(Caracas, 19.08.2022. Amnistía Internacional). Aunque la realidad venezolana sea una complejidad que causa confusión, la respuesta humanitaria en el territorio evidencia el panorama del país y puede desmontar cualquier discurso que niegue la existencia de una emergencia.

Algunos cambios particulares en Venezuela han suscitado un cuestionamiento en la opinión pública en torno a la situación actual del país. La idea de “Venezuela se arregló” es un debate en el imaginario colectivo que, más allá de ser una verdad absoluta, es una introducción a la visibilidad de realidades que están viviendo venezolanos y venezolanas. Es un discurso que lleva a analizar la emergencia humanitaria compleja decretada a mediados del 2016, cuál es su estado hoy día y qué respuestas está recibiendo.

Carlos Pedraja, miembro de Hum Venezuela, expresa que la crisis humanitaria continúa su curso en el país y la situación es peor que cuando fue alertada por la sociedad civil venezolana hace cinco años, incluso luego de los repuntes de agudización que fueron producto de los largos meses de confinamiento desde marzo de 2020 y durante 2021 por la pandemia de la Covid-19.

Según datos de Hum Venezuela, para marzo de 2022 la emergencia se encuentra en un nivel más elevado que el observado a principios de 2020. A la par del “efecto rebote” en la economía, algunos indicadores mejoraron levemente luego del confinamiento, por la reanudación general de actividades en los hogares venezolanos, pero el deterioro de esos indicadores es mayor al que se registraba antes de la pandemia. La escala y severidad de la emergencia sigue siendo nacional, afectando al menos a 19 millones de personas con necesidades humanitarias en alguno de los sectores donde ha tenido mayores impactos: seguridad alimentaria y nutrición, salud, educación, acceso al agua potable y otros servicios básicos, y condiciones económicas de los hogares.

Para Susana Raffalli, nutricionista y actora humanitaria, las consecuencias de las necesidades a gran escala comienzan a evidenciarse con problemas sociales mucho más complejos. “Esta no es la misma persona que venía por un plato de sopa a la iglesia. Esto es una persona que sigue viniendo por el plato de sopa pero que además, ha incurrido en problemas de prostitución, en temas de alcoholismo y abuso de drogas. Es un país en el que hemos visto aparecer problemas que no teníamos desde hace cinco o seis años, como por ejemplo las bandas delictivas, en la que se están alistando hasta niños y familias. El tráfico humano que está a la vista de todos y se ha denunciado. La operación de grupos irregulares en todas las partes y el destape de polos económicos alrededor de la minería que han significado grandes desplazamientos internos. El aumento del suicidio. Todo lo mencionando en su complejidad social, son reflejos de una situación humanitaria prolongada”, reflexiona.

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela cuenta con una respuesta humanitaria instalada en el país, bajo la coordinación de las Naciones Unidas (ONU), a cargo de un Coordinador Residente/Humanitario, para llevar a cabo la respuesta en conjunto con las agencias presentes en el país, organizaciones de la sociedad civil nacional y el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Pedraja afirma que existe una mayor capacidad de organizaciones de la sociedad civil del país para prestar asistencia y protección humanitaria, con base en necesidades y desde una perspectiva de centralidad en los derechos humanos y una mejor comprensión de las necesidades de la población en la mayoría de los estados del país, a través de fuentes de información independientes, basadas en evidencias rigurosamente recolectadas en favor de la defensa de los derechos de la población a la asistencia y protección humanitaria. Sin embargo, puntualiza que es una respuesta humanitaria insuficiente y limitada. “Ha presentado considerables debilidades: no se han logrado acuerdos formales con el Estado para reconocer la emergencia que permita ampliar la respuesta a más personas, las actividades humanitarias enfrentan serias restricciones de acceso al país por que el gobierno no emite las autorizaciones debidas, además se ha mantenido una política oficial de veto a las evaluaciones independientes de las necesidades de la población que es trascendental para dar respuesta y se ha ido acentuando un entorno inseguro, de hostigamiento y criminalización contra organizaciones que realizan labores humanitarias y el acceso a la cooperación internacional, en general”.

