(Caracas, 26.08.2021. Acción Solidaria). Este miércoles 25 de agosto, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe SALUD EN EMERGENCIA: El caso de Venezuela, que es el resultado de un monitoreo que se hizo entre enero y diciembre de 2020 y en el que se documentaron 1.436 casos relacionados a violaciones al derecho a la salud en 109 centros médicos
públicos, ubicados en 22 de los 24 estados del país.
Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad, explicó que la información se recolectó a
través de 21 portales web de medios nacionales e internacionales y 27 de organizaciones de la
sociedad civil con el objetivo de identificar patrones con respecto a la falta de garantía del derecho
humano a la salud, el deterioro de los centros del sistema público, las poblaciones en mayor situación
de vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta el personal médico, en medio de la Emergencia Humanitaria
Compleja que atraviesa Venezuela.
Los factores evaluados por el equipo para este estudio fueron los que componen los estándares
universales del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Saturno insistió en que el informe no pretende ser un estudio estadístico, más bien un registro que fije
un precedente acerca de la desatención del Estado y la afectación de la pandemia por COVID-19
sobre las familias más vulnerables.
Juan Manuel Rodrigues, abogado y miembro de la unidad, precisó que de 1.436 casos registrados,
21% fue en centros asistenciales del sistema sanitario público. Además, explicó que de los 109 centros
de salud monitoreados, 8 pertenecen a la Misión Barrio Adentro, 9 son ambulatorios, 7 son
especializados en diálisis y 85 son hospitales de diversos tipos. 70% de los casos tienen que ver,
directamente, con la disponibilidad.
Saturno aseguró, que este monitoreo permitió identificar que los grupos en mayor situación de
vulnerabilidad en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja son las mujeres y niños, niñas y
adolescentes. Además, evidenció que la pandemia por el SARS-COV-2 incrementó los riesgos que ya
sufría un grupo invisibilizado: el personal de salud.
Entre las conclusiones, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos especificó que las
violaciones del derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas y la emergencia
global ha agudizado y evidenciado el deterioro del sistema sanitario público.
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