(Caracas, 08.09.2021. Amnistía Internacional). La organización Médicos Unidos de Venezuela contabilizó la muerte de 349 personas del sistema sanitario del país hasta el mes de febrero de 2021. Sin embargo, el estado solo admitió la muerte de 22 en el mismo período.
Las cifras del año 2020 registradas por Médicos Unidos de Venezuela señalan que 220 profesionales de la salud murieron a causa del virus y hasta el mes de febrero de 2021 totalizaban 3494.
El Estado venezolano reconoce en su conteo oficial a 13 médicos, 5 entre el personal de enfermería y 4 sin especificar en qué área estaban ubicados.Mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el deceso era de 121 trabajadores desde el 20 de enero de 2020 y el 8 de febrero de 2021. Sin duda la opacidad de información verificable hace que la situación sea motivo de atención.
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Deyanira, profesional de la enfermería que trabaja desde hace más de 25 años en el ámbito sanitario público, señala que en el país no se ha dotado de insumos de protección al personal que trabaja en primera línea desde comienzos de la pandemia. Sumándose el factor de los bajos salarios, las pésimas condiciones en las que se atienden a los pacientes e incluso en las que viven ellas mismas desde hace más de 5 años con la emergencia humanitaria y la crisis DESCA.
El 13 de marzo de 2020 se registraron los primeros dos casos positivos para la COVID-19 según anuncio oficial. Un hombre de 47 años, residente en el estado Aragua que también fue la primera muerte registrada oficialmente a causa del virus.
Con el paso de los días y el aumento de contagios el riesgo de muerte del personal sanitario crecía junto al miedo y la desolación por la desatención del Estado.
El país actualmente atraviesa el peor momento de la pandemia ante la segunda ola que las autoridades califican de “más virulenta” y que vinculan a dos variantes brasileñas, pero que no muestran un plan especial que proteja a trabajadores de la salud o que contenga la propagación y el colapso del sistema público hospitalario en Venezuela.
“Tras un año del inicio de la pandemia, no tenemos aún conocimiento real de su evolución. La estrategia gubernamental ha sido la de manipular las cifras por la vía del subregistro. Las cifras oficiales no corresponden a la realidad”
Informó el médico Carlos Walter, exministro de Salud de Venezuela y presidente del Centro de Estudios de Desarrollo.
Testimonio que visibiliza la realidad
Mariana Fernández es familiar de un médico que perdió la vida luego del contagio del virus y comenta que el personal de la salud se ha mantenido sin protección al frente de la batalla contra esta enfermedad. “Han estado presentes, en los centros de salud, llevando a cabo su trabajo por vocación y solidaridad; en la calle, protestando y denunciando, e incluso en las redes y medios, divulgando e informando”, comentó.
También han alzado la voz, denunciando las condiciones del sistema de salud, la falta de insumos y equipos de bioseguridad, sueldos precarios y la falta de compromiso del estado en implementar políticas publicas eficaces para controlar la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que ha derivado en un aumento de casos, resaltó Fernández para indicar que más allá de las voces públicas, si asistes a un hospital o a un centro centinela, puedes identificar el esfuerzo, la voluntad y valentía de quienes se enfrenta a la Covid-19 y la mayoría de las veces lo hacen sin equipo de protección y sin condiciones adecuadas para ello, exponiéndose por el simple hecho de ayudar. La experiencia de la entrevistada fue la que vivió por un familiar que falleció y que además fue médico nefrólogo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA). Fue diagnosticado con tapabocas KN95Covid-19 a finales de agosto del 2020.
“Durante quince días batalló por su vida, hasta que ya no pudo más. En ese tiempo, mi prima y yo nos encontramos a las afuera del hospital, atentas para cada examen de sangre o medicamento que se necesitaba. Durante esos días vi muchas cosas, desde la realidad de quienes afrontan esta enfermedad sin recursos (la gran mayoría), aquellos que como nosotras que contábamos con el apoyo de personas caritativas que no dudaron en ayudar en todo lo que pudieran; hasta las lágrimas de los familiares que no volvían a ver a sus seres queridos, el tener que retirarnos cada vez que alguien fallecía (mucho más de lo que se informaba en las cifras oficiales) y el aplauso de todos cuando algún sobreviviente salía del ala de aislamiento con vida”
Comenta María Fernanda que vio a muchas personas del área de salud entrar a la zona de atención de Covid-19 o de aislamiento solo con batas quirúrgicas, doble tapabocas, guantes y lentes, con un equipo de bioseguridad incompleto.
