(Caracas, 06.08.2023. Efecto Cocuyo). El presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, subrayó que no compete al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interferir con el funcionamiento y los  mecanismos de control interno de ninguna organización no gubernamental ni institución privada que atienda la población vulnerable en el país con fondos no públicos.

Sin embargo y pese a la medida judicial, el defensor de derechos humanos espera que la reestructuración de esta sociedad nacional no afecte el trabajo del voluntariado que canaliza la llegada de ayuda humanitaria a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela.

«Manifestamos el rechazo a una sentencia (del TSJ) que implica la vulneración al derecho a la libertad de asociación a partir de señaladas irregularidades por parte del presidente de la Cruz Roja Venezolana. El TSJ interfiere en el manejo interno, con los controles de una organización autónoma e independiente», advirtió el también fundador de otras ONG como Civilis y Codevida.

La Sala Constitucional del TSJ designó este 4 de agosto, al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, como presidente interventor de la Cruz Roja Venezolana, quien tendrá cargo un proceso de reorganización del organismo.

En declaraciones a Efecto Cocuyo Reyna alertó que la decisión del TSJ puede «abrir la puerta» a otras «arbitrariedades» contra otras organizaciones civiles en cuanto a su libertad de funcionamiento y manejos internos.

¿Afecta la ayuda humanitaria?

«Si había alertas por supuestas conductas del presidente (de la Cruz Roja Venezolana) esto debió manejarse internamente. La Cruz Roja Venezolana es parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) que tiene sus mecanismos para este tipo de situaciones, las sanciones deben ser internas, incluso el nombramiento de un equipo técnico reestructurador. Esto no debió hacerlo el TSJ porque vulnera la independencia y autonomía de la organización» insistió.

Reyna expresó que la intervención de la Cruz Roja venezolana no debe afectar la labor humanitaria que realizan en el país y también esperan que el presidente de la Federación, Francesco Rocca, visite Venezuela y transmita confianza y tranquilidad al voluntariado (calculado en más de 2.600 personas) en el sentido de que seguirán operando.

«No debe afectar los programas que están funcionando, ni interrumpir la atención a las personas, es una medida delicada en un momento tan complejo en el que se requiere respuesta humanitaria en el país”.

El activista añadió que esta sentencia de la Sala Constitucional “crea inseguridad, la sensación de que puede afectar la movilización de recursos para personas vulnerables pero esperamos que el presidente de la Federación venga y dé señales de confianza».

De acuerdo con cifras de la organización, en el 2022 la acción humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de la Cruz Roja Venezolana, benefició a 250.000 personas afectadas por la violencia armada en el país.

También están presentes con labor humanitaria en los estados Miranda, Aragua, Zulia, Táchira, Bolívar, Apure y el Distrito Capital. Con el apoyo de la Federación, la Cruz Roja Venezolana dirigen una red de 8 hospitales y 33 centros ambulatorios.

En 2019, tras el fallido ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, la Cruz Roja venezolana sirvió de puente para el ingreso de medicinas y material médico y en 2021 se sumó al plan nacional de inmunización contra el COVID-19.

Preocupación entre ONG

Reyna declinó opinar sobre la idoneidad y las facultades de Cusanno para dirigir la Cruz Roja venezolana, pero cree que su nombramiento no fue producto del azar y denota que hubo conversaciones previas en las que debió involucrarse al presidente de la FICR para que ejecutara el proceso interno de reestructuración y no por orden del TSJ.

«La interferencia del TSJ con la libertad de asociación es algo delicado y genera enorme preocupación por lo que las organizaciones civiles estaremos haciendo seguimiento al proceso en la Cruz Roja», añadió.

Otras organizaciones como Provea y FundaRedes también expresaron rechazo a la medida del TSJ que ordena la designación de una junta reestructuradora ad hoc por parte de Cusanno.

«El TSJ ordena la intervención de la Cruz Roja Venezolana a partir de una Junta Reestructuradora Ad-Hoc, un precedente grave para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión en el país», expresó el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

Mediante un comunicado, FundaRedes también alertó que frente a la medida del TSJ, solicitada por la Fiscalía General, las organizaciones de la sociedad civil en general «incrementan su constante riesgo al estar expuestas a intervenciones arbitrarias que socavan su derecho de auto gestionarse y auto regularse».

«Alertamos que esta acción forma parte de la receta seguida por otros regímenes autoritarios como Nicaragua, donde La Cruz Roja también pasó a ser controlada por el gobierno, luego de que el oficialismo acusara a miembros de la institución de promover la participación durante protestas de 2018″, señalaron en su texto.

Además, sostuvieron que “es notorio como siempre se ha de buscar una razón para justificar su intervención, siendo en el caso venezolano una supuesta falta de transparencia, denunciada desde un programa con fines partidistas, para hostigar y amenazar, haciendo uso de fondos públicos», reza el comunicado.

Fuente Oficial: Efecto Cocuyo