(Caracas, 05.08.2020. Espacio Público). El mes de julio culminó con un total de 30 casos registrados y 61 violaciones del derecho a la libertad de expresión, la más frecuente continúa siendo la intimidación, seguida por la censura, el hostigamiento verbal y las amenazas.
De las 40 víctimas este mes, la mayoría son periodistas (60%), seguidas por medios de comunicación (10%, cuatro afectados), y particulares (7,5%). Por otra parte, la población de diferentes estados se vio imposibilitada de acceder a Internet a través de ABA, el servicio de banda ancha de la empresa estatal Cantv, el proveedor con mayor cobertura en el país.
Con las cifras de julio, se acumulan 270 casos y 686 violaciones del derecho durante el 2020. Continúan las restricciones de búsqueda de información sobre la gasolina y COVID 19, así como la tendencia de detenciones arbitrarias a trabajadores de los medios, siendo los cuerpos de seguridad del Estado los victimarios en el 59% de los hechos registrados durante el séptimo mes del año.
Detenciones a diestra y siniestra
Las detenciones y la persecución a trabajadores de los medios genera más desinformación en el país a causa de todas las fotografías e historias que quedan sin publicación. De esta manera el Gobierno evita que la ciudadanía reciba información de calidad sobre lo que sucede, una acción que viola la constitución nacional y los diferentes tratados Internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión.
El sábado 4 de julio funcionarios de la división antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), apresaron a la productora Valeria Rodríguez Villapol, cuando grababa la detención del chef Víctor Moreno. Ambos estaban en el local junto a un equipo de trabajo para la transmisión en vivo por redes sociales de un evento de cocina. Los funcionarios incautaron varios celulares, y se llevaron del lugar a Moreno, Rodríguez y a dos personas más. Fueron liberados una hora después sin que les explicaran el motivo de la detención.
Darío Salcedo, trabajador de la estatal Insopesca, tiene una medida de arresto domiciliario desde el 4 de julio, una cautelar impuesta por el Tribunal después de casi dos meses en el Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico. Salcedo denunció en redes sociales las irregularidades de aumento de precio en los beneficios de alimentación de la empresa, por lo que le imputaron el artículo 20 de la inconstitucional normativa contra el odio, criminalizando su expresión legítima.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron por segunda vez a la periodista Mimí Arriaga, aunque ya había sido presentada en Tribunales. El 7 de julio fue sacada de su casa y trasladada a la sede del CICPC en Parque Carabobo, violando la medida de arresto domiciliario que impuso el tribunal. Arriaga tuvo que permanecer en el lugar hasta que se presentaron sus abogados con el documento legal.
El 13 de julio funcionarios del CICPC detuvieron al politólogo Nicmer Evans, quien dirige el medio digital Punto de Corte. La orden de aprehensión fue emitida por el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas, acusaron a Evans de supuesta “promoción o incitación al odio”, luego de que publicara un mensaje en Twitter deseando “larga vida” al constituyente Fidel Madroñero, quien anunció que está contagiado con COVID-19.
Una comisión mixta de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el CICPC realizó un allanamiento en la vivienda del politólogo, durante cuatro horas hostigaron a la esposa de Evans y le retuvieron el celular, a través del cual ingresaron a la cuenta en Twitter de Punto de Corte. Durante el procedimiento los funcionarios también hostigaron a trabajadores de Punto de Corte, quienes estaban dando cobertura al allanamiento y detuvieron al abogado Ángel Herrera en calidad de testigo.
Cuando Nicmer Evans se presentó en el lugar fue detenido y trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta. El 17 de julio fue presentado ante el Tribunal 21 de control, que ordenó la privativa de libertad utilizando el artículo 20 de la ilegal normativa contra el odio.
En el estado Cojedes, funcionarios de la Policía Regional detuvieron al dirigente político del partido Primero Justicia, José Luis Ospino, luego de que acompañara una protesta el 13 de julio en la sede de la Alcaldía del municipio Lima Blanco, donde ciudadanos exigían respuestas sobre la recolección de basura, después de dos meses sin servicio de aseo urbano. A Ospino el quitaron el celular y evitaron que se comunicara con abogados o familiares durante las 7 horas que permaneció en la sede de la policía de Macapo.
