(Caracas, 03.02.2018, Jo D’Elia / Crisis en Venezuela). El director ejecutivo de Civilis DDHH, Jo D’Elia, considera que –pese a las adversidades– el movimiento de derechos humanos en el país da grandes aportes para lograr la reconstrucción de la nación y volver a un sistema de plenas libertades. Su vida transcurre en una incansable dedicación a la investigación, promoción y defensa de los derechos de la sociedad civil

Probablemente no hay organización o movimiento de derechos humanos en Venezuela que desconozca quién es Jo D’Elia, pues bien sea como miembro, investigador, asesor o colaborador ha participado en gran cantidad de grupos orientados a la defensa, promoción y monitoreo de la situación de DDHH en el país. D’Elia perdió la cuenta de cuántos documentos, informes y publicaciones se han producido gracias a su trabajo como investigador.

El director ejecutivo de Civilis DDHH es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello y formado como investigador en Políticas Sociales. Comenzó su andar como investigador en el sector público, al que dedicó 15 años. Desde allí decidió darle a su trabajo un enfoque con perspectiva de derechos humanos, “uniendo esos dos mundos”, como él mismo señala. Siguiendo esa perspectiva, en 2006 fundó la organización no gubernamental Convite junto a Luis Francisco Cabezas con la idea de confluir las políticas sociales con los DDHH. Con los años se incorporó a Sinergia, donde fue asesor y actualmente forma parte del consejo consultivo. También integra el equipo de investigadores del capítulo de salud del Informe Anual de Provea. A su vez es colaborador de organizaciones que trabajan el derecho a la salud como Codevida, Acción Solidaria y otras dedicadas al tema VIH.

— ¿Cómo se siente al dedicar su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos sobre todo en un país en el que ese trabajo resulta tan cuesta arriba?

La labor de defensa de derechos humanos es parte de mi proyecto de vida, para eso es que soy útil, y transité mucho buscando este espacio hasta que al final lo encontré sabiendo desde muy temprano lo que quería hacer. Después que uno encuentra su lugar no hay vuelta atrás ni forma de renunciar. Desde mi experiencia no hay mejor lugar que éste para comprender que la vida humana y la vida social se abren paso y consiguen triunfar con perseverancia, respeto por el otro y confianza en nosotros mismos. De allí saco las fuerzas para continuar.

—¿Cuál fue la idea de crear Civilis?

La organización nació en un momento en el que junto con mi colega y compañero en esta iniciativa Feliciano Reyna veíamos con preocupación que crecían las restricciones legales que afectaban la labor de la sociedad civil. En ese entonces el tema de la sociedad civil no había sido elevado como problema ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos dimos a la tarea de elaborar un informe sobre la situación de la sociedad civil en Venezuela que consignamos, como individualidades, ante la CIDH en 2009. A ese documento le llamamos “informe comprensivo” porque explicábamos lo que ocurría y en el contexto en que se estaban dando los hechos, cuáles eran las principales amenazas que afrontaba la sociedad civil y las restricciones que se le imponían. Entonces constituimos Civilis como una organización de promoción de derechos humanos que respalda todo aquello que fortalezca el espacio de la sociedad civil, ese que los propios ciudadanos crean por sí mismos para participar en la esfera pública y tener incidencia. Trabajamos en la promoción de cinco derechos: libertad de asociación, reunión y participación pacífica, libertad de expresión, participación política y defensa de los derechos humanos. Promovemos esos derechos bajo los estándares internacionales, los defendemos a través de cantidad de acciones, los investigamos y documentamos constantemente, elaboramos informes, denunciamos ante la instancia que corresponda, ejercemos acciones con otras ONG y apoyamos el fortalecimiento de la sociedad civil a través de herramientas, conocimientos, procesos de nuevas formas de organización. Un elemento fundamental es que ayudamos a fortalecer el movimiento de derechos humanos porque tiene una gran contribución a lo que puede hacer la sociedad civil. Para nosotros es primordial el principio de autonomía y ayudar a las asociaciones y organizaciones a que crezcan por sí solas. Trabajamos también con el movimiento internacional de derechos humanos representado en Civicus (Alianza Mundial de Participación Ciudadana). Y a partir de la fundación de Civilis presentamos cada año los informes comprensivos ante la CIDH y hemos ido incorporando informes especiales en temas específicos.

—¿Cuáles son esas restricciones a la sociedad civil que los motivó a crear la organización?

