Situación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela – 2011

Breves antecedentes de la sociedad civil

En los años 30 y 40, los movimientos cívicos en Venezuela se formaron en la dinámica de las causas democráticas –El Movimiento de los Derechos Humanos en Venezuela, 2009 (CDH UCAB). Estos movimientos fueron protagonizados por los partidos políticos, las organizaciones estudiantiles, las sindicales y las de la Iglesia Católica. En los años 60 y 70 se desarrollaron grupos de acción popular y grupos eclesiales de base, pero hasta ese momento, los partidos políticos ocupaban el lugar preponderante de las relaciones Estado-Sociedad –El Polo Asociativo, 2010 (Cisor).

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil venezolana nacieron y crecieron en un contexto democrático –La Sociedad Civil en Dos Tiempos, 2003 (Salamanca). En los años 60 y 70 surgieron muchas organizaciones con la finalidad de atender grupos específicos en áreas relacionadas con la asistencia social a terceros, el cooperativismo, la denuncia contra cuerpos de seguridad del Estado y el apoyo a las víctimas, lo que no siempre exigió una articulación amplia, más allá del propio sector en el que se desempeñaban.

Durante los 80 y 90, florecen las organizaciones con fines orientados hacia el interés general de los ciudadanos y de la sociedad en la reivindicación de la protesta y la participación ciudadana, la ejecución de programas sociales, la educación popular y el desarrollo de las prácticas de defensa en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional –Organizaciones de Ciudadanos y Política en Venezuela, 2001 (González). Esto ocurre en medio de un severo deterioro económico y social del país, y una extendida crisis de legitimidad de los partidos y los sindicatos, y del sistema de representación política.

En 1998 la sociedad civil venezolana se involucró activamente en el proceso constituyente, de manera articulada y dentro de una mayor claridad de sus roles respecto al Estado, los partidos, las iglesias y los sectores económicos. De ello resultó una Constitución de las más avanzadas en el reconocimiento de libertades para la asociación, la expresión y la participación como garantías de democracia, estado de derecho, justicia social, vocación de paz y cumplimiento de los derechos humanos.

Extensión de la vida asociativa en años recientes 

Para tener una mejor idea sobre la sociedad civil venezolana, es importante conocer la extensión de la vida asociativa en años recientes. Una aproximación sencilla es saber el número de personas asociadas voluntariamente, para qué se asocian y la cantidad de asociaciones existentes.

La vida asociativa provee de referencias de la actividad religiosa, cultural, social, económica y política en el plano colectivo, y da cuenta de los niveles de cooperación, organización e integración de una sociedad. Este dato es relevante para evaluar el grado de conciencia que la sociedad tiene de si misma, aspecto necesario pero no suficiente para determinar la fuerza de la sociedad civil.

En los estudios sobre la vida asociativa en Venezuela, se concuerda que el interés de los venezolanos/as por asociarse ha sido históricamente bajo en comparación con otros países de la región; y que este interés ha ido pasando por varios ciclos: del protagonismo político (partidos y sindicatos) al social (socio-comunitarias, religiosas y económicas) y de éste al cívico (organizaciones de interés público).

Los datos indican que actualmente 23% de los venezolanos/as se encuentra participando en asociaciones, lo cual es un porcentaje no tan pequeño pero si inferior al promedio de la región –Índice Civicus Sociedad Civil en Venezuela, 2010 (Sinergia) Además, en Venezuela la participación en acciones comunitarias y el activismo individual parece ser mayor que la participación asociativa. En la región, por el contrario, la participación asociativa es superior al activismo.

Tipos de Participación	Venezuela	Promedio Región
Participación Comunitaria	32%	43%
Activismo Individual	26%	31%
Participación en Asociaciones	23%	34%
Voluntariado Social	18%	28%
Participación en Partidos	14%	19%
Voluntariado Político	10%	16%
Índice de Sociedad Civil / Sinergia 2010

Otro datos revelan que la participación en asociaciones es más alta en aquellas  que tienen fines religiosos, deportivos, vecinales, culturales y educativos. En segundo lugar se encuentra la participación en asociaciones de base o comunitarias; y en tercero, la participación en asociaciones políticas, sindicales, gremiales y de derechos humanos.