El 15 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al periodista Otilio Rodríguez, director de la estación Pura Candela 93.3 FM en Carúpano, estado Sucre. Rodríguez Fue presentado ante un Tribunal de flagrancia e imputado por supuesta instigación al odio; después de 20 horas detenido fue excarcelado con una medida cautelar. El periodista contó al medio digital El Pitazo que el motivo de la detención fue la publicación de una nota realizada en una estación de gasolina.
Ese mismo día, también en el estado Sucre, funcionarios de la policía Municipal intentaron detener a Esteban Echezuría, por utilizar su cuenta de Facebook para invitar a protestar por la falta de gas doméstico en Cumaná. Los funcionarios se presentaron en su vivienda y exigían que saliera, pero el ciudadano permaneció dentro de su casa hasta que los policías abandonaron el lugar.
En Caracas, funcionarios de la GNB detuvieron al fotorreportero y dos motorizados del portal digital Crónica Uno. Los funcionarios interceptaron a Gleybert Asencio, Ronald Montaño y Yonathan Torres cuando salían del Hotel La Palmera, donde registraban la situación de personas en aislamiento preventivo por posible contagio de COVID-19.
Al salir del hotel un efectivo de la GNB les solicitó las credenciales de prensa, se las retuvo, y les acusó de estar “levantando falsos positivos”. Luego un civil armado ordenó que trasladaran al equipo de Crónica Uno al hotel Alba Caracas; allí esperaron por dos horas al Comandante Vargas, quien le indicó que deben pedir permiso para hacer la cobertura, les dio una charla de bioseguridad y los liberó bajo amenaza de detenerlos en caso de verlos nuevamente dando cobertura a hechos relacionados con COVID-19.
El 31 de julio efectivos de la DGCIM detuvieron al periodista William Urdaneta en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. El reportero del Correo del Caroní estaba fotografiando el tráfico en la calle en la avenida Guayana, registrando la situación por la cuarentena. Fue liberado una hora después, los efectivos le robaron el teléfono y la memoria de su cámara, por lo que perdió el material captado.
Las detenciones por publicar o buscar información, evidencian la intención del Estado de silenciar a las personas, una medida contraria a nuestro derecho a expresarnos y a estar informados que viola la constitución nacional y los tratados internacionales, de obligatorio cumplimiento en Venezuela.
Restricciones a medios digitales y caídas de Internet
El 6 de julio la organización Netblocks registró una pérdida de conectividad a Internet en 15 entidades del país, producto de una falla eléctrica que se generó a las 8:40 de la noche. En Venezuela el Estado es el encargado de garantizar el suministro eléctrico, sin embargo las fallas son constantes; en esta ocasión las regiones más afectadas fueron: Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa.
El portal Alberto News ha tenido que sortear la censura generando nuevos nombres de dominio para así burlar los bloqueos impuestos desde Cantv y otros proveedores de Internet; sin embargo la primera semana de julio Movistar, operadora privada, también bloqueó el acceso a las nuevas direcciones de la página de noticias, lo que impidió que se pueda ingresar al sitio desde conexiones en Venezuela.
En Barquisimeto, un capitán del Ejército prohibió al equipo de Venezolanos por la Información (VPI) grabar las largas colas de espera para obtener un salvoconducto de circulación durante la cuarentena a causa de la COVID-19. Andreína Ramos y su camarógrafo, Rafael Riera fueron amenazados con revisar sus equipos cuando hacían tomas de apoyo en las afueras de la antigua sede de la Zodi en Lara; el funcionario les indicó que estaba prohibido grabar y los condujo hacia las instalaciones militares. Minutos después les dijo que tenían que retirarse del lugar porque no tenían permitido grabar.
El 26 de julio el sitio web de El Diario sufrió un ataque de denegación de servicio por intento de múltiples accesos. Desde su cuenta en Twitter el medio informó que su página recibió más de 18 millones de solicitudes desde Rusia, China y Nigeria. Este tipo de ataques colapsa el servidor donde está alojado el sitio web, lo que hace que no pueda verse su contenido.
Al día siguiente la periodista española Esther Yánez, fue señalada en la cuenta Lechuguinos, en Twitter, de intentar ingresar a una rueda de prensa con un carnet del canal teleSUR. Días antes recibió amenazas desde el mismo perfil. En los mensajes le decían “Voy por ti” y “No ocultaré nada, sin lloradera”. La periodista comentó estar preocupada por posibles acciones en su contra a través de su teléfono celular, y señaló como responsable de las amenazas a Patricia Villegas, presidenta de teleSUR.
