El 20 de octubre de 2016 el tribunal de la causa ordenó la excarcelación del líder opositor, pero el gobierno se niega a cumplirla

(CARACAS, 29/08/2017 Proiuris) El dirigente de Voluntad Popular Yon Goicochea cumple hoy un año en los calabozos de la policía política y el gobierno venezolano continúa empeñado en desatender las órdenes del tribunal que hace diez meses ordenó su excarcelación, así como los exhortos de Naciones Unidas y la OEA, entre otras instancias internacionales, para que sea inmediatamente liberado.

La primera versión oficial sobre la detención de Goicochea la ofreció el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en la tarde del 29 de agosto de 2016: “Un señor que llaman Yon Goicoechea fue detenido y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos (…) Preferimos un millón de veces encarcelar con tiempo a un asesino que una gota de sangre de un venezolano vaya a correr en las calles”. El señalamiento infundado de Cabello determinaría el curso de un proceso viciado de irregularidades desde el principio.

En horas de la mañana de aquel 29 de agosto, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, había denunciado a través de su cuenta en Twitter que un grupo de 8 hombres armados que se trasladaban en una camioneta Hilux blanca interceptó a Goicochea. Luego se verificó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutó el procedimiento sin orden judicial y esencialmente por razones políticas. “Un par de docenas de agentes, portando armas largas me detuvieron, me ataron las manos y me cubrieron la cabeza con tela negra”, describió Goicoechea sobre su detención.

“Estuvo desaparecido durante 56 horas. Lo pude ver por primera vez el 31 de agosto, pasadas las 5:00 pm, luego de interponer una acción de habeas corpus ante el tribunal”, recordó el abogado defensor Nizar El Fakih, quien agregó que ha ejercido otras cuatro acciones de amparo, entre otras innumerables denuncias. “Las tres primeras acciones de amparo fueron desechadas sin motivación alguna. En diciembre de 2016, ejercimos la cuarta ante la Corte de Apelaciones, y en julio de 2017 la quinta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre estas dos últimas, sencillamente, no ha habido respuesta”, precisó El Fakih.

El propio Goicochea describió las condiciones en que permaneció recluido los primeros 10 días: “Fui encerrado en una celda de castigo, sin luz ni ventilación natural. Si extendía los brazos podía tocar ambas paredes opuestas. La única reja de entrada fue bloqueada con bolsas negras de basura, oscureciendo el espacio. En el suelo había comida descompuesta y con gusanos; también había trozos de ropa con restos fecales. La sensación era similar a la de estar enterrado en vida. Se me negó toda comunicación con el exterior y solo pude saber de mis abogados al llegar al tribunal”.

Sin más elementos de convicción que los referidos en las actas elaboradas por la policía política, los fiscales del Ministerio Público José Bohórquez y Laura Lara imputaron a Goicochea los delitos de detentación de sustancias explosivas y asociación para delinquir. La jueza 21 de Control, Elena Cassiani Cabarcas, decretó la detención judicial preventiva y fijó como sitio de reclusión la sede del Sebin, ubicada en el Helicoide.

Sin embargo, la investigación preliminar que llevó a cabo la Fiscalía determinó que no había pruebas que lo incriminaran, y por ello no se formalizó acusación en su contra. El 20 de octubre el Tribunal 21 de Control ordenó la libertad condicional de Goicochea: debía presentarse semanalmente ante el tribunal, no salir del país y presentar dos fiadores. Pero esa resolución judicial ha sido contumazmente desacatada hasta el presente. Sin que nadie pueda dar una explicación satisfactoria, desde diciembre del año pasado el tribunal se la causa no ha dado despacho, con lo cual se han obstaculizado todos los recursos ejercidos por la defensa del líder opositor.

La defensa de Goicochea ha logrado la intervención de las más altas instancias internacionales en materia de derechos humanos. El 14 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para garantizar la vida, la integridad personal y los derechos políticos de Goicochea, así como de otros dirigentes opositores detenidos por razones políticas. Y el 20 de julio, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas verificó que el proceso contra Goicochea estaba plagado de vicios y, por lo tanto, exigió al Estado que fuese inmediatamente puesto en libertad plena.

Goicochea permanece recluido en los calabozos de la sede principal de la policía política, en el Helicoide. Su encarcelamiento arbitrario constituye una evidencia de la criminalización de la disidencia que ha venido empleando sistemáticamente el actual gobierno venezolano.