Además de ser relativamente baja, la participación en asociaciones parece haber descendido.  Muchas asociaciones han desaparecido o se han debilitado al extremo por efecto de restricciones aplicadas por el Estado a su labor (suspensión de subsidios, desalojo de establecimientos, expropiación de bienes, condicionamientos políticos, exclusión de los espacios de diálogo y consulta, reserva de información pública, hostigamientos, entre otros).

Todas las organizaciones existentes han sido de alguna manera perjudicadas: los sindicatos, los gremios y los colegios profesionales, las de cultura, las de periodismo, las religiosas, las educativas, las comunitarias, las de salud, las de ambiente y las de derechos humanos.

Sin embargo, existe la percepción de que la participación, principalmente en los sectores populares, creció en la última década. Esto obedece, por un lado, a que el Estado ha creado para sus propios fines una gran cantidad de organizaciones comunitarias, cooperativas, sindicatos, gremios y organizaciones políticas, con abiertos propósitos discriminatorios de las organizaciones autónomas. Destacan un número significativo de Consejos Comunales –Participación Socio Política en Venezuela, 2008 (UCAB-Gumilla).

Por otro lado, ante un profundo debilitamiento institucional, elevados índices de violencia y la imposibilidad de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad venezolana, han escalado en forma exponencial los conflictos sociales, canalizados por los ciudadanos a través de marchas, protestas, asambleas y peticiones con una muy baja incidencia en las autoridades del Estado –Participación Política del Venezolano, 2003 (Reverón y Vargas).

De acuerdo con datos de Provea, entre los años 1995 y 1997, las protestas ocurrían en un rango de 300 a 600 por año. En el año 1998 aumentaron a 855 y en el 2000 a 1.414. A partir de allí, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) –Informe Conflictividad Social, 2012– ha venido reportando un crecimiento sostenido de las protestas, alcanzando un total de 3.315 en el 2010, 5.338 en el 2011 y 5.483 en el 2012 –Informe Conflictividad Social, 2011.

Organizaciones comunitarias

El Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) estimaba que para el año 1988 existía un total de 1.432 organizaciones de base, sin incluir las cooperativas. Los estudios indicaban que la mayoría de estas organizaciones se fundaban con fines deportivos, religiosos y educativos.

A partir del año 2003, el Estado se dedica a generar intensos procesos de organización comunitaria para apoyar la instalación de las Misiones Sociales en los sectores populares. Hasta el año 2004, el Estado reportaba la existencia de casi 6.000 Comités de Tierra Urbana e igual número de Comités de Salud.

Estas figuras fueron desplazadas posteriormente por los Consejos Comunales. Su marcada orientación hacia una participación centrada en la gestión pública y no en la incidencia sobre los procesos de adopción de decisiones públicas o en el fortalecimiento de la vida colectiva, contribuyeron a su transformación en organizaciones estatales, con poca o ninguna autonomía para trabajar por los genuinos intereses ciudadanos y comunitarios.

En los últimos años, la deformación y debilitamiento de las instituciones públicas por una parcialidad política que ignora y quebranta las garantías constitucionales y democráticas con plena impunidad, debilitaron aún más estas figuras y altamente susceptibles a ser utilizadas como medios de coacción hacia sus propios miembros y de discriminación y exclusión de los que no pertenecen.

Comités de Tierra Urbana (CTU)

En febrero de 2002, el Estado dio inicio a un Proceso de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, mediante el Decreto 1.666 (Gaceta Oficial Nº 37.778). En este decreto se crearon los Comités de Tierras Urbanas (CTU), definidos como modelos de organización horizontal y autónomo para la adquisición del título de propiedad de la tierra de un sector o comunidad, así como para buscar soluciones a los problemas de tipo urbano.

Andrés Antillano, Comites de Tierra Urbana, 2005 (Antillan0) describe los principales rasgos de estas organizaciones:

“Los CTU tienen un conjunto de rasgos característicos. En primer lugar, su dimensión territorial. Cada Comité está adscrito a un territorio claramente delimitado, no mayor de doscientas familias, que delinea una unidad urbana y social. Para esto, la comunidad define su territorio o poligonal

(aunque puede ser modificada por la Oficina Técnica Nacional para la Regularización (OTN) o la dirección de catastro respectiva) atendiendo a lo que los vecinos perciben como su comunidad (…). Otra característica es la legitimidad de los CTU, elegidos en asambleas con la participación mayoritaria de los vecinos…”.

