(Caracas, 30.08.2018. Crónica Uno / Julio Materano).  Con 65 días de conflicto a cuestas, el sector salud pone sobre la mesa los reclamos en torno a una crisis que progresa de manera vertiginosa y que no parece tener coto, al menos a corto plazo. En este punto, la insistencia parece la mayor fortaleza de un sector que no se desmoviliza y que permanece de huelga en las emergencias de los hospitales y en los servicios especializados que están en cierre técnico.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, asegura que el Gobierno apela al cinismo y solo presenta la versión oficial de un sistema de salud venido a menos, del que solo quedan escombros, equipos desvencijados y circulares en las puertas batientes de las emergencias que advierten sobre la falta de insumos y de personal. Con un Congreso Nacional de la Salud de espalda al gremio, la portavoz de las enfermeras sostiene que los hospitales están sin insumos y los profesionales sin la certeza de un salario.

Hasta la fecha, se cuestiona el gremio de salud, el Gobierno no ha emitido una gaceta para oficializar el aumento del salario mínimo que se ubica en 1800 bolívares soberanos y sobre el cual esperan se apliquen las cláusulas de la contratación colectiva que arropa a los agremiados. Las exigencias de aumento formuladas por los médicos y enfermeras cobran vigencia en un contexto económico el que Nicolás Maduro autorizó el incremento de 25 productos de la canasta básica, que representan 64 % del nuevo salario.

«Somos padres y madres de familia y tenemos dificultades con la inflación. Vamos a mantenernos en esta lucha firmes y activos, defendiendo el derecho a la salud de los pacientes”, sentencia Contreras y refuerza su reclamo por la ausencia de una tabla salarial que rija el sector.

Este jueves los médicos, enfermeras y obreros realizaron la octava asamblea interhospitalaria para ratificar la vigencia de sus reclamos a los que se le adhieren la diáspora de personal calificado a países de la región. “Esta no es solo una lucha gremial, también estamos buscando insumos. No queremos ver morir más a los venezolanos en una emergencia, en algunos casos por falta de oxígeno”.

La voz al unísono de los diferentes gremios que se hicieron sentir en el Hospital Jesús Yerena de Lídice, en Caracas, demuestra la cohesión de un sector que se volcó a la calle el pasado 25 de junio. “Nos mantendremos así hasta que no haya respuestas. No es hora de tener miedo, es momento de pedir a quien está en Miraflores que debe gobernar para el pueblo”, afirmó la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital en rueda de prensa.

En 2017, señala la Encuesta Nacional de Hospitales divulgada por la Asamblea Nacional, 97 % de los laboratorios estaban inoperativos, en la mayoría de los casos por falta de mantenimiento, un problema al que se suman las fallas de agua y el racionamiento de energía eléctrica en las principales ciudades. De 48 pabellones que suman los centros del Seguro Social en Caracas y Miranda, solo 20 tienen la infraestructura adecuada para responder a la demanda de cirugías, lo que es igual a decir 42 % de los pabellones, según la Encuesta de Hospitales.

Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, califica la situación hospitalaria como una verdadera tragedia. Señala que el J. M. de los Ríos no es la excepción a la aguda crisis por la que atraviesan los centros públicos. En ese hospital, de 11 camas de que dispone la terapia intensiva pediátrica, solo cuatro están operativas, el resto no cuenta con equipos para brindar cuidados críticos. Faltan monitores, ventiladores y bombas de infusión, además de personal de enfermería.

El titular de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría es crítico en torno a las conclusiones del Congreso Nacional de Salud que culminó el 26 de agosto. El congreso, rechaza Urbina, se hizo de espaldas a las sociedades científicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Tampoco incluyó la visión de los especialistas que manejan la información técnica de la crisis sanitaria, cuyo origen se sitúa en 2014, según expertos.

Entre las medidas tomadas por el Ejecutivo, se acordó la eliminación de los requisitos académicos básicos para que los Médicos Integrales Comunitarios puedan optar por cursos de formación académica sin cumplir con el servicio rural obligatorio, según Urbina.

En definitiva, denuncian quienes están al frente de los reclamos, el congreso promovido por el Gobierno no incluye medidas para paliar las epidemias por enfermedades endémicas, el déficit de insumos en los hospitales ni respuestas a los reclamos laborales. Para muchos es solo una respuesta sesgada a un conflicto que demanda soluciones de fondo. En líneas generales, según el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, los médicos integrales, cuya formación solo suma 3000 horas de las 8000 horas académicas que completa un estudiante de pregrado en las universidades tradicionales, no están aptos para cursar estudios de posgrados.

«A los médicos integrales que intentan insertarse en Colombia, en Perú o en Ecuador no los aceptan, porque los pensum no se comparan con la formación de los médicos lanitoamericanos. Y en Venezuela el Gobierno les da una preponderancia por encima de los médicos egresados de las universidades autónomas”.

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