( SANTIAGO/LA PAZ/BOGOTÁ/WASHINGTON DC, 05.06.2020. CIDH). COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos, alertaron hoy las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración emitida previo al Día Internacional del Medio Ambiente, las entidades ur-gieron a los Estados con soberanía en esta región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
En relación con la pandemia, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH expresaron alarma por los contagios y fallecimientos que han afectado a los pueblos indígenas amazóni-cos, así como la falta de acceso a información de salud confiable, la carencia de infraestruc-tura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis.
También expresaron preocupaciones específicas sobre la situación de las mujeres indígenas y la continuidad de actividades de desarrollo, económicas y extractivas que dificultan las medi-das de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades.
Además, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH llamaron a implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de auto cuidado, fortalecer la participación de sus autorida-des en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos.
La declaración es firmada por el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab; su par de la ONU Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori; el Coor-dinador de la Misión en Bolivia de ONU Derechos Humanos, Alán García Campos; y el Secre-tario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
– Lee la declaración completa:
Urge proteger de COVID-19 a los a pueblos indígenas amazónicos
“En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde ONU Derechos Humanos y la CIDH* alertamos que COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta.
Habitada por más de 420 pueblos indígenas -al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario-, la Amazonía es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a pueblos que viven en la región amazónica.
En este contexto, los Estados de la región amazónica deben incrementar las medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a COVID-19, tanto a nivel de contagios como de los impactos sobre sus derechos asociados a la pandemia.
Mientras los sistemas nacionales de salud enfrentan serias dificultades para dar una respues-ta efectiva, el coronavirus ha hecho más evidente la histórica ausencia o limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de es-tos pueblos, tomando en consideración además sus conocimientos ancestrales, prácticas cu-rativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural.
La pandemia también ha puesto de relieve la importancia de garantizar que los pueblos indí-genas puedan ejercer su autogobierno y libre determinación. Por ello, es esencial que los Es-tados aseguren la participación de los pueblos indígenas a través de sus entidades represen-tativas, líderes/as y autoridades tradicionales en la formulación e implementación de políticas públicas para enfrentar el alto riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas amazónicos.
En ese sentido, llamamos a los Estados a respetar las medidas de autoaislamiento adoptadas por los pueblos indígenas —sean estas tradicionales o a raíz de la pandemia, como cordones sanitarios—, así como a proveerles material de protección personal de forma segura. Tam-bién es de suma importancia compartir con los pueblos indígenas información culturalmente adecuada y en sus propias lenguas o dialectos, que sea veraz y oportuna respecto a la con-tingencia.
Desde ONU Derechos Humanos y la CIDH saludamos las iniciativas de los Estados que con-templan apoyos socioeconómicos, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado de los pueblos indígenas frente a la pandemia, considerando que su subsistencia muchas veces depende del comercio informal o actividades como el ecoturismo, las que se han visto alteradas por la imposición de cuarentenas u otras medidas de distanciamiento físi-co.
Compartimos preocupación frente al carácter insuficiente o inadecuado de algunas de estas medidas: en ocasiones los apoyos son inaccesibles, no llegan a los territorios de forma opor-tuna, o las comunidades reciben alimentos inadecuados para sus formas de vida, cosmovi-sión o cultura. Ls modos de distribución no siempre observan las normas sanitarias, causan-do aglomeraciones que pueden contribuir a la propagación de COVID-19.
También llamamos a las autoridades a promover los derechos de las mujeres indígenas, las cuales tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia, debido a su rol preponderante en la economía informal y como cuidadoras en el hogar. Se debe ase-gurar que las mujeres indígenas se beneficien igualmente de las medidas de protección so-cial; prevenir y responder a la violencia que ha escalado como resultado de las medidas de confinamiento en el hogar; y asegurar que la situación de sobrecarga de los sistemas de sa-lud no derive en un aumento alarmante de las tasas de mortalidad materna entre las muje-res y adolescentes indígenas o dificultades adicionales para acceder a servicios de salud se-xual y reproductiva.
Durante la crisis, hemos recibido información alarmante de que algunas empresas (extracti-vas, forestales y otras) sin respeto del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, no han cesado sus actividades, incluso en zonas donde se ha decretado restric-ción de la circulación y otras medidas extraordinarias, exponiéndolos a un alto riesgo de con-tagio. Adicionalmente, estos pueblos se ven expuestos a las operaciones de actores armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. Por todo ello, llamamos a los Estados a abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o alrededor de los territo-rios indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta pre-via, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
En una siguiente etapa, las medidas de mitigación de daños y de recuperación deben valorar en su diseño, implementación y evaluación las prioridades de desarrollo de los pueblos indí-genas, con énfasis en personas indígenas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, ni-ños, niñas, adolescentes, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, personas con diferentes problemas de salud y personas indígenas defensoras de derechos humanos. Especialmente importante es que los Estados garanticen procesos de consulta pre-via, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para los pueblos y comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación que pueda afectar sus derechos y legítimos intereses, sobre todo cuando se trata de la apertura de territorios indígenas a me-gaproyectos de industrias extractivas o iniciativas similares.
Por último, desde ONU Derechos Humanos y CIDH alentamos a los Estados de la región ama-zónica a redoblar sus esfuerzos de cooperación sur-sur a los efectos de extremar las medi-das de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en el marco de la pandemia, con miras a proteger sus formas de vida, subsistencia y derechos humanos.
FIN
Declaración conjunta de Jan Jarab Representante ONU Derechos Humanos – América del Sur; Alberto Brunori, Representante ONU Derechos Humanos – Colombia; Alán García Cam-pos, Coordinador de la Misión ONU Derechos Humanos en Bolivia, y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