Entre las características positivas de estas organizaciones, Antillano señalaba:

• Su carácter de espacio definido por la identidad colectiva y las interacciones cara a cara entre los miembros de la comunidad.
• Su legitimidad al ser elegidos en asambleas con la participación mayoritaria de los vecinos, con predominio de las mujeres.
• Su flexibilidad y versatilidad, porque facilitaba los procesos de organización sin intermediarios (partidos, funcionarios, ONG).
• Su carácter autónomo del Estado y de los partidos, aunque existía un clima de tensión entre los sectores movilizados y las instituciones gubernamentales.

Desde el año 2003, los CTU fueron las principales catalizadores de las Misiones Sociales en las comunidades, en particular las misiones educativas, la de salud y las relacionadas con vivienda. En marzo de 2005, la Asamblea Metropolitana de los Comités de Tierra Urbana – CTU, propone al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, en el marco de la Misión Vivienda y Hábitat (MVH), trabajar conjuntamente en las políticas integrales de hábitat.

Dicha propuesta llamada “Democratización de la Ciudad y Transformación Urbana”, contemplaba la creación de Centros de Participación para la Transformación del Hábitat (CPTH) y la transformación gradual de los CTU en estos centros, para ampliar sus áreas de acción más allá de la regularización de la tenencia de la tierra. Las áreas de participación propuestas por los CTU eran:

• Democratización del suelo, como forma de acceso a la tierra.
• Transformación integral de barrios y urbanizaciones populares, como forma de desarrollo integral de la comunidad y no como imposición de decisiones tecnocráticas.
• Nuevos asentamientos, como modelos progresivos e integrales, incorporando servicios comunales y actividades productivas que los hagan sustentables.

Pero, en septiembre de 2005, se produjo un cambio de autoridades en el Ministerio, lo cual trajo como consecuencia una reorientación significativa de la política. En particular, los CTU se vieron desplazados en cierta medida por una nueva figura organizativa impulsada por el Ministerio: las Organizaciones Comunitarias Autogestionadas – OCA.

Actualmente, según datos de la Encuesta de Pobreza de la UCAB (2007-2008) un 2% de la población pertenece a los CTU.

Comités de Salud

En los años 80, a través de las direcciones regionales de salud, el Estado inicia la conformación deComités de Salud. Estas primeras iniciativas tenían un carácter preventivo y de apoyo a los censos sanitarios y a las campañas de vacunación. En los años 90, el Ministerio de Salud promovió la constitución de Juntas sociosanitarias y sociohospitalarias con representantes del Ministerio, las gobernaciones y la comunidad. Asimismo, con la descentralización política ocurrida en 1989, varias gobernaciones ensayaron modelos de organización comunitaria en programas de salud de atención primaria.

Frente a la coyuntura electoral de los años 2003-2004, el Estado decidió crear la Misión Barrio Adentro (MBA) bajo el modelo de atención de la medicina cubana. Con la MBA se crearon cerca de 6.000 consultorios en casas de familia. Los Comités de Salud reaparecieron para apoyar la labor de 14.000 médicos cubanos y adoptaron una gran cantidad de funciones: alojamiento, alimentación y seguridad del médico, asistencia a su trabajo, resguardo de los centros, censos y visitas en terreno, gestión de insumos y equipos ante autoridades y jornadas de prevención Participación en Salud. 2012 (Olivares).

A partir del 2004, se crea una Comisión Ad Hoc para desarrollar un plan de construcción de módulos, a los cuales se trasladarían los consultorios. Este plan cumplió apenas el 35% de la meta y creó tensiones en las comunidades por el traslado de los médicos a lugares más alejados. Desde ese momento bajaron las visitas de terreno y el nivel de participación de los Comités. Los que continuaron asumieron funciones públicas y a causa de las debilidades de la MBA, en el 2009 el Presidente de la República admitió que 50% de los módulos habían sido “abandonados”, mientras que otro 25% trabajaban a medio turno.

No existen datos actualizados de cuántos Comités de Salud siguen activos y cuántos se han desmembrado. En un estudio realizado por el Observatorio Comunitario por el Derecho a la Salud, coordinado por la ONG Convite, en 11 comunidades de 4 estados del país durante los años 2006 y 2007, se encontró que 33% de las personas entrevistadas había participado en alguna organización comunitaria vinculada a la salud Informe Derecho Salud, 2007 (Convite).