Por su parte Raffalli expresa que, en cuanto al espacio humanitario del trabajo, hay algunas diferencias con respecto a hace tres o cuatro años. La primera es que el espacio humanitario mejoró un poco porque se permitió la apertura de los mecanismos humanitarios internacionales en el país. “Ha llegado ayuda humanitaria, no en la cantidad que se necesitaba, pero sí ha habido un flujo, han permitido que ingrese cooperación internacional, pero, por otro lado, hay ciertas restricciones”, señaló. Además agrega que el cuerpo humanitario hoy día tiene más capacidades, demostrando ser capaz de hacer una acción humanitaria consistente, efectiva, auditable y transparente. “Es un cuerpo humanitario que ha aumentado en términos de cobertura territorial, sectorial y que se ha organizado en una plataforma de coordinación entre sí y con los mecanismos de respuesta internacional y de gobierno.”

En cuanto a la necesidad humanitaria, Raffalli reconoce que la gran diferencia es que en la emergencia tal como estaba en sus inicios, hubiesen sido suficiente mecanismos de socorro temprano, que le diera a la gente, alimentación, agua y salud mínima, pero ahora no es suficiente para salvar una familia. Ahora se necesita eso, más la restitución de sus medios de vida familiares, el apoyo para sus mecanismos de resiliencia (para seguir aguantando un país totalmente impredecible) y la expectativa de una mejora en el contexto nacional para que estos factores que causan el daño, cesen.

 

Sigue el tránsito de la Emergencia Humanitaria Compleja

Existen tres elementos que forman parte de la definición internacional de las emergencias humanitarias complejas: que sean de naturaleza política, con efectos en una caída profunda de las capacidades institucionales, económicas y sociales de un país o una zona; que amerite la activación de una respuesta de múltiples actores por la gran escala y severidad masiva de necesidades humanitarias y que se mantengan factores restrictivos arraigados, que complejizan y prolongan la crisis en el tiempo, sin que se vean salidas a corto plazo. Los tres elementos continúan estando presentes en Venezuela.

Pedraja explica que “la caída de las capacidades para atender las necesidades de bienes y servicios esenciales de la población es de elevadas proporciones. Más del 77% de la población no cuenta con presupuesto suficiente para atender sus necesidades alimentarias, 80% del sistema sanitario presenta servicios de salud inoperativos o cerrados, más de 70% de las escuelas de educación básica se encuentran deterioradas por múltiples deficiencias, 68% de las personas enfrenta déficits de servicios públicos y 66% tiene restricciones severas de acceso al agua. Las altas proporciones de esta caída, incluyendo gran parte de la contracción económica, ha sido producto de una generalizada desinstitucionalización del Estado, la pérdida de contrapesos democráticos sobre las decisiones en la gestión pública y el uso de los recursos que recibe el Estado, y el sistemático uso abusivo y arbitrario de los poderes públicos para la exclusión y marginación de la sociedad, el control social y la discriminación, sin respeto al Estado de Derecho ni a los derechos humanos. En estas tres causas las razones han sido predominantemente políticas.”

Reflexiona sobre la escala que tenía la Emergencia Humanitaria Compleja en 2016.  “Ya ameritaba activar una respuesta humanitaria coordinada por las Naciones Unidas (ONU), pero las autoridades nacionales adoptaron una política de no reconocimiento de la emergencia y de negativa a publicar estadísticas sociales y económicas oficiales que pudieran evidenciar la grave situación, y que se mantiene hasta el presente. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil nacionales fueron las primeras en ofrecer asistencia y protección a la población, mientras que las necesidades seguían creciendo, al punto de provocar en 2017 un aumento masivo y veloz de la migración forzosa de miles de personas, en condiciones de alta vulnerabilidad.”

Pedraja cuenta que no fue si no hasta 2019 que la respuesta humanitaria logró instalarse en el país, cuando las autoridades permitieron la designación del Coordinador Residente como Coordinador Humanitario para iniciar las actividades de asistencia y protección, pero las debilidades señaladas anteriormente evidencian los factores restrictivos que han mantenido la complejidad de la emergencia y que se haya prolongado hasta ahora. “El equipo de la ONU ya ha elaborado cuatro planes de respuesta humanitaria, desde 2019 hasta 2022, permitidos por el Ejecutivo Nacional, y en todos se ha mantenido un total de 7 millones de personas con necesidades humanitarias, con excepción del último recientemente publicado que subió a 7,8 millones de personas”.

