(Caracas, Espacio Público). En el primer mes del año documentamos 16 casos y 24 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, principalmente actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil por parte de actores y funcionarios del Estado.
En total contabilizamos 19 víctimas de violaciones a su derecho a expresarse libremente o informar a la población, entre ellas siete medios y seis periodistas, así como tres casos que involucraron a la ciudadanía en general, dos particulares, una organización no gubernamental y un trabajador público.
El Estado se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país. De 19 victimarios, 14 se relacionan directamente con el Estado venezolano (8 instituciones, 4 cuerpos de seguridad y 4 funcionarios). Otros dos victimarios fueron simpatizantes del oficialismo y uno es desconocido.
Hostigamiento y censura
La emisora Anaru 99.5 FM, que operaba en la ciudad de Guasdualito en el estado Apure (sur) fue cerrada el 5 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes además se llevaron su transmisor y su consola.
En la tarde de ese mismo día, trabajadores de la emisora fueron convocados a una reunión en la que les informaron sobre el cierre y decomiso, por presuntos problemas administrativos y por espacios en los que se entrevistó a miembros de la oposición política. El cierre de Anaru 99.5 FM afectó a entre 20 y 25 familias por la pérdida de empleos.
En el estado Portuguesa (oeste) la Conatel ordenó el 10 de enero el cierre de las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM que operaban en las localidades de Guanare y Biscucuy.
Según un audio del alcalde del municipio Sucre (Biscucuy) de Portuguesa, Jóbito Villegas, la Conatel le envío un comunicado al director de la radio con la información de que se había vencido la concesión otorgada hace 30 años.
El 27 de enero, el medio regional Palpitar Trujillano tuvo que desalojar su sede en la avenida Bolívar de Valera, estado Trujillo (oeste), debido a las amenazas que ha recibido por parte de la gobernación de la entidad desde hace tres meses.
En noviembre el dueño del edificio sede notificó que estaba preocupado por la amenaza del gobernador en contra del medio; en diciembre, afirmó que algunos inquilinos temían posibles ataques a la edificación debido a las las continuas descalificaciones oficiales.
A principios de enero, simpatizantes del oficialismo confrontaron al dirigente opositor César Pérez Vivas cuando visitaba al medio y “eso detonó nuevamente el miedo entre los inquilinos”, dijo el director de Palpitar Trujillano, Andrés Briceño.
Intimidación contra periodistas
A través de las redes sociales, simpatizantes del oficialismo mantienen la intimidación y el acoso hacia el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien denuncia que ha sido acosado, hostigado y amenazado por parte de presuntos grupos de choque vinculados con el partido de gobierno que operan en la parroquia San Agustín de Caracas.
El acoso hacia Rojas se volvió más recurrente desde el momento en el que desde el oficialismo comenzaron a vincularlo con el caso de los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión en 2023. En los mensajes intimidatorios, además, publican fotografías del periodista con familiares y amigos.
En su programa televisivo en el canal del Estado, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, intimidó e insultó a periodistas de la fuente de política que cubren a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, de mayoría opositora.
Cabello calificó de “tarifados” a los periodistas que integran un grupo de WhatsApp junto con el equipo de prensa de la AN-2015 e hizo públicos los mensajes de los periodistas, vulnerando su privacidad, al extraerlos de manera irregular.
Funcionarios de la empresa estatal Gas Yaracuy obligaron a dos periodistas de medios nacionales a borrar el material fotográfico y audiovisual que tomaron el 19 de enero, al recoger las declaraciones de la directora de la planta en el estado Yaracuy (norte).
Los funcionarios les indicaron que no podían grabar en ese lugar “por tema de protocolo” y porque se trataba de “material estratégico”. Posteriormente, pidieron revisar los teléfonos de ambos periodistas y exigieron eliminar el material.
En el estado Vargas, funcionarios policiales intimidaron el 24 de enero al periodista de La Verdad de Vargas, Luis López, en las adyacencias de su casa, ubicada en la parroquia Carlos Soublette.
López también denunció que funcionarios policiales y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) pasaron cerca de su casa, a bordo de una moto y una camioneta, y tomaron fotos de su fachada. Desde 2016, el periodista ha sido victima de agresiones y acoso en al menos cuatro oportunidades.
Sociedad civil
El sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas, fue detenido en el estado Barinas el 17 de enero, junto con dos trabajadoras, por una comisión mixta de la Policia Nacional Bolivariana (PNB) y la Policia Estadal de Barinas (PEB).
Durante la detención, los funcionarios amenazaron con detener y dispararle al presidente de la ONG Fundehullan, Roland García, y le arrebataron el teléfono con el que estaba grabando el amedrentamiento.
Durante la cobertura del allanamiento, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) le quitaron el teléfono celular al reportero gráfico Neptalí Querales y le borraron el material. Al mismo tiempo, amedrentaron al jefe de prensa del partido opositor Vente Venezuela, Gerson Cuevas.
Más de dos semanas después de la detención de Venegas y de su hermano José Gregorio, no hay información oficial sobre su caso, se desconoce si ya fueron presentados ante los tribunales y el centro de reclusión en el que están.
El 22 de enero, el Ministerio Público emitió órdenes de detención en contra de la periodista Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de DD. HH., Tamara Suju; el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina; los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín y otra veintena de personas, civiles y militares, acusadas en cinco presuntos planes de magnicidio
El fiscal general designado por la ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab, vínculó a los acusados con supuestos delitos de “homicidio intencional calificado en grado de tentativa”, “terrorismo” y “asociación”. Tamara Suju dijo en su cuenta de X que la acusaron de “colaboradora” por denunciar la desaparición del exoficial Angelo Heredia.
El 23 de enero las sedes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos de oposición amanecieron con mensajes intimidatorios en sus fachadas externas, después de que Diosdado Cabello y voceros del PSUV ordenaran activar la “furia bolivariana” tras los hechos recientes de hostigamiento judicial contra activistas y personas defensoras de DD. HH.
Las sedes afectadas fueron la de la ONG Fundaredes en el estado Táchira (oeste); la de la seccional Táchira del Colegio Nacional de Periodistas (CNP); la sede en Yaracuy de Radio Hispana 89.5 FM; las del Colegio de Ingenieros en Táchira y Bolívar (sur); el Sindicato Venezolano de Maestros en Amazonas (sur) y la casa del presidente de la Coalición de Sindicatos del estado Falcón (noroeste).
La “furia bolivariana” también vandalizó las sedes locales en varios estados de los partidos opositores Vente Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, entre otros.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron el 25 de enero al ciudadano Orlando Navas y lo acusaron de “instigación al odio” por dos publicaciones que hizo en la red social X dirigidas a un jugador del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira.
Navas fue capturado mientras trabajaba en la sede del Seniat ubicada en el Centro Comercial Costa Azul de Coro, capital del estado Falcón. Navas publicó los tuits durante el mediodía del jueves, 25 de enero, y ya en la tarde lo estaban deteniendo los funcionarios del SEBIN.
El delito de instigación al odio demanda una serie de condiciones para configurarse como tal, entre ellas: el contexto, quién emite el mensaje, el alcance de ese discurso, si lo pronuncia una autoridad, funcionario/a o persona altamente popular, si está dirigido a grupos vulnerables o minorías, la posibilidad efectiva de que produzca un daño real, en otros aspectos.
Al no cumplir con estas condiciones, los mensajes emitidos por Navas pueden resultar incómodos para un sector, pero son expresiones protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo control debe ser la regulación social al aprobar o desaprobar la información.
Fuente Oficial: Espacio Público