Actualmente, según datos de la Encuesta de Pobreza de la UCAB (2007-2008) un 1.1% de la población pertenece a Comités de Salud y 0.6% perteneció anteriormente. Las principales dificultades que afrontaron los Comités de Salud fueron Diez años de Políticas de Salud, Informe Anual 2010-2011 (Provea):

1. Constitución como única forma de organización comunitaria válida para tratar los asuntos de salud.
   2. Transferencia a sus integrantes de responsabilidades públicas, debido al impedimento del Ministerio y las direcciones de salud de las gobernaciones para intervenir en la actividad del personal cubano.
   3. Extrema dedicación diaria de los/as voluntarios/as a las actividades del consultorio, sin ninguna retribución ni facultades para tomar decisiones.

Consejos Comunales

Al debilitarse las Misiones Sociales, el Estado dirigió sus prioridades a la conformación de organizaciones de carácter territorial denominados Consejos Comunales (CC). En el 2002, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP) como órganos para la planificación del desarrollo municipal con el concurso de los gobiernos municipales, los Consejos Comunales y los Consejos Parroquiales.

La creación de los CC fue posteriormente objeto de una ley especial en el año 2006, separándolos de los CLPP y estableciendo una relación directa de éstos con el Ejecutivo Nacional. Por parte de éste, la relación con los CC fue asumida por el actual Ministerio de las Comunas y Protección Social Consejos Comunales y Derechos Humanos, 2009 (Provea). Según la ley y los lineamientos de este organismo, las funciones de los CC eran:

• Articular las organizaciones de base y promover nuevas organizaciones.
• Elaborar un Plan Único de Trabajo y promover la elaboración de proyectos para resolver los problemas de la comunidad que estén a su alcance con sus propios recursos.
• Ejercer la contraloría social en todas las actividades que desarrolle el Estado, el sector privado y los propios grupos comunitarios en la comunidad.

En el 2009, se reforma la Ley de los Consejos Comunales, obedeciendo al nuevo ordenamiento jurídico que establece un nuevo Estado Comunal o del Poder Popular. En esta ley pasaron a denominarse Consejos Comunales Socialistas (CCS) para cumplir las siguientes funciones:

• Gestionar directamente las políticas públicas y proyectos, con autorización de la Asamblea de Ciudadanos y la validación del Ministerio.
• Cumplir con deberes de disciplina, solidaridad, participación y corresponsabilidad social, entre otros.
• Integrarse para conformar las Comunas y elegir a los miembros del Parlamento Comunal como su órgano de gobierno.
• Impulsar la propiedad social y construir la sociedad socialista.

A través de estas figuras, el Estado ya no reconoce otra forma de participación ciudadana sino aquella que desempeña funciones públicas y responden a fines y normas dispuestas por organismos del Estado. Tal como ahora están concebidos, las cifras oficiales reportan cerca de 20.000 CCS registrados en todo el territorio nacional. Pero, contrario a lo esperado, han perdido capacidades para la acción comunitaria. Dado el uso que se les ha dado desde el Estado y del partido de gobierno, el elevado número de CCS constituidos no parecen estar profundizando la democracia venezolana Los Consejos Comunales, 2011 (Goldfrank).

Los CCS son autorizados por el Ministerio de las Comunas y Protección Social y tienen articulación con la Milicia Bolivariana, el Frente Francisco Miranda, las organizaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –Frentes, Patrullas y Unidades de Batalla, los Colectivos y los activistas del Movimiento Revolucionario Tupamaro. Además, gravitan alrededor de los CCS los siguientes grupos y organizaciones:

• Los Comités Voluntarios del Poder Popular por la Cultura.
• Las Unidades de Producción Audiovisual Comunitaria.
• Los Medios Comunitarios Alternativos.
• Las Organizaciones Socio-Productivas de Propiedad Social.
• Las Organizaciones Campesinas.
• Las Brigadas Socialistas de Trabajo para la Autoconstrucción de Viviendas.
• Los Comités de Tierra Urbana.
• Las Mesas Técnicas de Agua.
• Los Comités de Salud.
• Los ciudadanos y las familias beneficiarias de las Misiones Sociales.
• Los Comités de Derechos Humanos, creados por la Defensoría del Pueblo.
• Los ciudadanos elegidos para conformar Jurados en tribunales municipales.
• Los grupos de apoyo para los penados que deban cumplir régimen sustitutivo de libertad.
• Las Brigadas Territoriales y las de Comunicación Popular de Niños, Niñas y Adolescentes.
• Los Colectivos de las Zonas Educativas y los Colectivos de Educación Popular.
• Los Jóvenes Hacedores de la Patria y Frentes Milicianos Estudiantiles.
• Los Comités de Igualdad de Género, Comités de Mujeres y Frentes de Mujeres Socialistas.
• Las Comunas Socialistas.

