(Caracas, 09.03.2020. Examen ONU). Durante el 172 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en la capital de Haití, organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y venezolanas denunciaron ante los Comisionados las situaciones que enfrentan las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Ecuador.
La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), Ligia Bolívar, alertó a la Comisión, con cifras de la quinta ronda de monitoreo de movilidad venezolana (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde se expone que existe un estimado de 385 mil venezolanos en Ecuador, de los cuales 107 mil tienen una condición migratoria regular y 13 mil son solicitantes de refugio. Bolívar además explicó que 94% de los venezolanos en Ecuador no cuentan con un contrato de trabajo formal, 42% de las familias venezolanas no pueden enviar a los niños al colegio por diversos motivos, y más del 60% no tienen acceso a servicios de salud.
Ante la precariedad de obtener documentos de indentificación o de viaje la inVestigadora señaló que según la OIM 57% de los venezolanos ingresaron a Ecuador con cédula de identidad y 41,7% ingresaron al país con pasaporte. «En Agosto 2018 casi 70% de los venezolanos ingresaban al Ecuador con pasaporte, en 2019 ese número descendió a 44%», subrayó Bolívar, quién además alertó que estás cifras implican un incremento en el ingreso de personas venezolanas por puntos fronterizos no autorizados (trochas) al Ecuador, lo que aumenta sus niveles de vulnerabilidad ante la trata, abusos y explotación.
En la audiencia también se denunció la criminalización a la cual es sometida la población venezolana en Ecuador, donde de acuerdo a Bolívar a pesar de que solo el 0.9% de la población penitenciaria del país es de nacionalidad venezolana, estas líneas discursivas continúan.«No se trata solo sobre un tema de migración, también es sobre humanidad. Hemos podido detectar que en Ecuador no solo existe xenofobia, también aporofobia», agregó la Hna. Leda Dos Reis, en representación de la Misión Scalabriniana, quién indicó que a partir de casos aislados se ha criminalizado a los venezolanos. «Blindan sus fronteras e incluso dificultan su acceso al trabajo», dijo.
La Hermana Dos Reis alertó que la Misión Scalabriniana ha documentado aplicaciones de multas masivas dirigidas hacia la población venezolana, políticas que según Dos Reis incrementan los niveles de vulnerabilidad de la población migrante venezolana, siendo posibles víctimas de trata de personas, en especial niñas y personas LGBTI+. «Solo se percibe a los venezolanos como una masa que se encuentran en situación de movilidad, olvidando que son personas con historias», dijo Dos Reis.
El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador informó a la Comisión sobre las propuestas de reformas a la normas sobre movilidad humana que buscan la criminalización y deportación automática de la persona migrantes, obviándose el debido proceso establecido en las leyes y la constitución de Ecuador. «En la propuesta se incluye multas por no portar documentos en la calle e incluso se puede impedir el solicitar la visa humanitaria por ser vendedores ambulantes», alertaron.
A su vez, las organizaciones informaron sobre la falta de transparencia del proceso de registro migratorio, y aclararon que la visa, a pesar de tener una naturaleza «humanitaria», tiene un valor equivalente a 50 dólares americanos, impidiéndose por este requisito a los venezolanos más vulnerables el poder acceder a ella y regularizar su estatus migratorio.
«Estamos ante un proceso de reunificación familiar y justo en este momento cuando se restringe la movilidad. Se impide migrar a quienes son más vulnerables, que son las mujeres, las niñas y niños y las personas mayores», denunció la investigadora Ligia Bolívar.
Fuente Oficial: Examen ONU
