoyo a las personas con discapacidad durante este período.
Cuarentena sin medicinas
En 2008, el gobierno venezolano creó la Misión “José Gregorio Hernández”, destinada a aportar ayudas económicas para las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los que defienden los derechos de este sector de la población advierten que loas políticas públicas se deben orientar a garantizar la accesibilidad, la mayor autonomía funciona y una efectiva integración al mercado laboral en procura de independencia económica.
La cuarentena nacional decretada por el gobierno de Nicolás Maduro desde el 16 de marzo ha aumentado las dificultades para afrontar la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela.
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Diana Zambrano, una mujer con discapacidad de 28 años de edad, necesita con urgencia Macrondantina, un medicamento especial capaz de tratar las infecciones agudas en el tracto urinario. Por sus redes sociales comparte la angustia por el escasez del medicamento, que le dificulta cumplir el tratamiento. Además requiere pañales para adultos .
“No puedo salir a comprar más porque primero, se me dificulta mucho trasladarme durante la cuarentena, y segundo no tengo el dinero suficiente”, dice.
Ella también necesita de la ayuda de sus padres para poder trasladarse hasta la entrada de su edificio. Sin embargo, sus padres actualmente se encuentran jubilados. Por ello, han sido múltiples los llamados a las instituciones del gobierno ante esta situación. La familia Zambrano alega, que hasta la publicación de esta nota, no han recibido ayuda con sus medicamentos, lo cuales escasean en las farmacias del país, y en caso de conseguirlos “pueden llegar a costar más de dos salarios mínimos”.
Sin datos oficiales
En el registro implementado por el Estado a través del Carnet de la patria, apenas 700.000 personas con discapacidadreciben beneficios, mediante la asignación de bonos directos en bolívares y la entrega de una Caja Clap. Ello constiyuye menos de la mitad de las 1.545.845 personas con discapacidad, contabilizadasen el censo de 2011; cifra que, seguramente habrá aumentado.
La desinformación es una dificultad díficil de superar a efectos del diseño de políticas públicas para personas personas con discapacidad. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), organismo del gobierno creado para promover la inclusión e integración de las personas con discapacidad en la sociedad, tampoco ofrece información sobre el avance de sus programas desde hace más de 12 años.
En 2014 el Conapdis admitió que solo había podido atender a 45.000 personas con discapacidad en todo el país, con la renovación y adjudicación de carnets para acceder a medicinas que llegan irregularmente a las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Del resto, se desconoce cómo se implementa la atención a las personas con discapacidad y su entorno.
A pesar de las indicaciones promovidas por expertos de la ONU, en Venezuela, las personas discapacitadas no tienen garantizados sus derechos; ni siquiera la satisfacción de sus necesidades básicas.
Fuente Oficial: Proiuris
