(Mérida, 08.10.2020. Promedehum). En horas de la tarde del día 7 de octubre de 2020, aproximadamente 60 personas con edades entre los 16 y 30 años fueron detenidas de manera arbitraria e indiscriminada por supuestamente “violar la cuarentena”, en un operativo conjunto de organismos de seguridad llevado a cabo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía del Estado Mérida en varios sectores del centro de la ciudad de Mérida, para luego ser trasladadas al Área de Triaje Covid-19 del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes–IAHULA a los fines de practicarles supuestas pruebas para “detectar” coronavirus sin su consentimiento. Asimismo, durante el desarrollo de estos hechos los prenombrados funcionarios retuvieron los documentos de identidad de los detenidos y les anunciaron que tenían dos opciones: ser reclutados para prestar servicio militar o realizar trabajo comunitario después de una charla de 6 horas.
Vale destacar que la semana comprendida entre el 5 y el 11 de octubre de 2020 es oficialmente de flexibilización por lo que durante ese lapso, ambos días inclusive, no operan las restricciones de movilidad de allí que los hechos descritos se califiquen como detenciones arbitrarias destinadas a coaccionar a individuos mediante un procedimiento no oficial e ilegal de “reclutamiento” que es desconocido por la ciudadanía, en el que además se detuvieron a menores de edad y personas de la comunidad LGBTIQ+ pudiendo éstas últimas hallarse en riesgo de sufrir actos de violencia sexual y de cualquier tipo. Sumado a ello, todas las personas detenidas arbitrariamente fueron expuestas al contagio de Covid19 ya que los funcionarios actuantes no acataron las medidas de distanciamiento tanto social como físico, ni los protocolos de seguridad establecidos para evitar la propagación del coronavirus.
Es importante hacer notar que tanto el artículo 134 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 como el artículo 5 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación promulgada en el año 2014, prohíben el reclutamiento forzoso con miras a erradicar la que fuese una mala práctica del siglo pasado; en consecuencia, los actos conducidos por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Mérida son altamente condenables e ilícitos en el marco de un estado de alarma que está siendo interpretado de forma discrecional por las autoridades para incurrir en violaciones de derechos humanos.
Frente a esta situación, expresamos nuestra más profunda preocupación a la vez que rechazamos las detenciones arbitrarias e instamos a las autoridades competentes a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos suscitados que determine la responsabilidad de los funcionarios y que los mismos no se conviertan en un patrón deleznable que atenta a todas luces contra las libertades fundamentales de las personas.
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