El Estudio Participación socio política en Venezuela, 2008 (UCAB-Gumilla) indica que los CC -creados antes del 2004, registrados bajo la Ley del 2006 y autorizados como CCS de acuerdo con los requisitos de la Ley de 2009, tienen presencia en más de un 60% de las comunidades estudiadas. Un porcentaje similar alcanza las asociaciones de vecinos. Le siguen en orden las organizaciones religiosas, las comunidades educativas, las asociaciones deportivas y las cooperativas. En último lugar están los partidos y las asambleas de ciudadanos.

Tipo	%	Subtipo	% de comunidades donde existen
Ciudadanas-Reivindicativas	86,8%	Consejos Comunales	67,7%
		Asociaciones de Vecinos	56,3%
		Asambleas de Ciudadanos	21,2%
Religiosas	59,8%	Católicas	51,9%
		Evangélicas	44,1%
Socio-comunitarias	60,3%	Comunidades Educativas	48,1%
		Deportivas	31,9%
		Grupos con Niños	24,9%
Político-partidistas	16,8%	Partidos Políticos	33,0%
Económicas		Cooperativas	32,1%
Culturales		Grupos de Teatro	12,6%
		Populares	8,5%
Encuesta IIES-UCAB 2007

Entre las principales fortalezas atribuidas a los Consejos Comunales se encuentran:

• Atención a los problemas comunitarios y necesidades de las comunidades.
• Formación en la construcción y gestión de proyectos.
• Espacios para fortalecer liderazgos comunitarios.

Entre las debilidades expuestas destacan:

• Divisiones y confrontaciones entre vecinos/as por motivos políticos.
• Desvinculación con la comunidad para dar prioridad a los organismos públicos. Existen mejores relaciones con el gobierno nacional que con las comunidades.
• Abundancia de funciones públicas asignadas a los CC y traslado de responsabilidades para la solución de problemas de las comunidades.

En el segundo estudio sobre la valoración de los Consejos Comunales por parte de las comunidades, llevado a cabo por el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla en el 2008 Estudio cualitativo de Consejos Comunales, 2009 (Gumilla), se encontraron las siguientes problemáticas:

• 44% de las personas entrevistadas valoran muy mal la labor de los CC, mientras que 43% la valora positivamente.
• 52% opinó que las obras que llevan a cabo los CC no responden a las exigencias de la comunidad, aunque más del 90% conoce sus funciones y 64% sabe el tipo de proyectos que se ejecutan: viviendas (27%), vialidad (13%) y drenaje de aguas servidas (7%).

ONG – Organizaciones no gubernamentales

En 1996, el Centro de Investigación Social (Cisor) contabilizó 1.016 ONG de desarrollo social en el país. En 1997 el Ministerio de la Familia reportaba cerca de 2.000 organizaciones incorporadas a la ejecución o cogestión de programas sociales del Estado, muchas de las cuales desaparecieron entre los años 1999 y 2002 –Contexto de la Sociedad Civil en Venezuela, 2000 ( Colmenares).

Para el año 2010, Sinergia elaboró un Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil encontrando un total de 906 organizaciones activas: 426 asociaciones, 217 fundaciones, 136 gremios empresariales y de trabajadores, 84 centro académicos y 44 organizaciones de segundo y tercer nivel (Redes, Cámaras, Federaciones y Centrales)

El 79% de estas organizaciones enfoca sus acciones en áreas de participación ciudadana (19%), salud (18%), protección social (15%), educación (12%), derechos humanos (9%) y ambiente (7%). Una mirada a la situación actual de este sector se encuentra en los estudios para el Índice Civicus de Sociedad Civil en Venezuela –Índice Civicus Sociedad Civil de Venezuela, 2010 (Sinergia) realizados por Sinergia en el año 2010:

