(Caracas, Civicus). CIVICUS conversa con Julio Armando Morón Pulido, integrante de CIVILIS, acerca de la amenaza que representa el proyecto de “Ley contra el fascismo” actualmente en trámite legislativo.

Fundada en 2010, CIVILIS es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente, pluralista y autónoma, dedicada a apoyar la labor de la sociedad civil desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Qué dice el proyecto de ley contra el fascismo, y cuáles son sus objetivos?

El proyecto de ley establece conceptos como los de fascismo, neofascismo y lo que designa como “otras expresiones similares” y los vincula con la violencia y la denigración de la democracia. Además, asocia al fascismo con el racismo, el clasismo y otras posturas ideológicas que rechaza.

El proyecto de ley prohíbe y penaliza ideas, expresiones y actividades consideradas fascistas, limitando derechos y libertades. Lo hace sobre la base de definiciones vagas y ambiguas, que dejan un amplio margen para la interpretación, por lo que pueden ser utilizadas con total arbitrariedad. También prevé sanciones penales y administrativas, así como la eliminación de organizaciones civiles y partidos políticos.

Este proyecto es una continuación de la Ley contra el odio de 2017. Ambos promueven sanciones desproporcionadas y profundiza la narrativa del enemigo interno. Pero el proyecto de ley contra el fascismo va incluso más allá, atentando contra la libertad de pensamiento mediante la persecución de ideas contrarias al pensamiento oficial.

Aunque pretende enfrentar el fascismo, este proyecto parece ser una herramienta de estigmatización y persecución política contra toda forma de disenso. Si se aprueba, institucionalizará la criminalización de personas y organizaciones que el Estado señale como fascistas, independientemente de sus creencias o actividades.

¿Quiénes se verían más afectados si se aprueba este proyecto de ley?

De ser aprobado, este proyecto de ley tendría un impacto generalizado sobre los derechos humanos y la sociedad civil, ya que afectaría las libertades de pensamiento, expresión, asociación, disenso y reunión pacífica.

Al listar entre las ideas a perseguir al “neoliberalismo”, el “conservadurismo moral” y el “anti-republicanismo”, el proyecto vulnera la libertad de pensamiento. Afectaría gravemente la libertad de expresión porque prohíbe la divulgación de mensajes que denigren la democracia o hagan apología de lo que se define vagamente como fascismo. Además, impondría sobre los medios de comunicación la enorme responsabilidad de evitar todo mensaje fascista, induciendo a la autocensura.

El proyecto también restringe la libertad de asociación porque prohíbe las organizaciones que se basen en el fascismo o “expresiones similares” y otorga al Estado poder para disolverlas. En cuanto al derecho al disenso democrático, el proyecto establece la pena de inhabilitación política para quienes hagan apología del fascismo, incluso con retroactividad.

Finalmente, el proyecto criminaliza el derecho a la reunión pacífica al penalizar la organización de manifestaciones que supuestamente promuevan el fascismo. Prácticamente cualquier manifestación de oposición al gobierno podría interpretarse como fascista, y por lo tanto prohibirse y criminalizarse.

Desde CIVILIS consideramos que los espacios cívicos abiertos y seguros son fundamentales para la democracia y que estas restricciones supondrían violaciones graves del espacio cívico y, por lo tanto, afectarían negativamente las elecciones del 28 de julio.

¿Cómo han reaccionado ante el proyecto la sociedad civil y la opinión pública?

La sociedad civil ha recurrido a instancias internacionales para sonar la alarma sobre la amenaza que este proyecto de ley representa para los derechos humanos y el espacio cívico.

Hacemos un llamado al Estado para que no avance con el proceso de aprobación de este proyecto legislativo, ni de ningún otro que vulnere derechos y libertades. Además, instamos a que cese el hostigamiento, las agresiones y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y activistas políticos y sindicales, educadores y otras personas consideradas disidentes.

Asimismo, es crucial que los mecanismos internacionales de protección intensifiquen el monitoreo de la situación en Venezuela, tanto en el período previo a las elecciones como en el día de la elección y en los meses siguientes. En los últimos años, los procesos electorales en Venezuela han estado marcados por un aumento de la represión y la persecución política, por lo que es fundamental que estén alerta para documentar y denunciar las violaciones.

¿Qué otras restricciones pesan sobre el espacio cívico en Venezuela?

Durante los últimos 24 años se ha gestado en Venezuela un ambiente hostil hacia la sociedad civil, a medida que el Estado ha ido cerrando el espacio cívico. Lo ha hecho con sucesivas leyes, regulaciones y otras medidas que ha justificado con argumentos tales como la defensa de la soberanía y la lucha contra el terrorismo, aunque no se ajustan a los estándares democráticos. CIVILIS ha identificado por lo menos 13 leyes y normativas restrictivas.

Entre ellas se destaca la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que somete a todas las OSC a restricciones sobre la base de una interpretación sesgada de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, aun cuando no haya pruebas concretas de actividades terroristas. La Providencia Administrativa 002-2021 obliga a las OSC a un complejo proceso de registro y autorización, bajo amenaza de ilegalización.

Por orden de las autoridades, las OSC enfrentan obstáculos para actualizar sus registros, dificultando sus operaciones. Por ejemplo, se les impide constituirse si en sus estatutos incluyen referencias a los derechos humanos y la democracia. Igualmente, las organizaciones internacionales esperan por autorización para operar en el país a pesar de haberse creado un registro especial en 2020.

En la Asamblea Nacional hay otros dos proyectos que también amenazan a la sociedad civil. Uno es el proyecto de Ley de Fiscalización, que condiciona la existencia de las OSC a la aprobación estatal, imponiendo requisitos casi imposibles de cumplir y prohibiendo actividades políticas, con sanciones de disolución. El otro es el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que busca centralizar los recursos de la cooperación en un fondo estatal.

Fuente Oficial: Civicus