(Caracas, 08.01.2021. Bloque Constitucional). En 2018 nació el Centro para los Defensores y la Justicia, una organización que trabaja en temas relacionados con la protección a defensores y organizaciones de derechos humanos en Venezuela y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado en materia de derechos Humanos. Mariana Romero es una de sus fundadores y su actual directora. También se ha desempeñado en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y es una joven figura destacada en el movimiento de derechos humanos de nuestro país

—¿Cuáles fueron los hechos más resaltantes que ocurrieron este año y que a su juicio dejaron en evidencia la vulnerabilidad de los derechos humanos de los venezolanos?

2020 fue un año de retos en materia derechos humanos por la profundización de la crisis de violación de los derechos, por la crisis institucional, la crisis política y la crisis social resultado del quiebre institucional, la impunidad, el control social y la represión, todo eso se vio manifestado en cifras como las reveladas por el Observatorio de Conflictividad Social que, por ejemplo, registró más de 8.500 protestas que se han desarrollado este año, las más 5 millones de personas que han visto cruzar las —fronteras, las más de 11.000 ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido desde 2012 y a ello se le suma 90% de impunidad que existe en Venezuela frente a estos hechos, de acuerdo a los datos de organizaciones como Provea y Cofavic. Todo eso en un contexto de control social, de represión que se ha visto agravado en 2020 por la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia del COVID-19.

—¿Qué ha significado esto para los defensores de derechos humanos?

—Las personas y organizaciones defensoras también han visto afectada su labor por el afianzamiento de la lógica del enemigo interno, por lo menos desde el Centro para los Defensores y la Justicia hemos documentado más de 260 actos que comprometen el trabajo de las organizaciones para defender, proteger y acompañar a las víctimas de violaciones derechos humanos, pero a pesar de estos retos de esta situación tan compleja también ha sido un año de logros y de pasos importante en la búsqueda de justicia, por ejemplo tenemos los informes que fueron presentados ante el Consejo Derechos Humanos en septiembre por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la extensión del acuerdo de entendimiento para que oficiales de este órgano tan importante sigan teniendo presencia en el país para avanzar en procesos para cesar las violaciones de derechos humanos, el informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que da cuenta de que efectivamente en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y empieza a establecer las responsabilidades individuales de quienes fueron los perpetradores tanto materiales como intelectuales de esos abusos, y más recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció formalmente en un informe que el examen preliminar sobre Venezuela pasa a la tercera fase y espera que a mediados del año que viene ya haya una conclusión. Con todo esto lo que estamos viendo es cómo todo ese trabajo de documentación, de denuncia, de no dejarse vencer por la política represiva que implementa el Estado, ha tenido resultado y que estos mecanismos internacionales están trabajando para proveer justicia frente a los abusos que se han cometido en Venezuela.

—Sin embargo, pareciera que pese a todos esos informes y pronunciamientos de instancias internacionales aún no cesa la represión, no se detienen las violaciones a los derechos humanos. ¿Hasta qué punto estos informes e investigaciones pueden causar un impacto real?

—Creo que es muy importante, y también para uno como defensor de derechos humanos, trabajar con el manejo de expectativas porque los derechos humanos no son una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, y ciertamente los tiempos del Derecho Internacional pueden ser mucho más lentos de la inmediatez que necesitan las víctimas, pero hay que resaltar que cada logro que se ha dado, cada pronunciamiento, cada instancia o mecanismo que se crea para atender el caso venezolano es un logro de ese trabajo constante de documentación y denuncia que sólo es posible con la persistencia, la rigurosidad y con la insistencia en incidir en cada uno de estos mecanismos para que se avance mucho más rápido en el establecimiento de responsabilidades y en el alcance real y la materialización del derecho a la justicia y a la reparación, ese es un compromiso que debemos seguir emprendiendo y que sólo de esa forma podremos obtener los resultados que esperamos, que son que finalmente los violadores de derechos humanos rindan cuentas y que todas las víctimas sean reparadas.

—Mientras se obtienen esas respuestas esperadas de estos mecanismos que menciona ¿cómo aliviar el sufrimiento de la gente? ¿cómo sanar como sociedad porque desde que se decretó el estado de alarma las vulneraciones han sido mayores en Venezuela?

