(Caracas, 31.01.2023. Naciones Unidas). La Misión* internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó hoy su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero.
Para la Misión, la nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en un comunicado difundido este lunes.
Francisco Cox, experto de la Misión, afirmó por su parte que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
Y añadió: “La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”.
Limitaciones a las ONG de derechos humanos
La Misión señaló que las ONG dedicadas a promover los derechos humanos “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.
Y agraguega que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
En un análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones suscita son las atribuciones que le confiere al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, afirma la Misión, que estima que, de esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
Prohibición de actividades políticas
Otro aspecto que suscita preocupación es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, recogida en el artículo 15 del proyecto.
“Una interpretación amplia del concepto “actividades políticas”, que no está definido con claridad en la ley, permite subsumir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre las políticas y prácticas gubernamentales, incluyendo en materia de derechos humanos”, asegura la Misión.
Y añade que “esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones”.
En el análisis de la Misión, el proyecto de ley se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes.
*En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, para investigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas desde 2014. Mediante sus resoluciones 45/20 y 51/29, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la MIIV por dos años más, hasta septiembre de 2024.
La Misión presentará un informe verbal al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023 con una actualización de sus investigaciones, y presentará su informe en el mes de septiembre de 2023 en una sesión de diálogo interactivo del Consejo.
