(Revista Sur de @conectas, Carlos Patiño Pereda de @-Provea, Diciembre 2017) Durante los meses de abril y julio de 2017, Venezuela fue escenario de continuas movilizaciones de calle, como consecuencia de un movimiento de resistencia conocido como la primera rebelión popular venezolana del Siglo XXI. Este movimiento de protesta pacífica fue derrotado con medidas represivas y la imposición de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. En este contexto adverso, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron y tienen el reto de sobrellevar su labor de promoción y defensa de derechos humanos y no sucumbir a la desesperanza individual y colectiva. Para ello, ha sido clave el concepto de resiliencia y su aplicación práctica.

Situación de los Derechos Humanos y sus organizaciones en Venezuela

En la actualidad, el movimiento de Derechos Humanos venezolano enfrenta enormes retos, en una suerte de anomia social donde persisten represión y restricciones severas a quienes disienten o ejercen alguna crítica al gobierno. La administración de Nicolás Maduro, sacudida por una crisis económica y social sin precedentes producto de sus propias políticas públicas, optó en 2016 por transitar de una democracia con libertades restringidas a una dictadura moderna, similar al modelo de Alberto Fujimori en el Perú de los noventa.

En marzo de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció denunciando “violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Esto dio origen a una agenda de movilizaciones de calle de más de 100 días, calificada por Provea como la primera rebelión popular venezolana del Siglo XXI; el movimiento de protesta pacífica más importante de los últimos años en América Latina.

Sin embargo, a pesar de la agudización de la crisis y la escalada del conflicto; la respuesta del gobierno fue la criminalización de la protesta, el uso generalizado y sistemático de la fuerza en manifestaciones, y la aplicación de la jurisdicción militar a civiles. El balance que comprendió los hechos ocurridos entre el 1 de abril y el 30 de julio de 2017, registró un total de 6.729 protestas a un promedio de 56 diarias, de acuerdo el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Asimismo, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 5.124 personas fueron asesinadas en el contexto de protestas y 1.958 resultaron heridas; se efectuaron 5.000 detenciones arbitrarias de las cuales al menos 609 personas debieron comparecer ante tribunales militares, datos que se suman a las denuncias de viviendas atacadas con bombas lacrimógenas, allanamientos sin orden judicial, robos por parte de funcionarios policiales y militares, acoso laboral y despidos por razones políticas, así como ataques por parte de civiles armados actuando en coordinación con los cuerpos de seguridad (colectivos paramilitares).

La rebelión popular finalizó con la imposición de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente para abolir la Constitución promovida por Hugo Chávez en 1999, imponerse al resto de los poderes públicos y criminalizar a la disidencia mediante instrumentos como la Ley contra el Odio y la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Las causas que generaron las movilizaciones no se resolvieron, por el contrario, se agravaron.

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de fecha 30 de agosto de 2017, concluye que en Venezuela existen graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y una “política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población”. El cambio del contexto a una dictadura moderna supone una reorientación en el enfoque de algunas Organizaciones No Gubernamentales que progresivamente han incorporado en su accionar la defensa de las libertades democráticas afectadas por decisiones autoritarias. Esto ha traído como consecuencia amenazas y criminalización de las ONG por parte de altos funcionarios de la dictadura, sus instituciones y la red de medios públicos.

Defensores ante la adversidad: Resiliencia y DDHH

La labor de un defensor o una defensora implica confrontar situaciones adversas, tanto propias como de las víctimas de violaciones de derechos humanos que defiende, y a su vez solventarlas de la manera más favorable. Ello se relaciona directamente con el concepto de resiliencia, es decir, con la superación de una situación traumática o de infortunio de forma positiva.

Luego de la derrota de la rebelión popular, se generó un sentimiento generalizado de frustración y desánimo en la lucha por el rescate de la democracia y la justiciabilidad de derechos en Venezuela. Frente a esto, organizaciones como Civilis Derechos Humanos han resaltado la importancia de la resiliencia como herramienta de superación de adversidades y sus traumas, a través del fortalecimiento de capacidades defensivas.

Para Jo D’ Elia, Director Ejecutivo de Civilis,

La reflexión y la toma de decisiones acerca del desarrollo de capacidades para hacer frente y superar patrones de amenaza de elevado potencial negativo permiten a las organizaciones continuar cumpliendo su misión y garantizar la integridad de cada uno de los miembros y destinatarios.

La naturaleza pública de estos estados de amenaza eleva las potencialidades de daño. Agrega D’ Elia que:

Los contextos de opresión política crean este tipo de adversidad. Los patrones de intimidación, violencia, crueldad, censura, privación social y económica y cierre del espacio cívico, entre otros, por sus mismas características intencionales y planificadas generan un cuadro complejo de amenazas que coloca a las personas en constante estado de peligro a violaciones de derechos humanos, con alta probabilidad de generalizarse como consecuencia de las lógicas de los sistemas no democráticos para mantenerse en el poder, excediendo las capacidades de las sociedades para protegerse, en ausencia de estado de derecho, instituciones judiciales independientes y otros factores de contexto mitigadores.