—Efectivamente desde el 13 marzo cuando se decretó el estado de alarma que en lugar de implementar medidas efectivas para atender las necesidades de la población impuso mayores medidas de control social, mayor represión y se ha deteriorado mucho más el entorno por la carencia de servicios básicos, eso ha tenido serias consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de la población, pero hay que recordar que a pesar de esta represión, de esta persecución y de los obstáculos que el Estado ha impuesto contra las personas y las organizaciones que defienden derechos humanos o que ejerce algún tipo de acción humanitaria para las víctimas, estas siguen haciendo su labor, siguen acompañando a las víctimas para, de cierta manera, atender sus necesidades, especialmente a los más vulnerables.  Y en esto cabe señalar e insistir que no sólo tiene que haber una respuesta frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales o en materia de derechos civiles y políticos, sino que también tiene que haber una respuesta frente a la criminalización que se ha emprendido contra las organizaciones humanitarias y de derechos humanos porque defender derechos y acompañar a las víctimas no es un delito, es reconocido por el Derecho Internacional de Derechos Humanos como un derecho, así que cuando el Estado ataca a las organizaciones derechos humanos, cuando ataca a los periodistas, cuando ataca a quienes ejercen la labor humanitaria pues los más afectados siguen siendo las víctimas, las personas más vulnerables, por eso resulta importante seguir haciendo lo que el movimiento derechos humanos está haciendo: seguir insistiendo en el cese de la criminalización y estigmatización y mantener el acompañamiento a las víctimas para que sus derechos humanos sean respetados y protegidos.

—¿Cómo se podrían reforzar las acciones para que las organizaciones puedan aliviar el sufrimiento de la gente?

—Sí eso es muy importante y es necesario que la comunidad internacional, todos los órganos de derechos humanos, den una respuesta mucho más directa frente a las necesidades que tiene la población, no sólo la población que se ha visto forzada a salir del país, sino también quienes permanecen en el terreno y aquellos que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad para hacer frente a esas cadenas de constantes violaciones que existen a sus derechos económicos y sociales, a la recuperación de la libertad. Por eso es necesario que las respuestas de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se hagan de forma coordinada también con las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos.

—Tiene consecuencias para los actuales representantes del Estado venezolano ignorar los informes de organismos e instancias internacionales y criminalizar al trabajo de las organizaciones de derechos humanos e incluso estigmatizar a los migrantes?

Sí, toda acción u omisión que el Estado haga en relación a sus obligaciones de respetar proteger y garantizar derechos puede generar responsabilidad internacional; es decir, mientras el Estado siga incumpliendo su deber de proteger derechos, siga reprimiendo y oprimiendo, siga ejerciendo control social y a la vez no investigue ni sancione a los responsables de las violaciones y por el contrario profundice el autoritarismo, afiance la criminalización contra quienes defienden y protegen derechos humanos sigue aumentando su expediente de abusos y violaciones cometidas. En ese sentido se hace más necesario el trabajo de quienes están documentando y denunciando esta situación para seguir incidiendo en los distintos mecanismos y presentando de forma rigurosa toda la información necesaria para alcanzar que lleguemos a procesos de verdad, justicia y reparación y que todas estas personas sean presentadas ante la justicia para rendir cuentas, y todas las víctimas y la sociedad en general sean reparadas de forma integral y así poder avanzar hacia la solución de esta crisis estructural de derechos humanos que existen en Venezuela.

—En el ámbito de la migración, aunque hay millones de venezolanos instalados en varios países de la región muchos han sido víctimas de xenofobia incluso por parte de las autoridades, pero además ha quedado evidenciado que varios los acuerdos suscritos por los Estados en años anteriores para proteger la migración venezolana han quedado casi en letra muerta. ¿Qué hacer para que haya un real cumplimiento y reconocimiento a la condición del migrante venezolano?  