El periodista Roberto Deniz, de Armando Info, también fue víctima de amenazas también en la red social Twitter el 29 de julio, después de dar declaraciones y publicar información sobre Alex Saab, un funcionario del Gobierno venezolano detenido en Cabo Verde y relacionado con malversación de fondos.
El 30 de julio se quedaron sin acceso a la web a través de ABA de Cantv en Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas, a causa de un doble corte de un cable de fibra óptica, según informó por Twitter la empresa del Estado.
Julio de violencia contra la información
Las amenazas, violencia física y la discursiva, son estrategias del poder que afectan la labor de trabajadores de los medios y ciudadanos que quieren expresarse: aumentan el riesgo de buscar y difundir información, generando inhibiciones que restan noticias al día a día.
El funcionario de Poli-Independencia, José Acevedo, amenazó al periodista del Diario La Voz, Jean Carlos Rodríguez, por denunciar a través de Twitter los privilegios que estaría gozando en su lugar de reclusión, la concejal de los Valles del Tuy, Lisbeth Arteaga, detenida por homicidio. Acevedo llamó al diario y amenazó a Rodríguez con mandarlo a buscar con la Interpol porque según él el periodista “no sabía con quién se estaba metiendo”.
El 14 de julio en el estado Carabobo, trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado atacaron a un grupo de periodistas que hacían tomas en el lugar, a propósito del aniversario de la inauguración del tramo Guacara- San Diego del Ferrocarril, que no está operativo. Dayrí Blanco, corresponsal en Carabobo de Caraota Digital; Ruth Laverde, de Venezolanos por la Información; y Carolina Campos, de Termómetro Nacional, fueron insultadas y amenazadas mientras realizaban una entrevista en el lugar.
El 23 de julio una protesta de jubilados frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), derivó en la agresión y detención de periodistas. El objetivo de la actividad era entregar un documento en la sede de la institución en Caracas, pero un contingente de la GNB indicó que los manifestantes no podían estar en el lugar, y que debían dirigirse hacia la Plaza de la Moneda. Una vez allí, un funcionario sin identificación le arrebató la bandera de Venezuela que llevaba uno de los manifestantes e inició la agresión contra los pensionados y contra los periodistas que intentaban dar cobertura a los hechos.
Funcionarios de la GNB y de la PNB golpearon a la periodista Esteninf Olivares y a su camarógrafo Lenín Bruzual, ambos del equipo de ImpactoVE. Además detuvieron al periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estaba en el lugar acompañando a los manifestantes. También fue aprehendido Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Metro de Caracas. Ambos fueron liberados horas más tarde.
Cuatro efectivos de la PNB intimidaron al periodista Franklin Rodríguez, quien trabaja para los medios NotiPascua y El Nacional. Rodríguez tomaba fotos el 30 de julio en la cola de la estación de servicio El Lido en Valle de la Pascua, estado Guárico, pues no había gasolina subsidiada ni para compras en Dólares. Funcionarios intentaron remolcar su vehículo y quitarle su teléfono por no tener una autorización para informar desde el sitio; le decomisaron su cédula de identidad y carnet de periodista, que pudo recuperar en un comando de la policía.
El periodista Jhony Burgos recibió una citación de una Fiscal en asuntos de Violencia de Género en el estado Sucre, después de que exigiera a la Alcaldesa dar respuesta sobre los malos tratos que recibió Richard Rodríguez al denunciar las condiciones de aislamiento en la que permanecen los pacientes positivos a COVID-19 en el gimnasio vertical de Carúpano. Funcionarios rodearon la casa de Burgos para entregar la citación; él asistió y rindió declaraciones ante la auxiliar de la Fiscal Superior el 30 de julio, según informó la corresponsal de Crónica Uno en la entidad.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM en Carúpano, estado Sucre, el viernes 31 de julio; con este medio se eleva a 11 el número de emisoras cerradas en 2020. La periodista Lovelia Pérez informó a Espacio Público que más de 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se presentaron en el lugar, y afirmaron que la emisora estaba cerrada por una violación al código de normas de Telecomunicaciones. Además, se llevaron todos los equipos del lugar y resultaron afectados más de 30 trabajadores. Dos semanas antes habían detenido a Otilio Rodríguez, el director de esta emisora, por denunciar irregularidades con el suministro de gasolina.
Fuente Oficial: Espacio Público