Desde el año 2000 había una tendencia de parte del Estado de desconocer la legitimidad de la sociedad civil venezolana y de intentar encerrarla en un concepto estatista en el cual debía cumplir una serie de condiciones para que fuese un actor con el cual el gobierno pudiera relacionarse. Pero en el año 2010 ocurrió algo muy importante, y fue la aparición del denominado poder popular dentro del I Plan Socialista que le dio carácter de ley a esa figura aunque fue rechazada en el intento de reforma constitucional del presidente Chávez. Desde ese momento comenzaron a promulgarse leyes que afectaban a la sociedad civil, la primera fue la Ley del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento, y otras leyes cuyos contenidos fueron trasladados a otras 60 vigentes en las que toda mención a la sociedad civil o a organizaciones autónomas se borró del ordenamiento jurídico y se cambió por la denominación de organizaciones del poder popular. A partir de allí el gobierno comenzó a incorporar organizaciones del poder popular en sus políticas y les construyó espacios, mientras que a las organizaciones de la sociedad civil les creó su paralelo que responde a los intereses del Estado. Luego vinieron leyes con patrones de criminalización y represión como la Ley de Soberanía y Autodeterminación Nacional, que prohíbe el financiamiento internacional para las organizaciones; la Ley de Reclutamiento Militar, la Ley contra el Terrorismo, que califica como sospechoso cualquier tipo de financiamiento independientemente de la fuente de dónde provengan los recursos; y ahora la ley contra el odio que vulnera la libertad de expresión con sanciones penales y afecta los demás derechos, convirtiendo el odio en delito de manera arbitraria y discrecional por organismos ilegítimos como la ANC para juzgar a la disidencia o a quienes sean considerados incómodos para el Estado, y allí entramos todas las organizaciones.

—¿En qué está trabajando Civilis actualmente frente a la situación de DDHH en el país?

En varias líneas. Una de ellas son las capacidades de resiliencia cívica que debe desarrollar la sociedad civil en Venezuela para continuar trabajando en el contexto actual de características opresivas a fin de contribuir al rescate de la democracia. Otra línea es reforzar la documentación de las violaciones a los derechos humanos que se dan de manera masiva y con patrones sistemáticos en casi todo el país, pues por la magnitud en que ocurren hemos empezado a incorporar nuevos métodos de documentación porque de eso depende hacer justicia. Otro tema en el que trabajamos desde 2015 es en la capacidad de articular el movimiento de DDHH a través de nuevas formas de organización que permitan que organizaciones en el país puedan mantenerse en contacto y que haya un intercambio frecuente y fluido de ideas, experiencias, respaldos y protección. El otro foco de trabajo es la incidencia internacional, tenemos experiencias como el Examen Periódico Universal de 2011, que fue el primero que hizo Venezuela y fue coordinado por nosotros. En el de 2013 participamos en informes, luego en 2015 vinieron los exámenes de los pactos de derechos civiles y políticos, y de derechos sociales y culturales para los que apoyamos la participación de alianzas entre organizaciones para que tuvieran voz en esos espacios. Después vino el segundo ciclo de EPU entre 2016-2017, sobre eso estamos en el trabajo de seguimiento porque a raíz de esa participación la sociedad civil venezolana logró no solo que se diera mayor visibilidad a la grave situación de DDHH en el país, sino que produjo más de 400 recomendaciones que prácticamente son una agenda de reconstrucción del país y tienen un carácter vinculante porque el Estado debe cumplirlas. Estamos trabajando en la aplicación de una nueva metodología de seguimiento con la página Examen ONU Venezuela, que surgió de las experiencias de un conjunto de organizaciones.

—¿Desde la fundación de Civilis en 2010 han observado un deterioro en el tema de los derechos humanos en Venezuela?

Ha habido un agravamiento en todos los derechos que monitoreamos porque funcionan de manera interdependiente, al afectar uno eso incide en los demás. Por ejemplo, uno de los más afectados es el derecho a la manifestación pacífica, que a su vez repercute en la libertad de asociación. Y hay que destacar los patrones: uno es el no reconocimiento a la sociedad civil por parte del Estado; la criminalización de la sociedad civil al considerarla como un enemigo, hacia ella crean discursos estigmatizadores que la colocan bajo un manto de sospecha de delitos como traición a la patria, desestabilización, entre otros. Un tercer patrón es la represión cuando la sociedad civil se expresa o manifiesta a través de la reunión o manifestación pacífica. Ante estos patrones hay un elemento que está muy presente al que ha apelado la sociedad civil –que se divide en dos– y es el derecho a acudir a los sistemas internacionales dado que no existe justicia ni derecho a la defensa en el país, no consigue que sus demandas sean escuchadas ni atendidas, ni que instituciones puedan protegerla, entonces se recurre a esos sistemas para pedir ayuda a través de los mecanismos de protección y asistencia humanitaria.

—Cree que tras las graves violaciones a derechos humanos que se intensifican cada vez más en Venezuela y con la ley contra el odio que persigue toda expresión crítica al gobierno la sociedad civil y la población en general sigan ganadas a continuar exigiendo el respeto a sus derechos?

En efecto el contexto país ha ido reduciendo la capacidad para que la sociedad civil actúe, pero aun así han surgido nuevas organizaciones y eso es algo importante que hasta ahora no se había visto en Venezuela, e incluso algunas han crecido rápidamente por las articulaciones que han logrado. El espacio de la sociedad civil ha sido de acogimiento, se ayuda entre sí para mantenerse. En estos momentos tan duros han surgido nuevas formas, actores y capacidades. La sociedad venezolana ha entendido que la participación es una vía para ser ciudadanos, luchar por la democracia, por el Estado de Derecho y por la exigencia del respeto a los derechos humanos, porque no estamos reclamando favores ni benevolencia del Estado. Un papel de la sociedad civil es fortalecerse a sí misma y creo que se ha logrado a pesar de todos los embates. Eso no quiere decir que no estemos en una situación cada vez más compleja, pero apostamos y tenemos esperanza en que la sociedad civil va a tener un rol determinante en el rescate de la democracia.

