(Caracas, 30.03.2023. Provea).
El Grupo Interdisciplinarios Emergencia Humanitaria Compleja -Agua junto a Provea y la FIDH, difunden nuevo Informe donse se ahonda en las causas que impiden el disfrute del derecho al agua y al saneamiento de la población venezolana, junto a propuestas para mejorar esas condiciones.
Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua
Venezuela se encuentra desde hace 7 años dentro de una Emergencia Humanitaria Compleja asociada a un debilitamiento de la institucionalidad y del Estado de derecho y ello ha afectado especialmente la institucionalidad ambiental.
Esta situación de emergencia ha tenido un fuerte efecto sobre el disfrute del derecho al agua, tal como han documentado distintas organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con el Diagnóstico Comunitario de HumVenezuela publicado en 2022: 19,1 millones de personas (66,6% de la población) necesitaba conexión a un servicio de agua suministrado de forma regular. La población más afectada está constituida por 15,9 millones (55,4%) quienes reportaron semanas y hasta meses sin recibir agua corriente y debían recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras como pilas públicas, manantiales, ríos, caños y camiones cisterna.
21,2 millones de personas (73,9%) se encontraban expuestas a aguas con señales de contaminación y 4,4 millones no tenía los medios para usar métodos de purificación.
En saneamiento, 4,4 millones no contaba con conexión a cloacas y 1,3 millones tampoco a pozos sépticos.
La cantidad de agua distribuida disminuyó en un 60%, el 90% de los embalses que almacenan agua para potabilizar están funcionando mal. Unos inoperativos, otros eutrofizados, colmatados, o contaminados de alguna forma. El 99% de las plantas potabilizadoras tampoco están bien de salud; bien porque su infraestructura está dañada, o porque no cuentan con los insumos necesarios para potabilizar el agua como se debe.
En estas condiciones es muy difícil que pueda haber un servicio de agua potable estable y seguro, por lo tanto, los hospitales, las escuelas, los centros de reclusión y oficinas públicas no cuentan con el servicio confiable de agua y saneamiento.
La sociedad civil ha hecho aportes importantes al ofrecer equipos purificadores de agua. Concretamente, la tecnología producida por SUINCA C.A, fue comprada por las organizaciones humanitarias UNICEF y La Cruz Roja Internacional para algunos centros hospitalarios. Aunque el gobierno nacional también compró equipos, lamentablemente no están funcionando por falta de los insumos necesarios.
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