Otro defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, Ex Coordinador General de Provea, considera que el trabajo de defensa de los derechos humanos siempre conlleva riesgos y está minado de adversidades: “Es una lucha permanente contra las arbitrariedades del poder y una lucha por obtener justicia en países que apuestan a la impunidad,” afirma.

Aunque es frecuente para las organizaciones y los activistas subestimar sus triunfos e incidencias, la resiliencia implica tener mayor comprensión de los impactos positivos que se logran tanto en la acción individual como colectiva. De acuerdo a Alvarado, “el día a día con frecuencia intenso y donde lo urgente se impone a lo importante se roba los espacios para la reflexión pausada de aciertos y errores, de triunfos y fracasos, de análisis de las oportunidades en medio de las dificultades.” Por eso la resiliencia obliga a reflexionar con espíritu abierto y tolerante para ver el camino andado y diseñar la ruta a seguir.

Según investigaciones adelantadas por Civilis, ante contextos opresivos, los esfuerzos de protección internacional serían insuficientes si al mismo tiempo no existiese una población en pie de lucha por su liberación y protección, así como dispuesta a levantarse de todas las posibilidades de fracaso delante de fuerzas contrarias que superan las suyas. No obstante, luego de la derrota de la rebelión popular de cuatro meses de calle, la población venezolana se desmovilizó y se encuentra en un aparente estado de pasividad ante el avance de las arbitrariedades del gobierno y la falta de estrategias coherentes por parte de una oposición dividida y debilitada.

De allí que sea necesario desarrollar capacidades de resiliencia en la población. Una sociedad civil resiliente, con un compromiso activo y solidario con la defensa de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la justicia, que parta de sus propias convicciones y vocaciones hasta recuperar condiciones favorables y seguras para la realización de sociedades libres y democráticas. De este modo, en el enfoque de adversidad, la resiliencia es una forma de protección que consiste en prepararse para superar las amenazas y sus traumas.

En consecuencia, desde Civilis se proponen las siguientes estrategias de resiliencia:

a) La protección física de las personas,
b) Acción rápida ante las arbitrariedades,
c) La protección de las personas entre sí,
d) Restauración de la memoria social,
e) la justicia combinada alternando diversas estrategias dentro y fuera de tribunales.

Y como complemento, las siguientes tácticas:

f) Desactivar la intimidación,
g) Eliminar o evitar oportunidades de abuso y violencia,
h) Desbloquear el acceso a la ayuda,
i) Desenmascarar la mentira y la censura,
j) Ganar aliados,
k) Emplear acciones inéditas e innovadoras.

Organizaciones como Provea, por ejemplo, han implementado entre sus estrategias de resiliencia medidas de autocuidado para sus defensores y defensoras, las cuales incluyen, entre otras cosas, jornadas recreativas fuera de la ciudad, almuerzos colectivos y por grupos de trabajo, meriendas periódicas en la oficina, celebración de metas alcanzadas por la organización, talleres de autoayuda, terapias grupales e individuales con acompañamiento de profesionales, jornadas de evaluación y planificación semestral en ambientes externos al sitio de trabajo; así como el desarrollo y discusión de planes de seguridad con la presencia de todo el equipo, para lo cual se han usado como guía, los manuales prácticos para defensores en riesgo desarrollados por la organización Front Line Defenders.

Sociedad civil en red

Ante la coyuntura, las organizaciones de la sociedad civil venezolana han adoptado medidas resilientes que incluyen, entre otras cosas, articulación, acción y catarsis colectiva. Los ejemplos van desde las acciones conjuntas de documentación y denuncia ante los organismos internacionales de protección como las Audiencias de la CIDH, Informe EPU de la ONU, Informes a los distintos Comités y Relatorías, hasta los pronunciamientos públicos que condenan violaciones de derechos humanos y que son elaborados, suscritos y difundidos por decenas de organizaciones. De igual forma, destacan los eventos como el III Encuentro de Defensores y Defensoras de DDHH celebrado en el mes de noviembre de 2017, en el cual más de 160 activistas de todo el país se reunieron en Caracas con el fin de visibilizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en medio de la coyuntura actual, así como también discutir los diversos retos de los que formarán parte a futuro. Este trabajo en red minimiza las vulnerabilidades individuales, permite canalizar las emociones colectivamente y fortalece al movimiento de derechos humanos en su conjunto.

Otro ejemplo concreto son las redes de ayuda que se han creado, incluyendo las redes sociales de distintas ONG, para la búsqueda, intercambio o donación de medicinas e insumos médicos ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Es lo que ha venido coordinando, por ejemplo, la organización Acción Solidaria.

El derecho a la esperanza

En este contexto, la resiliencia puede ser considerada como un mecanismo para combatir la desesperanza y sobreponerse a la adversidad. Desde la filosofía, Laín Entraldo, define la esperanza como la espera de futuro dentro de determinadas circunstancias; espera a la que se suma la creencia o la confianza en que habrá una respuesta a esa expectativa individual o colectiva, sea o no satisfactoria. No encontrar esa respuesta puede bloquear la espera y convertirla en desesperanza.

