(Columna del Laboratorio de Paz para el Diario 2001)

Con esfuerzos organizativos cuyo inicio se ubican en la década de los 70´s, el movimiento indígena del país celebró el catálogo de derechos que fueron incluidos en 1999 en el capítulo VIII de la Constitución (CRBV), los cuales reconocían sus demandas históricas, entre ellas su derecho a la tierra.

El lapso de dos años para realizar el proceso de demarcación elevó las expectativas hasta el infinito. Muchas comunidades comenzaron a organizarse para realizar su propio proceso de demarcación, por lo que mediante la tradición oral y el conocimiento de los ancianos realizaron “mapas mentales” que luego fueron llevados al papel.

La comunidad Yekuana del Alto Orinoco, en el año 2.000 fue la primera en finalizar la autodemarcación de su territorio, lo cual se convirtió en un importante precedente reconocido tanto en las Comisiones Nacionales y Regionales de Demarcación como en la propia Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

Aquellos primeros tiempos fueron años intensos de trabajo que tropezaron paulatinamente con dos obstáculos: La pérdida de voluntad política del Ejecutivo Nacional para cumplir lo establecido en la CRBV y la electoralización partidista de la agenda del propio movimiento indígena.

Como lo comentó el abogado e investigador Vladimir Aguilar, la pérdida de autonomía de las organizaciones aborígenes llegó al punto que el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) renunció a sus siglas para poder participar electoralmente bajo el paraguas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “perdiendo así su identidad indígena y asumiendo para ejercer su derecho a la participación política, una identidad ajena”.

Según cálculos de los grupos de derechos humanos, a la fecha apenas se habrían entregado el 4% de las tierras tradicionales indígenas del país.

“Indio sin tierra es indio muerto”, comentó en el pasado Seminario Internacional por la Demarcación de los Territorios Indígenas, realizado en la Universidad de Los Andes, Esteban Rodríguez, vocero de la organización Yekuana “Kuyunu” de Amazonas.

De manera irregular, las comunidades originarias del país están reconstruyendo su agenda de reivindicaciones, teniendo a la demarcación de primero en la lista. Este trabajo pasa, a su vez, por recuperar la autonomía e independencia de sus organizaciones tradicionales.

La experiencia más prometedora es el proceso que están experimentando las iniciativas de Amazonas –que posee la mayor proporción de habitantes indígenas del país por entidad estatal-, con los debates instalados dentro de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM).

De manera intuitiva, en afinidad con su propia cosmovisión, estos emprendimientos reemprenden el ejercicio del derecho a la libre asociación: Unirse y actuar juntas, del modo que mejor se considere, para procurar fines por voluntad propia, en beneficio de sus miembros, de la comunidad o de la sociedad en general, actuando colectivamente con plena autonomía e independencia.

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