(Caracas, 23.04.2021. Amnistía Internacional). CODHEZ indica que los derechos humanos de toda la población requieren de una reivindicación constante, aunque ya estén escritos en la Constitución y en tratados internacionales, para que cada vez beneficien a la mayor cantidad de personas y con mejores garantías
En Venezuela la situación general de los derechos humanos – sociales, económicos y culturales – es cada vez más alarmante para todos los ciudadanos, personas defensoras de derechos humanos e iniciativas de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos y acción humanitaria. No obstante, las regiones más expuestas a vulnerabilidades, como es el caso del estado Zulia, son motivo de preocupación por la frágil calidad de vida que viven las personas ante la implementación de medidas autoritarias y de control social que agudizan la crisis humanitaria compleja del país.
“Entonces, hay ciertas situaciones preocupantes de calidad de vida que posiblemente no ha observado tan de cerca el Estado, pero que continúan presentes y comprometen no solo el presente sino el futuro del país”, dijo Juan Berríos, abogado, egresado de la Universidad del Zulia.
Por todo esto, es fundamental y necesario que existan organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) que promueve y defiende los derechos humanos a través de la asistencia judicial gratuita, el asesoramiento a las víctimas y sus familiares, y la elaboración de informes sobre la situación general de los derechos humanos en la región, con especial énfasis en el ámbito de la seguridad alimentaria y los servicios públicos.
“Si no hay respuestas planificadas y concretas sobre los distintos desafíos que en este momento existen en materia de derechos humanos, lamentablemente la emergencia humanitaria compleja va a continuar intensificándose en todo el territorio nacional”, destacó.
De acuerdo con la información suministrada por CODHEZ, la prestación del servicio de agua potable, el servicio eléctrico y el transporte público han empeorado con el pasar de los años, además, se le han ido sumando otras problemáticas como la escasez de combustible y el abuso de cuerpos de seguridad.
Continúa el silencio del Estado
Para Berríos, este contexto tan alarmante requiere de políticas públicas muy bien elaboradas por especialistas en distintas áreas y consultadas con los ciudadanos a fin de lograr dar respuestas que sean eficientes en corto, mediano y largo plazo a toda la población.
Es por ello que en el año 2020, la asociación civil no solo registró la inseguridad alimentaria en el estado Zulia sino que también preparó una petición ciudadana, titulada “Acciones urgentes contra el hambre en el Zulia”, en alianza con expertos en las áreas de producción, distribución y comercialización de alimentos, y especialistas en nutrición con la finalidad de promover políticas públicas que solucionen la problemática existente.
“La propuesta, suscrita por más de 300 personas y más de 50 ONG nacionales, se hizo notoria por medio de una petición para obtener apoyo público y hacer consciencia sobre la inseguridad alimentaria. Sin embargo, las autoridades locales no dieron ningún tipo de respuesta”, añadió el Coordinador General de la asociación civil.
Es necesario decir que la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) recibe denuncias por detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, vigilancia ilegitima, agresiones y amenazas a través de su página web y redes sociales, y acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos para que realicen sus exigencias.
“Desde nuestro accionar hacemos todo lo posible por tratar de proteger a ciudadanos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos”, enfatizó.
Las problemáticas persisten y empeoran
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) ha percibido que las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela han aumentado a raíz de las políticas públicas incorrectas y sumadas a su historial de injusticias de los últimos años.
Lo más arduo que han documentado está asociado a detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, tortura y otros malos tratos durante el periodo de las protestas de los años 2015 y 2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero, a partir de 2018 se enfocaron en documentar la grave y acentuada inseguridad alimentaria en Maracaibo, la cual vienen denunciando en conjunto con otras ONG, sin recibir ningún tipo respuestas por parte de las autoridades para lograr cambiar la situación.
