(Caracas, 02.05.2023). El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible reafirma su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el objetivo de que nadie se quede atrás ni afuera. Trabajamos de manera permanente dando seguimiento a la Agenda, aportando y construyendo desde la territorialidad.
Con alarma advertimos que por el camino actual no se alcanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni sus metas, especialmente en áreas sustanciales para la vida como son la salud, la educación, igualdad de género, incluyendo las tecnologías, el acceso al trabajo decente, a la protección social, a la vivienda digna, al agua, al cuidado del medio ambiente, la justicia y a la participación igualitaria.
En Latinoamérica y el Caribe enfrentamos un enorme incremento de la pobreza. Ello agudiza la crisis sanitaria y la del agua, afectando especialmente a las mujeres, las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y a las personas mayores. La vulneración de los derechos humanos en nuestros países tienen rostro: mujeres, niños, niñas y adolescentes, juventudes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTQI+, personas que viven con VIH, migrantes, personas trabajadoras, incluyendo las precarizadas, informales y trabajadoras sexuales, los pueblos originarios, población rural y afrodescendientes.
Por ello, exigimos el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, así como la inclusión y participación de representantes de todos los sectores sociales en la búsqueda de soluciones para el logro de los Objetivos y Metas de la Agenda 2030, teniendo como base los derechos humanos.
Proponemos la construcción de economías y sociedades post extractivistas. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica estructural y justa, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos. Es necesario transitar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, des mercantilizadas y a modelos de movilidad colectivos, seguros y de calidad.
Afirmamos el acceso al agua como derecho humano, por lo que es fundamental mejorar los marcos normativos para su regulación y protección. Es urgente priorizar el agua para la vida y no para el modelo de producción extractivista y de lucro. Exigimos pasar de un enfoque de agua potable y saneamiento a la gestión integrada de los recursos hídricos, con la participación efectiva de los pueblos, las comunidades y principalmente las mujeres.
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