• El 50% de las organizaciones tienen 5 años o menos de fundadas.
• El 85% posee estructuras de gestión formales.
• Solo el 47% goza de una base financiera sólida y más de la mitad ha  experimentado una disminución sustantiva de sus recursos.
• El 88% cuenta con acceso a tecnologías de comunicación.
• Más del 60% declara pertenecer a redes o federaciones, con una participación activa.
• La mayoría percibe las relaciones con el gobierno nacional como poco favorables, siendo muy limitada su incidencia en las políticas públicas.
• Las relaciones con otras organizaciones y la ciudadanía es de alta cooperación y se percibe una positiva incidencia en los temas sociales.
• Más de un 70% evalúa el marco legal como restrictivo para sus acciones.
• El 40% fue objeto de descalificaciones públicas efectuadas por funcionarios de gobierno o medios de comunicación oficiales, y se había experimentado restricciones de acceso a recursos, negativas de información, sometimientos a juicios por ejercer el derecho a disentir y trabas para el cumplimiento de trámites legales.

Cooperativas

La Cooperativa Gestión Participativa www.gestionparticipativa.coop, reporta que hasta el año 2001 existían en el país 1.967 cooperativas legalizadas. En el Censo Cooperativo del año 2006 realizado por el INE se reportó un total de 47.993 cooperativas en el país –Censo Cooperativo, 2006 (INE).

A través de una intensa política de promoción por parte del Estado, se llegaron a legalizar 264.845 para el año 2008, de las cuales la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) reportó sólo 62.879 realmente activas en el 2009 –Cooperativas en Venezuela, 2010 (Gestion Participativa).

Las causas de la diferencia entre cooperativas legalizadas y activas se ha debido, según este estudio, a las siguientes razones:

• El modelo estatal no comprendió la esencia de la integración grupal que requieren las organizaciones solidarias.
• No se valoró la ética indispensable para la acción solidaria. Tuvo más bien un modelo de cooperativa coherente con disposiciones legales que se expresó en estatutos pre hechos y manejados casi con carácter de obligatoriedad.
• La política no se implementó apoyándose en la experiencia del movimiento cooperativo existente.
• No tuvo claridad sobre la importancia del trabajo asociado. Fue llevada
• adelante por promotores que no tenían vida cooperativa y que además estaban presionados por medición de resultados por metas numéricas muy grandes de constitución de nuevas cooperativas.

Acerca de la situación actual de estas organizaciones, el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla www.gumilla.org realizó un estudio en el 2008 en 4 estados del país –Cooperativas, 2008 (Centro Gumilla) que arrojó los siguientes resultados:

• El 81% se fundó entre los años 2004-2007.
• El 48% se conformó por iniciativa de las personas, destacándose las iniciativas familiares y de los socios.
• El 40% orientó su trabajo hacia la producción.
• Uno de los principales problemas es la falta de dinero y créditos para sus actividades.
• El 60% no depende de auxilios externos para sostenerse y generar cierto margen de beneficios.

Sindicatos

El número de sindicatos en Venezuela ha crecido en los últimos años. El Ministerio del Trabajo registra actualmente unos 6.000 sindicatos en el país.  Sin embargo, la Situación Actual del Sindicalismo en Venezuela, 2009 (Díaz), indican que:

• El número de afiliados se redujo de 40% a 11% entre 1974 y 2008.
• Los trabajadores que pueden constituir o afiliarse a un sindicato representan apenas el 25% de los ocupados (unos 3,5 millones de personas, de las cuales 2,3 millones están en el sector público).
• Sólo 10% de estos trabajadores se encuentra amparados por contratación colectiva.
• En la última década creció significativamente la tercerización en el sector público.

Además, el sector de sindicatos ha sido uno de los más afectados por las políticas de Estado en los últimos años –Capitulo de Derechos Laborales, Informe Anual 2010-2011 (Provea):

• Injerencia del Consejo Nacional Electoral en la autorización y reconocimiento de las elecciones sindicales.
• División sindical y desconfianza de los trabajadores en estas organizaciones.
• Protestas crecientes de los trabajadores en defensa de sus derechos.
• Asesinatos de dirigentes sindicales por prácticas de “sicariato sindical”. El Gobierno desconoce el problema.
• Aplicación de 120 medidas judiciales penales contra trabajadores por realizar paros y huelgas.
• Intención de solicitar el retiro de Venezuela de la OIT.
• Nueva Ley del Trabajo, no consultada de forma universal y plural con los trabajadores venezolanos, en la que se establecen fines del Estado a las organizaciones sindicales.

