( Ginebra-París-Caracas, 03.02.2021. OMCT). COFAVIC, el Observatorio (OMCT-FIDH) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas  en un informe denuncian que en Venezuela, la escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras no ha dejado de aumentar durante la pandemia del COVID-19, con más de 338 ataques registrados hasta finales de 2020.

El contexto de la pandemia ha profundizado la crisis del derecho a defender derechos en Venezuela: junto al claro debilitamiento de las garantías de trabajo de las personas defensoras y las organizaciones sociales en el contexto de la pandemia del covid-19, se ha reafirmado el deterioro del espacio cívico en el país.

Se ha constado un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en un 157% con respecto a las cifras de 2019. Las detenciones arbitrarias, los actos de difamación y estigmatización y los hostigamientos, son los tipos de ataque más repetidos en el contexto venezolano. También se ha registrado un aumento de los ataques contra medios de comunicación social y organizaciones defensoras del derecho a la información como, por ejemplo, Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Un ejemplo paradigmático de esta estigmatización, persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ocurrió hace apenas unos días. El 19 de enero, fueron detenidos arbitrariamente seis miembros de Azul Positivo, una ONG que trabaja en favor de las comunidades del estado Zulia, a través de campañas de salud e higiene, prevención de enfermedades, talleres de concienciación humana y asistencia material a comunidades socioeconómicamente vulnerables. Cinco de estos trabajadores humanitarios, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz han sido llevados a juicio por este trabajo, acusados de “asociación para delinquir” y otros delitos muy graves relacionados con la ley de financiamiento al terrorismo, que tienen altas penas de prisión.

Ante esta evidencia y dando continuidad al seguimiento que las organizaciones firmantes vienen realizando en materia de registro de agresiones a personas y organizaciones defensoras, se presenta hoy la publicación Enemigos internos: defender derechos humanos en el contexto de la pandemia covid-19 en Venezuela, que constituye una actualización del informe presentado en marzo de 2020. Junto a ello lanzamos una agenda de recomendaciones para una política pública que garantice la defensa de derechos humanos en Venezuela.

Algunas conclusiones específicas del Informe:

  • Existen patrones claros de violencia y ataques contra las personas defensoras, que no constituyen casos aislados, sino que parecen confirmar la existencia de una política de Estado de persecución a las organizaciones de derechos humanos tal y como nuestras organizaciones han venido denunciando.
  • Se ha utilizado por parte de las autoridades el contexto del covid-19 para redoblar esfuerzos para restringir las voces independientes en el país y el derecho a defender derechos humanos.
  • La regulación de los Estados de Alarma carece de salvaguardas para los derechos humanos, en especial en lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha tenido un fuerte impacto en el acceso a la justicia de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos.

El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.