Entre los meses de julio y septiembre del año 2011, 150 organizaciones de la sociedad civil venezolana -en forma individual, o agrupadas en redes y coaliciones- con largo tiempo trabajando en diferentes áreas de los derechos humanos de manera constante, rigurosa, autónoma e independiente, unieron esfuerzos para actuar de manera articulada en una estrategia de visibilidad de la situación de los derechos humanos en el país, con base en sus respectivos informes y recomendaciones, durante el proceso pautado para la realización del Examen Periódico Universal de Venezuela en la ONU.
Las organizaciones suscribieron un documento sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos y restricciones para la labor que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Hacer este documento respondió también a la necesidad de informar y hacer valer la voz de los propios afectados ante los órganos del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos y los países miembros de la ONU, dado que ninguna de estas organizaciones fue llamada a consulta ni a participar en la elaboración del informe de país que presentó el Estado venezolano.
El documento –Matriz OSC EPU– recogió 35 temas en los cuales existen severas afectaciones a los derechos humanos. Entre ellos se encuentran: las libertades de asociación, expresión e información, el derecho a la defensa de derechos humanos, el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, las garantías a los derechos sociales y ambientales –particularmente el acceso a la vivienda, la salud y el agua potable-, y el derecho a la no discriminación de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, personas con VIH, pueblos indígenas y personas solicitantes de refugio.
El Estado venezolano aceptó 97 y rechazó 51 recomendaciones EPU Recomendaciones Aceptadas y Rechazadas por Venezuela (inglés), la mayoría de las cuales están relacionadas con la libertad de expresión, las relaciones con la sociedad civil, la protección de defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia. La fecha pautada para el próximo examen de Venezuela es en el año 2016 (26ava sesión del Consejo).