“Algunos médicos y enfermeras contaban con bragas de bioseguridad donados por la iglesia, fundaciones o incluso comprados por ellos mismos, estos eran los que permanecían en el área de aislamiento,” dijo en su testimonio señalando que luego de que la organización humanitaria, Caritas donara algunas pantallas de bioseguridad y tapabocas KN95 comenzó a observar la presencia de personal protegido. Como familiares se vieron en la obligación de comprar guantes, batas y alcohol para colaborar con enfermeras y doctores. También corrieron con gastos de laboratorios.
“En el hospital no había como hacer los exámenes de gases arteriales y el seguro social solo podía cubrir algunos cuantos, cuando se acabaron los reactivos solo se podían hacer en laboratorios privados cuyos precios eran altísimos. En ese tiempo, hubo innumerables apagones y fallas de electricidad, las enfermeras nos contaban que cuando eso ocurría los equipos de respiración asistida se apagaban y tenían que realizar maniobras manuales. Sin duda, médicos y enfermeras se encontraban más expuestos en esos momentos”.
Otros datos
En el país desde 2017 no se publica la información epidemiológica y este patrón se ha mantenido desde el anuncio oficial de la llegada de la Covid-19 como se demuestra también en la inconsistencia que detalla al personal sanitario fallecido. Desde mediados del mes de abril de 2020 se adecuó la plataforma www.covid19. patria.org.ve que detalla los casos anunciados diariamente a través del sistema de información pública.
Sin embargo, esta web tarda al menos, entre 24 y 72 horas en actualizar y muchas veces presenta errores en las cifras ofrecidas directamente por la vocería del Estado. En el contexto actual, el llamado “quédate en casa” se volvió una barrera. Y es que, la inflación desbordada y la necesidad de muchas personas de arriesgarse a pasar hambre, o a contraer el virus era la historia común de muchas familias. También las de quienes hacen vida en los hospitales y centros de salud en el país.
Deyanira comentó al respecto, que el salario que gana en el hospital no llega ni a 2$ al mes y que muchos de sus compañeros tuvieron que tomar la decisión de “quedarse en casa” pero desempeñando otros oficios, como los de repostería y cocina para ofrecer a la venta, resultándoles alternativas seguras y rentables ante la crisis económica. Esto originó que muchos profesionales abandonaran el sitio de trabajo, y que además de eso, quienes se quedaban se sobrecargaran ante el aumento de los casos.
“En la pandemia, el derecho de trabajadores de la salud a alzar la voz por salarios dignos resultó ser un peligro. Si no te amenazaban los jefes, te apresaban o te perseguían. Debes quedarte en silencio sin recibir respuesta y si denuncias la situación te desmienten o te amenazan para que guardes silencio”, señaló Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela. No hay un plan de vacunación en el país y tampoco se ha garantizado ninguna política orientada en la protección y bienestar de quienes están en primera línea combatiendo la enfermedad.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por lo que vive Venezuela durante la pandemia y ha emitido varias alertas que van desde la represión contra quienes informan, denuncian o exigen cifras en relación a la crisis sanitaria hasta la exigencia de la necesidad de protección urgente al personal de salud mientras la pandemia de Covid-19 se agrava.
La escasez de agua en los hospitales, falta de insumos de limpieza y desinfección y el desinterés o falta de voluntad política en fortalecer el sistema de salud son algunas de las causas de lo que se vive a un año de la pandemia. El Estado venezolano no ha tenido una política clara frente al virus, la información ha sido monopolizada y las semanas intermitentes de flexibilización y radicalización no responden a ninguna lógica sanitaria en otros lugares del mundo.
La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial en el país. Como consecuencia de la grave crisis de servicios y el hacinamiento en zonas populares y en las cárceles es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez.
El éxodo masivo, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen producto de la emergencia humanitaria y la crisis económica, agrava el riesgo de que el virus se extienda.
La reciente actualización del informe de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela advirtió que el personal sanitario se ha manifestado repetidamente en favor de condiciones de trabajo adecuadas y seguras y del acceso a la vacunación, alegando la insuficiencia de equipos de protección personal, la falta de pago de los salarios y las condiciones insalubres. Además, resaltó que “más de una quinta parte de las muertes por Covid-19 en el país han afectado a trabajadores sanitarios. La vacunación debe ser accesible para todos”
Por Gabriela Buada.
Fuente Oficial: Amnistía Internacional