(Caracas, 11.10.2018. Civilis DDHH). Este 11 de octubre, 12 organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud en Venezuela presentaron el primer Reporte Nacional sobre de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país desde el año 2015 en el derecho a la salud. Este reporte es parte de un esfuerzo conjunto de grupos de la sociedad civil de Venezuela para dar a conocer la escala, severidad y gravedad de la emergencia en el país, a través de enfoques de participación interdisciplinaria que permitan superar las severas restricciones de acceso a información oficial y los obstáculos para que se conozca la realidad de los daños e impactos de la emergencia en la vida y el bienestar de la población venezolana.
El reporte señala que:
Venezuela cuenta con una población de 31.8 millones de habitantes y un territorio dividido en 24 estados, en donde se vive una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2015 sin precendentes en el país. Con un perfil de gran escala, por sus múltiples factores y amplia desestructuración en los planos institucionales, jurídicos, políticos, sociales y económicos, la emergencia tiene efectos devastadores en la vida y el bienestar de toda la población. En el derecho a la salud, sus impactos se han materializado en la destrucción de un sistema sanitario público ya deteriorado, causando graves daños a la salud de millones de personas, la reaparición y propagación de epidemias erradicadas décadas atrás y miles de muertes en creciente ascenso.
En el derecho a la salud, la Emergencia Humanitaria Compleja comprende impactos de gran alcance en el menoscabo y destrucción de las capacidades sanitarias nacionales. Entre estos impactos destacan, una institucionalidad sanitaria ausente, la paralización y cierre operativo de la mayor parte de los servicios de atención médica y la denegación prolongada de medicinas, vacunas e insumos sanitarios básicos para la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones, y la atención de personas con condiciones crónicas, desnutrición, embarazadas y recién nacidos, en un contexto de grave inseguridad alimentaria, hundimiento económico, 61% de extrema pobreza , alta incidencia de muertes violentas y colapso de los servicios básicos.
En 1999, la Constitución (Artículos 83 y 84) estableció como obligación del Estado garantizar el derecho a la salud, como parte del derecho a la vida, creando un sistema público nacional de salud bajo su rectoría y gestión, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, y regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. A lo largo de dos décadas, por el contrario, el Estado encaminó sus políticas al desmantelamiento institucional y debilitamiento del sistema sanitario público, entre las que destacan: a) la negativa a cumplir el mandato constitucional; b) el desfinanciamiento público de la salud; c) el uso de cuantiosos recursos para crear un sistema paralelo al institucional, prescindiendo de los profesionales y trabajadores de la salud; d) la vulnerabilidad del sector salud por su alta dependencia de las importaciones a través un control abusivo de las divisas; y e) la censura y ausencia de datos oficiales sobre las condiciones del sistema y la situación de salud de la población.
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