(Caracas, 22.04.2019. Civilis DDHH). El día de la tierra el cual es una celebración propuesta por activistas ambientales en los EEUU durante los años 70, para concientizar sobre los efectos del deterioro ambiental. En Civilis DDHH hemos entrevistado al activista por los derechos ambientales Alejandro Álvarez Iragorry, en conmemoración de esta fecha.

Iragorry es coordinador de la Coalición Clima 21. Además de ser biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, hizo un doctorado en Ciencias, mención Ecología, en esa misma universidad. Desde hace décadas, Alejandro asumió el activismo y la pedagogía como factores entrelazados en su trabajo, sobre todo en lo relativo a los derechos humanos ambientales, la educación ambiental y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al movimiento ambientalista.

¿Por qué se celebra el día de la tierra?

A diferencia de otras fechas del calendario de efemérides ambientales, el Día de La Tierra no es una fecha oficial que haya sido propuesta por alguna institución internacional, como si es el caso del Día Mundial del Ambiente o el Día del Agua, entre muchos otros. Esta nació de una celebración propuesta por activistas ambientales en los EEUU en los años 70 para concientizar sobre los efectos del deterioro ambiental. Esa celebración en principio fue adoptada por muchas organizaciones y personas en diferentes partes del mundo.

 ¿Existe o existió en Venezuela algún lugar que pueda ser ejemplo de espacio verde?

Muchísimos. Venezuela es un país mega diverso, es decir, contiene en su territorio un enorme número de especies vivas en conjunto con los ecosistemas donde viven. Por ello, a pesar de que la degradación ambiental en el territorio nacional es enorme, aún persisten zonas del país con condiciones ambientales extraordinarias tanto desde el punto de vista ambiental como científico, estético e incluso espiritual. Eso incluye desde territorios en las montañas andinas, arrecifes coralinos, bosques nublados, sabanas, bosques amazónicos, ríos y muchos más.

Uno de los temas más importantes para el futuro de Venezuela es proteger esos espacios naturales que aún no han sido destruidos y que son patrimonio y salvaguarda del futuro de todos los venezolanos.

 Pocas veces valoramos o damos prioridad a temas ambientales y no exigimos que se desarrollen acciones que mejoren los derechos relacionados con estos. ¿Cuáles serían esos derechos ambientales que se deberían poner en desarrollo?

Venezuela en muchos aspectos es un país paradójico. Aquí hemos tenido por muchos años una cultura desarrollista e irrespetuosa de la Naturaleza, pero también han existido y existen personas, organizaciones e incluso gobiernos que han realizado esfuerzos por conservar nuestro patrimonio ambiental. Lo que sí resulta novedoso para muchos es entender los aspectos ambientales como derechos humanos, y en ese sentido ni los gobiernos ni otros actores sociales han realizado los esfuerzos necesarios para promover la formación y la información sobre esos derechos.

Con respecto a los derechos humanos ambientales, la Constitución Nacional del año 1999 reconoció el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Asimismo, la legislación venezolana establece el derecho al acceso al agua; pero, más allá de la legislación venezolana, internacionalmente se ha venido desarrollando un cuerpo de principios y jurisdicción que destacan el carácter holístico de los derechos humanos y la preponderancia de los derechos ambientales para el disfrute de otros derechos como a la vida, a la salud, al trabajo,  con ello se establece cada vez más la obligación de los Estados de proteger al ambiente con medidas efectivas para lograr la realización del resto de los derechos.

Por otro lado, se empieza a promover la incorporación efectiva de derechos como a un ambiente sano, a la protección frente al cambio climático y a la conservación de la diversidad biológica.

Adicionalmente, los principios internacionales en materia de derechos humanos ambientales definen derechos procedimentales, en particular el derecho de todas las personas a recibir información adecuada y participar de manera efectiva en temas relativos al ambiente, así como tener acceso a procedimientos judiciales oportunos e imparciales para la solución de conflictos ambientales.

Más recientemente comienzan a vislumbrarse avances en un tema complejo y a la vez necesario: el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

 Algunas ONG de derechos humanos han clasificado a Venezuela  como un país en emergencia humanitaria compleja. ¿Ambientalismo en emergencia humanitaria compleja?

Los temas ambientales forman parte de los componentes que integran la emergencia humanitaria compleja (EHC). En particular, se ha estimado que la negación a los derechos al acceso agua potable y al saneamiento estén afectando a un número cercano al 85% de los pobladores de Venezuela, un número que posiblemente sea aún mayor debido a la relación entre la crisis del sistema eléctrico nacional y los sistemas de distribución de agua potable. Esta situación es causante de graves violaciones a la salud, al trabajo y la educación entre otros derechos.

Otros problemas que forman parte de la EHC son los efectos de la contaminación por mercurio en las zonas mineras de Venezuela, tema sobre el cual no existe ningún estimado del número de posibles afectados, pero posiblemente esté en la escala de las decenas de miles de personas. Igualmente, en distintas partes del país están presentes temas como los efectos de la contaminación de las aguas y la proliferación de fuentes de contaminantes orgánicos persistentes y metales tóxicos sin ningún control; además la enorme tasa de deforestación, la destrucción de ecosistemas y el cambio climático, aunque no tengan consecuencias obvias a corto plazo, generan graves efectos a mediano y largo plazo que afectarán derechos humanos de la población. Un ejemplo de ello es la relación entre la deforestación producto de la minería que actualmente se practica y el crecimiento exponencial de la tasa de morbilidad y mortalidad causada por la malaria.

 ¿Necesitamos una sociedad más consciente de los derechos ambientales como derechos humanos?

Absolutamente, sólo una sociedad que pueda comprender y apropiarse de los derechos humanos ambientales puede movilizarse para su defensa y sólo una sociedad que defienda sus derechos podrá construir un futuro libre de pobreza, sano y seguro.

El mayor riesgo que tenemos en caso de una transición política que pudiera ocurrir en Venezuela, es que sus actores desconozcan la importancia de promover de manera prioritaria las condiciones para que se realice una gestión ambiental basada en los principios del desarrollo sostenible, actualmente precisados por los Objetivos para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ese cambio político que pudiera ocurrir, aún en el caso de lograr algún tipo de éxito controlando las causas de la crisis económica y social que afecta a Venezuela, no tendrá la capacidad de generar una verdadera transformación que garantice a largo plazo el bienestar y dignidad de todos los habitantes del país si no toma en cuenta estos elementos.

El futuro de Venezuela no dependerá tanto de la capacidad para generar una economía sólida, o de la atención a los problemas de salud del pueblo venezolano, sino de temas como el acceso al agua, la conservación de ecosistemas y el cambio climático.