Marino Alvarado sostiene e insiste que luego de la derrota de la Rebelión Popular de abril-julio 2017, la resiliencia en Venezuela pasa por analizar las causas de la derrota, extraer sus enseñanzas y resaltar lo conquistado; pues si bien no se alcanzaron los cuatro objetivos que trazó la rebelión, esto es: 1) canal humanitario, 2) libertad de presos políticos, 3) elecciones en condiciones adecuadas y 4) reconocimiento y respeto al trabajo de la Asamblea Nacional y sus diputados electos; sí se lograron otros objetivos importantes que tendrán incidencia positiva en los tiempos por venir. Un ejemplo es la mayor presión internacional por parte de organismos como la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH hacia la dictadura de Nicolás Maduro y sus altos funcionarios. Así, para Marino Alvarado el mensaje resiliente debe ser honesto pero esperanzador: “Es una rebelión popular derrotada pero que podría activar la Corte Penal Internacional para los violadores de derechos humanos”.

Un lenguaje esperanzador contrarresta el desánimo de la población en general y de los defensores y las víctimas en particular. Es importante reforzar la capacidad de lucha que se demostró durante los cuatro meses de rebelión popular y destacar el aprendizaje para las luchas futuras. Reconocer que el gobierno, a pesar de su debilidad, logró cierto nivel de estabilidad política, aunque actualmente está a la ofensiva y ello implica posibles adversidades mayores para activistas y organizaciones. Esta situación obliga a tomar medidas a tiempo y con serenidad, pero sin dejar de reconocer los logros obtenidos.

Para D’ Elia, el enfoque de protección basado en la adversidad ofrece otras maneras de afrontar situaciones de amenaza cuando estas no dependen de la vulnerabilidad y sobrepasan las capacidades de protección. En contextos particularmente adversos —afirma—, es necesaria tanto una comunidad internacional activa en su responsabilidad de proteger, como una población y sociedad civil resilientes, capaces de desafiar los patrones de amenaza, a través de la defensa de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la justicia.

En Civilis consideran un factor clave y esperanzador fortalecer al movimiento de derechos humanos, incorporando a más personas, grupos, organizaciones, comunidades y redes de voluntarios a las actividades de defensa y promoción, con el fin de reafirmarlos y apoyar en ellos los esfuerzos legítimos de poner fin a los abusos, buscar justicia y restituir la plena vigencia del estado de derecho y de la democracia.

Stéphane Hessel, corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su obra ¡Indignaos!, afirmaba que de la indignación nace la insurrección pacífica y la voluntad de compromiso con la historia, “la levadura que levanta la masa”. Si nos resignamos a la violación de derechos, nos abrumará la indiferencia, o lo que es igual, la pérdida de la facultad de indignación y el compromiso que la sigue. Tampoco la exasperación es buena consejera, pues suele conducir a la violencia y la violencia no siempre es eficaz. La violencia suele ser menos esperanzadora y aglutinante que la protesta pacífica.

En contextos de opresión, como es el caso de Venezuela, donde regímenes no democráticos promueven la desesperanza como mecanismo de dominación, donde el mensaje recurrente del gobierno es: “la revolución llegó para quedarse”, los factores de oposición “no volverán” y lo que no se pueda por los votos “lo lograremos por las armas”; urge canalizar la indignación ciudadana en una fuente de esperanza y cambio.

Conclusiones

La desmedida represión en Venezuela durante el primer semestre de 2017, como respuesta del gobierno de Nicolás Maduro al movimiento de resistencia popular, dejó importantes secuelas en la sociedad venezolana, toda vez que el ciclo de protestas fue derrotado mediante violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y la imposición de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

Las metas que se propuso la resistencia no fueron alcanzadas. Sin embargo, un proceso de movilización no solamente debe evaluarse por el logro de sus objetivos, sino también por el saldo organizativo que genera y las consecuencias positivas imprevistas. En este contexto adverso, las organizaciones de la sociedad civil han debido sobrellevar su labor de promoción y defensa de derechos humanos, rescatar los saldos positivos y no sucumbir a la desesperanza individual y colectiva.

Ante la tendencia de resignación de la sociedad venezolana en general, y para evitar repliegues en la sociedad civil en particular, se ha fortalecido la articulación y el trabajo en red del movimiento de derechos humanos; asumiendo las derrotas pero resaltando las victorias, apoyándose unos a otros mientras se exploran estrategias conjuntas y se atiende, en lo particular, al autocuidado de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La fuerza de la sociedad civil es su energía colectiva, que a su vez impacta en la resiliencia social como mecanismo de superación de adversidades y exigibilidad de derechos para poner fin a los abusos del poder. En contextos de opresión como el de Venezuela, la resiliencia se aprende y debe ser asumida de manera activa, con el fin de coadyuvar en la reinstitucionalización del país y en la consecución de la justicia y de la vida digna. Es un enorme reto que convoca a la unidad de acción y al esfuerzo de los venezolanos y venezolanas comprometidos con la democracia.

Artículo de Carlos Patiño Pereda, Abogado en Derechos Laborales y Coordinador de Exigibilidad de @_Provea, para la Revista Sur de @conectas, Edición N° 26: Recuperando el Espacio Cívico, Diciembre 2017. Enlace