Retos de la sociedad civil en Venezuela

La sociedad civil no es igual ni guarda necesariamente proporción con la vida asociativa. Las huellas de la sociedad civil se observan en los espacios de interés cívico que las personas y las organizaciones ocupan con sus fines y acciones, en sus capacidades de incidencia en las decisiones públicas y en el tejido de articulaciones a través de las cuales se movilizan ideas, energías y recursos en función de retos y destinos de sectores de la sociedad o de la sociedad en su conjunto.

Un estudio en el año 2006, realizado por Sinergia –Informe Observatorio Derechos Participación y Asociación, 2006-2007 (Sinergia) reveló que de 126 organizaciones entrevistadas, más de 60% manifestó haber sido objeto de tratos discriminatorios o no igualitarios. Los principales motivos fueron:

• Preferencia por afiliación política.
• Retiro de apoyos.
• Negativa a considerar recomendaciones y sugerencias.
• Incumplimiento de acuerdos.
• Negativas al suministro de información.
• Fijar posición ante la violación de derechos
• Ausencia de canales de diálogo.

Si para el año 2006, las organizaciones afirmaban que todavía era posible dialogar con el Estado, fundamentalmente en lo que se refiere a información, consultas y colaboración en prestación de servicios y ejecución de proyectos, para el año 2009 ya prácticamente se habían cerrado todos los canales existentes.

En el año 2010, a partir de los resultados y las consultas realizadas en el marco del estudio sobre el índice de la sociedad civil, Sinergia formuló una Agenda de Acción para Fortalecer el Tejido Asociativo y la Incidencia en el Espacio Público. Los principales retos recogidos en esta Agenda fueron:

• Extender y profundizar los vínculos asociativos entre distintos sectores de la sociedad civil y estados del país para unir esfuerzos de convocatoria ciudadana y redes de movilización de apoyos y capacidades.
• Ampliar los canales de comunicación y difusión de información hacia los ciudadanos, mediante nuevas estrategias y herramientas.
• Fortalecer capacidades de vigilancia e incidencia en situaciones de restricción o amenaza a los derechos ciudadanos y garantías democráticas, recuperando los espacios públicos y el sentido cívico de la política.

En levantamiento de información realizado por Civilis Derechos Humanos durante los años 2012-2013, se encontró la siguiente situación por derechos:

Derecho a proponerse fines y constituirse libremente

• 61% afirmó que los fines de la asociación habían sido objeto de entorpecimiento, limitación o alteraciones ajenos a ella.
• Atribuyen esto 1º (52%) a la influencia negativa de los conflictos del país sobre los fines; y 2º (50%) al comportamiento o actitud adversa del Estado hacia los fines.
• Las asociaciones más afectadas en sus fines son las que trabajan en Educación (28%), Salud, Salud Sexual y reproductiva (24%), VIH/Sida (18%) y atienden a Adolescentes/jóvenes (56%), Mujeres (49%), Niños/niñas (41%) y Estudiantes universitarios (40%).
• 49% ha reducido su número de miembros, lo que se debe 1º (100%) a la falta de recursos económicos, 2º (47%) al temor de los miembros a ser perjudicados por pertenecer a la asociación y 3º (25%) por disposición de leyes, regulaciones o normativas

Derecho a la personalidad jurídica

• 85% poseía personalidad jurídica. 71 (42%) dijo que lo más largo del trámite fue la admisión del documento.
• 10% (12) se encontraba en trámite para obtener su personalidad jurídica.
• 91% (10) manifestó no obtenerla aún por continuas observaciones al documento constitutivo. Las observaciones se deben 1º a los fines (60%), 2º a las actividades (50%) y 3º a errores de forma (40%). A 3 les fue negada la admisión del documento y además 6 no cuentan con recursos para pagar el costo.

Derecho a decidir sobre sus asuntos internos, sin injerencias indebidas

• 40% señala ninguna influencia del Estado en sus asuntos internos y 32% poca influencia.
• 94% no tiene miembros del Estado dentro de los cuerpos representativos de la asociación.
• Sin embargo, 34% afirmó que debió aplicar medidas adoptadas por el Estado que modificaron las actividades o políticas de la asociación.

