(Caracas, 22.10.2021. Espacio Público). Venezuela atraviesa una crisis institucional cuya agudización se corresponde con brotes sostenidos de manifestaciones masivas como mecanismos sociales de denuncia. Sin embargo, estos “antídotos” orgánicos que suelen surtir un efecto de inhibición en los victimarios o frena el avance de las arbitrariedades en espacios donde aún persisten esquemas democráticos, pierde efectividad ante iniciativas represivas que, al menos en el ámbito presencial o movilización de calle contribuye a instalar el miedo y la autocensura, frente al alto costo del reclamo.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones e incluso asesinatos en el contexto de manifestaciones públicas generan temor en la población ante el nivel de riesgo y la falta de garantías para el ejercicio de los derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica o expresión.
En 2017 se produjo una ola masiva de protestas que se extendió durante cuatro meses en rechazo a la ruptura del orden constitucional. Entre los meses de abril y julio, el 96% de las manifestaciones pacíficas fueron reprimidas, y al menos unas 47 personas fueron asesinadas1. Esto siguió la misma lógica impulsada en 2014 durante la jornada de protestas entre los meses de febrero y marzo; con un 82% de manifestaciones pacíficas reprimidas y 42 personas asesinadas2. Más recientemente, 2019 se caracterizó por una serie de protestas de carácter político y social cuya represión derivó en el asesinato de al menos 35 personas solo en el mes de enero en el contexto de manifestaciones o a causa de la presunta participación en ellas.
El escenario represivo trasciende el uso arbitrario de la fuerza pública en las calles. Las restricciones en el espacio cívico local guardan diferentes expresiones que buscan limitar o incluso criminalizar la libertad de asociación, sea a nivel presencial o digital. De forma paralela, el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado en el desarrollo y ampliación de interpretaciones favorables a la protección tanto de la libertad de asociación, en conexión con la libertad de expresión, información y opinión. La crisis global derivada de la pandemia por la Covid-19 incrementó la relevancia, ya importante, del internet para la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos.
Libertad de asociación y el espacio digital en Venezuela. Descargar aquí