—¿Y en el caso de los defensores de DDHH persiste ese mismo espíritu?

Igual, los defensores son un frente muy importante de la sociedad civil porque le recuerdan la necesidad de defender sus derechos y que mantenga la confianza en sí misma, porque ese es un elemento esencial, es la base de los procesos para encontrarle soluciones a todos los problemas y a las adversidades que estamos viviendo. Siempre hemos sido blanco de criminalización, objeto de ataques desde hace por lo menos 10 años, aunque en tiempos recientes se han incrementado y convertido en patrones sistemáticos desde 2014. Los riesgos han sido permanentes, pero se ha agudizado la adversidad y eso nos pone frente a mayores retos. De las estigmatizaciones pasamos de la criminalización, y de allí a las agresiones porque somos considerados enemigos.

—Esos patrones que afectan a toda la sociedad…

Completamente, y de 2015 a 2017 se sumó un contexto más opresivo para la sociedad que es de adversidad múltiple; es decir, abiertamente se ha quebrado el sistema democrático para instaurar un sistema de características autoritarias o dictatoriales, cuyas figuras más influyentes son los Estados de Excepción y la Asamblea Nacional Constituyente, hasta llegar finalmente a lo que prácticamente terminará de quebrantar la democracia: unas elecciones presidenciales que no garantizan las mínimas condiciones. Ese es un hito importante en la historia que podría ponernos ante un escenario de opresión mucho más fuerte.

—El presidente Maduro dice que no le importa que lo llamen “dictador”, pero cada vez que la comunidad internacional impone sanciones a sus funcionarios reclama que se les están violando los DDHH. ¿Qué opina de eso?

Hay que entender que en función de preservar el poder de los grupos que lo apoyan y para imponerse a una sociedad, el sistema –que va contrario a las libertades y la democracia– tiende a recurrir a discursos orientados a manipular, a tergiversar todo lo que considere amenazas a sí mismo, Ahora, es interesante que el presidente diga eso porque aun imponiendo ese sistema por la vía de facto, el gobierno espera que la población lo respalde, y está equivocado porque pretende que se le quiera a pesar del daño que le están causando a la población.

—¿Y los nuevos bonos que está dando no lo ayudan a obtener ese respaldo?

Ni aun así, porque puede que la gente los reciba por necesidad, pero el gobierno no logrará que lo quieran y lo apoyen. La legitimidad de un gobierno descansa en el respeto a la dignidad y a las personas. De hecho, lo que está creando es su propia destrucción, a mediano o largo plazo, porque las dictaduras siempre caen, se autodestruyen a menos que cuenten con el apoyo de la comunidad internacional; pero el ejercicio autoritario y arbitrario del poder genera su propia destrucción, no hay manera de que cuente con un apoyo genuino, más allá del respaldo condicionado y manipulado.

—¿Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios del gobierno son la respuesta que las organizaciones de DDHH esperan de la comunidad internacional?

La solicitud o reclamo del movimiento de derechos humanos venezolano, podría generalizar, no son exactamente sanciones, sino que el Estado cambie sus patrones de conducta y cumpla lo que es su obligación, además de demandar al sistema internacional de protección y a la comunidad internacional que utilice todos sus canales regulares para la resolución de los conflictos ante la situación dramática que hay en Venezuela. En el sistema de protección el llamado público de atención es que el gobierno está cometiendo violaciones y que hay responsabilidades que tendrá que afrontar después, porque cuando un gobierno viola derechos humanos de manera grave y sistemática, y no muestra disposición a cambiar ni a reparar los daños esos hechos se convierten en crímenes de Estado y existen tribunales internacionales para juzgar a los responsables. Sin embargo, los sistemas internacionales están en su derecho de aplicar sanciones, y el presidente lo sabe porque el Estado venezolano suscribió convenios internacionales y al hacerlo aceptó los términos, sabe que los gobiernos están sometidos a esas normas que ya están preestablecidas.

—¿Qué puede ejercer más presión, las sanciones internacionales o las acciones de la sociedad?

La comunidad internacional puede ayudar, pero no hacerse parte ni suplir lo que la sociedad venezolana debe hacer por las vías pacíficas y democráticas, solo puede apoyarla y canalizar sus peticiones y solicitudes. En estos momentos la participación de la comunidad internacional es importante para los procesos de cambio que puedan ocurrir en Venezuela, pero eso requiere tanto de la población como de la sociedad civil compromiso, conciencia, fortaleza y resiliencia, y lo estamos demostrando.

Entrevista realizada por Crisis en Venezuela