Derecho a desempeñar sus labores sin obstáculos o consecuencias

• 93% reportó obstáculos al desempeño de sus labores por los siguientes motivos en el siguiente orden:

1º. Acceso a información pública (63%).
2º. Diálogo con autoridades o funcionarios (61%).
3º. Acceso a financiamiento público (58%).
4º. Acceso a financiamiento internacional (55%).
5º. Acceso a financiamiento privado (40%).
6º. Visita a instalaciones públicas (33%).
7º. Vigilancia o monitoreo de derechos (31%).
8º. Realizar talleres, foros o eventos públicos (30%).
9º. Vincularse con comunidades y poblaciones (23%).
10º. Publicar o circular información (23%).

• 64% interrumpió labores por temor de algún acto hostil
• 61% afirma que los obstáculos provienen de autoridades o funcionarios del poder nacional.

Derecho a participar en los asuntos públicos como una de sus labores

37% participa en actividades del Estado y 73% ha intentado realizar acciones de incidencia en asuntos públicos, sin embargo:

• 73% no ha obtenido respuesta a peticiones o solicitudes.
• 58% no ha logrado oportunidades de diálogo.
• 48% no ha conseguido incidencia en decisiones públicas.
• 43% no ha visto que sus recomendaciones hayan sido escuchadas.
• 40% no ha podido participar en instancias públicas.
• 37% no ha sido consultada en asuntos de su área.
• 26% no ha sido respondida en llamados de urgencia.
• 26% no ha podido participar en el escrutinio de políticas.

Derecho a la libertad de expresión

53% afirmó haber sido objeto de ataques por expresar opiniones o ideas, o publicar información , en el siguiente orden:

• 70% fue objeto de descalificación o difamación por parte de autoridades o funcionarios.
• 47% recibió amenazas a la integridad moral o física de sus miembros.
• 34% estuvo sometido a acusaciones por estar incurriendo en actos que ameriten investigación.
• 13% fue objeto de ataques a instalaciones, equipos o sistemas de comunicación.
• Las asociaciones más afectadas fueron las que trabajan en DDHH (50%), Participación (38%), Educación (31%) y Diversidad sexual (29%).
• 83% afirma no tener ningún o poco accedo al Sistema Nacional de Medios Públicos.

Derecho al financiamiento para sostener sus labores

70% afirma que no tiene ningún o poco acceso a financiamiento. Esto se debe a:

• 77% a cambios en las políticas de los donantes.
• 47% a leyes restrictivas sobre el financiamiento.
• 35% a falta de información o preparación de las asociaciones.
• 27% a obstáculos del Estado en la información y acceso a los mecanismos.
• 17% a la elegibilidad de las asociaciones.

51% a sido objeto de ataques por el origen de su financiamiento, en el siguiente orden:

• 72% ha sido objeto de descalificación o difamación.
• 38% ha sido objeto de acusación de estar incurriendo en un acto que amerite investigación administrativa o penal.
• 31% a sido objeto de amenazas a la integridad moral o física de sus miembros.
• 16% ha sido objeto de ataques o agresiones a las instalaciones, equipos o sistemas de comunicación.

Derecho a desempeñarse en un entorno seguro y favorable

40% afirma que se desempeña en un entorno hostil:

• 34% de amenazas verbales o escritas.
• 22% de vigilancia de comunicaciones.
• 19% hostigamiento por autoridades.
• 11% seguimiento por personas/vehículos.
• 8% ataques o atentados.

Del 51% afectado, 65% comunicó los hechos a las siguientes instituciones:

• 54% a directivos o miembros.
• 48% a otras asociaciones o redes.
• 33% a los medios de comunicación.
• 28% a la Defensoría del Pueblo.
• 17% a la Fiscalía y a Cuerpos Policiales.

65% afirma no haber recibido ningún tipo de protección por parte del Estado

Los motivos de hostilidad del entorno son :

• 85%, situación general del país.
• 61%, debilidades institucionales para proteger derechos.
• 57% , comportamiento de autoridades hacia las asociaciones.
• 51%, situación de libertades.
• 40%, leyes que afectan a las asociaciones.
• 24%, acción de grupos irregulares, violentos o delictuales.

69% afirma que en Venezuela no se garantiza la libertad de asociación