Uno de los ejemplos utilizados son los efectos que tuvo la pandemia en la vida de los hogares venezolanos, en el contexto agravado de la emergencia en 2019, cuando solamente en alimentación el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimaba un total de 9,3 millones de personas en inseguridad alimentaria. Según Pedraja esto permite afirmar que la cifra actual de 7,8 millones de personas en necesidad está muy subestimada, como consecuencia de las restricciones indebidas a la acción humanitaria en Venezuela y a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia que rigen su actuación en todos los contextos de los países.

“Las metas de atención en los planes de respuesta han aumentado, de 2,6 a 4,5 millones, entre 2019 y 2020, y a 5,2 millones entre 2022 y 2023, de manera un poco más cercana al techo que ha fijado el gobierno, pero la falta de financiación sigue representando un gran reto, así como sus desbalances de asignación para fortalecer la localización de capacidades de asistencia y protección en las comunidades y organizaciones de la sociedad civil”, señala.

 

Prioridad en la asistencia

Susanna Raffali considera que la prioridad número uno es la repotenciación y la reinstitucionalización de toda la red sanitaria del país. “Nosotros no podemos seguir con la red de servicios públicos en las circunstancias en las que está, denunciadas además por el propio presidente”. En materia de seguridad alimentaria, nutricional y protección social, cree que es urgente que el Estado rectifique el rumbo, que recoja los programas de subsidios alimentarios para que se conviertan nuevamente en un subsidio alimentario que llegue a las personas más necesitadas.

Para Carlos Pedraja, la emergencia humanitaria venezolana es multidimensional y las afectaciones en los sectores salud, alimentación, agua y saneamiento y educación son igualmente de prioritarias. Explica que la respuesta humanitaria internacional está diseñada para poder cubrir las distintas áreas de necesidades simultáneamente. Sin embargo, para salvar vidas, las prioridades siguen siendo nutrición, salud y atender las deficiencias de medios de vida, inseguridad alimentaria, violencia y falta de servicios básicos en los entornos de los hogares con las poblaciones que enfrentan riesgos de perder la vida por hambre crónica y/o mala salud.

“En nutrición es fundamental la atención a los niños y niñas menores de 5 años, y entre los 6 y 17 años a través de programas alimentarios en las escuelas básicas, además de las embarazadas y mujeres lactantes, así como las personas mayores en situación de pobreza y la mayoría de las personas recluidas en cárceles. Igualmente, en salud es prioritaria la atención a esas poblaciones, sumando a las personas en condiciones crónicas, enfermedades que han aumentado de forma considerable y ocasionando muertes tempranas evitables, por la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado; también es importante la atención a mujeres, niñas y adolescentes en salud sexual y reproductiva, las personas con discapacidades y las personas LGBTIQ+”, puntualizó.

Para el equipo de HumVenezuela el llamado a las autoridades y a las agencias que operan en el país brindando asistencia humanitaria son varios. Como mínimo creen importante un acuerdo formal y firme entre las autoridades venezolanas con el sistema de las Naciones Unidas, que funcione como marco de compromisos con la respuesta humanitaria, que reconozca la emergencia y permita la evaluación de necesidades humanitarias de manera independiente y el acceso público a estas evaluaciones.

Consideran que es fundamental garantizar un espacio de acción humanitaria libre y segura en el que se pueda tener acceso a todas las personas con necesidades humanitarias, en cualquier zona o instalación, y que las organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, puedan trabajar sin temor a represalias o criminalización por realizar sus legítimas labores. Otra de sus exigencias es derogar o abstenerse de dictar legislaciones que puedan inhabilitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, garantizando un entorno sin persecución o amenazas, en particular revocar la Providencia 002-2021 y retirar de agenda legislativa el proyecto de ley de cooperación internacional, que afectan directamente la posibilidad de operar en el país.

Por último, exigen a las autoridades aumentar sustancialmente los esfuerzos de financiamiento para la localización de la acción humanitaria y adoptar la centralidad de la protección en todos los procesos operativos de los actores humanitarios para prevenir y actuar ante situaciones de violencia, abuso, privación y cualquier otra vulneración de los derechos humanos.

Fuente Original: Amnistía Internacional