(Caracas, 25.11.2023. Provea). Este jueves 23 de noviembre, en un evento sindical en Yaracuy organizado por Provea, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentaron ingresar al taller, el cual contaba con la participación de 88 personas, incluyendo destacados líderes sindicales de diversos gremios. Su objetivo aparente era documentar el evento y buscar específicamente al abogado Marino Alvarado, Coordinador Legal de Provea.
A pesar de las insistencias, los funcionarios del Sebin fueron impedidos de entrar por los organizadores del taller. Esta negativa provocó una tensión en el lugar, aunque no se reportaron enfrentamientos. Los agentes del Sebin, después de permanecer en el lugar por algunos minutos y ante la imposibilidad de cumplir su cometido, optaron por retirarse sin mayores incidentes.
Hostigamiento a Defensores de Derechos Humanos
Este último incidente en Yaracuy es solo uno más en una serie de actos que indican un preocupante patrón de hostigamiento y persecución contra defensores de derechos humanos en Venezuela. Parte de una estrategia más amplia para intimidar y silenciar a aquellos que se oponen o critican al gobierno actual, alertado por organismos internacionales.
En septiembre de 2022, se registró un incidente similar en la sede de Provea en Caracas. Durante una rueda de prensa organizada por familiares de los seis luchadores sociales detenidos y condenados a 16 años, funcionarios del Sebin intentaron ingresar a donde se realizaban las declaraciones, lo que generó una situación de tensión y preocupación entre los asistentes y organizadores del evento.
El emblemático caso de Javier Tarazona, director de FundaRedes y reconocido defensor de derechos humanos, quien permanece detenido desde el 6 de julio de 2021 y suma más de 872 días, tras haber hecho denuncias sobre abusos en el conflicto armado en la región de Apure, en la frontera con Colombia.
La detención de Tarazona ha sido ampliamente condenada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, resaltando la preocupación por la seguridad y libertad de los defensores de derechos humanos en Venezuela. En julio de 2023 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, hizo un llamado a la liberación de Javier y denunció su crítica situación de salud. Desde su detención, Tarazona ha permanecido encarcelado, lo que ha generado una exigencia por su liberación y por el respeto a los derechos fundamentales en el país.
Ataques al espacio cívico denunciados
Los informes emitidos por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela han señalado la existencia de una política estatal de persecución contra opositores, percibidos como tales, y voces disidentes como parte de una cultura de miedo, desconfianza y autocensura.
«Sindicalistas, periodistas, defensores, opositores… las principales víctimas de las tácticas de represión “duras y blandas” a través de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles»
La Misión también denunció la represión a instituciones clave de la sociedad civil (incluida Provea), partidos políticos y medios de comunicación en el país: “Las investigaciones de la Misión ofrecen una descripción compleja de los diferentes mecanismos de represión desplegados en Venezuela”
La sociedad civil venezolana, en respuesta a estos actos de hostigamiento, ha mostrado su preocupación y condena. Organizaciones no gubernamentales, activistas, grupos de derechos humanos y ciudadanos expresaron su solidaridad hacia Marino y el resto de afectados.
Fuente Oficial: Provea