—Ciertamente ha habido alguna respuesta efectiva, pero es necesario hacer más y hacerlo con una perspectiva de protección internacional, entender que las personas que están saliendo de Venezuela no son migrantes económicos, no son migrantes de tipo más tradicional, sino que son personas con necesidades de protección internacional que deben ser considerados como refugiados, por ende la respuesta que los Estados debe ir más allá de un carácter temporal, debe ser de carácter de durabilidad y en función de los principios de protección internacional y del respeto al principio de la no devolución, pues en función de la Declaración de Cartagena las causas por las cuales los venezolanos se ven obligados a salir del país los califica como personas con condición de refugiados y los Estados deben reconocerlo como tal y avanzar en la implementación de medidas en ese sentido especialmente con aquellas que están en condiciones graves de vulnerabilidad, como los caminantes y los que se van en embarcaciones.

—Pero aunque esta normativa humanitaria internacional existe hemos visto como de manera reiterada Trinidad y Tobago no respeta esos acuerdos ni el principio de no devolución y mantiene una política migratoria muy cuestionable

—Por eso por eso habla de que es necesario que la crisis de migración forzada venezolana no se vea como una situación de migración, sino como una situación de refugiados y allí la importancia de que los Estados empiecen a implementar medidas que sean adecuadas y se compaginen con la característica de la crisis de personas venezolanas que están saliendo del país;  es decir, que estas medidas por ejemplo de visados, de limitaciones para el ingreso, etcétera, sean flexibilizadas y atienda a las personas venezolanas que están saliendo del país refugiados, en consecuencia, atender a los principios de la no devolución, los principios de la protección internacional conforme lo establece el Derecho Internacional.

—¿Es posible que Trinidad y Tobago sea sancionado por su actual política migratoria hacia los venezolanos, sobre todo a raíz de los varios casos de embarcaciones desaparecidas y otras que han naufragado con ciudadanos que ellos han devuelto?

—Pues la responsabilidad internacional de los Estados puede derivarse por violaciones cometidas en su territorio, y lo que estamos viendo en el caso de Venezuela es que pudiese haber una declaratoria de responsabilidad, por eso hemos visto como incluso en el caso de Trinidad y Tobago se han emitido medidas cautelares de protección, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas que están llegando a ese país, pues los Estados tienen responsabilidad internacional conforme la normativa internacional. Incluso, las víctimas pueden presentar los casos ante organismos judiciales como la Corte Interamericana o en el marco del Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas en caso de que Trinidad y Tobago sea miembro de este pacto.

—También se presenta un tema político, pues Trinidad y Tobago ha dicho que en el seno de la OEA no participará más hasta que el representante de Maduro se incorpore y se niega a atender cualquier exhorto sobre la migración venezolana de ese organismo

—Sí, efectivamente de la crisis política que existe en Venezuela ha generado afectación en la totalidad de los derechos, ha tenido consecuencias y sigue teniendo consecuencias, no sólo en cuanto a los derechos humanos de las personas que permanecen en el país, sino también de quienes han salido, por eso es necesario avanzar en la construcción de mecanismos estructurales que contribuyan a solventar esta crisis derechos humanos que existe y al restablecimiento de la institucionalidad, la recuperación de las libertadores y que finalmente cesen la totalidad de las violaciones.

—2021 parece un año de enormes retos y riesgos para la labor de los defensores de derechos humanos si vemos los acosos y allanamientos que han sufrido recientemente algunas organizaciones y la nueva orden de fiscalizar sus recursos. ¿Cómo ve el escenario para el próximo año?

—Desde el Centro para los Defensores y la Justicia hemos ido alertando como 2020 fue un año de profundización de toda la política de criminalización, y efectivamente 2021 se presenta como un año de retos, un año en el que los riesgos estarán incrementándose por una serie de medidas fácticas e ilegales no apegadas a la Constitución con las cuales se ha amenazado aplicar; en ese sentido va a ser necesario aumentar los medios de protección y tratar de seguir haciendo el trabajo de documentación y de acompañamiento a las víctimas lo más protegidos posibles, y seguir insistiendo que defender derechos humanos, que ejercer acciones humanitarias, no es un delito, que no debe ser criminalizado el trabajo de todas estas personas y que la labor de estas organizaciones es necesaria para atender las necesidades de la población y especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad que necesitan respuestas frente a un Estado que lejos de cumplir con sus obligaciones profundiza la crisis. //

Fuente Oficial: Bloque Constitucional