A juicio del abogado, en casi todos los ámbitos de derechos humanos – sociales, económicos y culturales – han visto como las distintas brechas se han ido abriendo y agravando la crisis humanitaria compleja para la mayoría de las personas. De hecho, según CODHEZ, existen problemas inquietantes en materia de educación ya que desde los dos últimos años hay irregularidades en las clases de las escuelas y universidades. Además, en la región zuliana coexiste un enorme déficit en la salud porque la mayoría de las personas no tienen seguro médico.
“Entonces, hay ciertas situaciones preocupantes de calidad de vida que posiblemente no ha observado tan de cerca el Estado, pero que continúan presentes y comprometen no solo el presente sino el futuro del país”, dijo.
Un caso omiso imparable
Berríos indicó que promover y defender los derechos humanos en Venezuela es una labor de altísimo riesgo ya que las condiciones, libertades y espacios con las cuales se lleva a cabo este tipo de iniciativas se han reducido drásticamente por el accionar de las autoridades. “Es entonces cuando las condiciones laborales, tanto de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, pueden seguir empeorando mientras se alza la voz ante las injusticias”, acotó.
A pesar de ello, distintos organismos internacionales se han pronunciado ante la situación general de derechos humanos en el país, pero específicamente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han hecho mención sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales y de tortura que ocurren en la región zuliana. Lo que hace aún más imprescindible seguir con la documentación de las distintas realidades regionales y centrales para lograr dar respuestas que solventen la situación del país.
“Tanto CODHEZ como distintos organismos internacionales han instado al Estado venezolano a tomar medidas correspondientes que hagan cumplir sus compromisos escritos en la Constitución y en tratados internacionales. Pero, es lamentable que no se haga mayor esfuerzo por hacer vigente lo que está señalado en materia de libertades, no discriminación y garantías para una mejor calidad de vida de toda la población”, señaló.
La crítica es condenada
En materia de seguridad alimentaria, servicios públicos, educación, y salud, CODHEZ recomienda al Estado llevar a cabo un diagnostico minucioso de la realidad de Venezuela para que luego elabore un plan nacional que sea efectivo a corto, mediano y largo plazo.
“La mayoría de estos problemas se resuelven con la intervención y recursos de un Estado, ya que ni la sociedad civil ni organismos internacionales puede suplir esa capacidad de las autoridades. Además, son quienes tienen la responsabilidad de responder”, señaló.
De acuerdo con el miembro de la asociación civil, el reto es seguir haciendo el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos con unas condiciones que propicien que ese sea más efectivo en Venezuela. No obstante, el defensor cree que los hechos de criminalización y hostigamiento en contra de la ONG Azul Positivo cambiaron el panorama para todas las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos y acción humanitaria.
“En los últimos años, la crítica ha sido condenada y mal vista. Es decir, quienes critican están en riesgo de perder su libertad y hasta su propia vida”, así lo enfatizó Juan Berríos.
En ese sentido, Amnistía Internacional Venezuela en conjunto con la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia recuerdan que defender derechos humanos y ejercer acción humanitaria no es delito ya que la normativa internacional de la materia establece este tipo de actividades como legítimas y como resultado el Gobierno tiene que abstenerse de cometer cualquier clase de represarías contra quienes están ejerciendo acciones en función de la protección de derechos humanos.
Alianzas en la persistencia
“CODHEZ con otro gran número de ONG mantiene encendida ante la adversidad la llama de esperanza hacia la obtención de justicia y reparación en el país”, declaró.
Es por esto que es importante recordar que la existencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos es también para lograr mantener en la opinión pública la reflexión y deliberación sobre temas relativos a la dignidad humana. Por lo tanto, ellas ayudan a que los derechos humanos no sean tan fácilmente negados y afectados por distintas instancias de poder que se superponen al reconocimiento y garantías de los derechos de todas las personas.
“Los derechos humanos de toda la población requieren de una reivindicación constante, aunque ya estén escritos en la Constitución y en tratados internacionales, para que cada vez beneficien a la mayor cantidad de personas y con mejores garantías”, dijo el abogado.
Fuente Oficial: Amnistía Internacional
