(Ginebra, 05.07.2023. ONU). El presente informe ha sido elaborado de conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un informe escrito exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (República Bolivariana de) que contuviera una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su quincuagésimo tercero período de sesiones.

El informe se basa en información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También tiene en cuenta la información oficial proporcionada por el Gobierno. El Alto Comisionado visitó Venezuela del 26 al 28 de enero de 2023, durante la cual se renovó por dos años la Carta de Entendimiento entre Venezuela y el ACNUDH, en un acontecimiento bien acogido.

Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH siguió documentando restricciones al espacio cívico, entre ellas marcos jurídicos restrictivos que siguen en vigor, que limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y denuncias de que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios, así como de estigmatización. La OACNUDH documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres. El ACNUDH alienta a Venezuela a redoblar sus esfuerzos para garantizar un espacio cívico abierto y pluralista.

el ACNUDH documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. Según las organizaciones de la sociedad civil, 2022 marcó un pico sin precedentes de cierres de emisoras de radio.98 Al parecer, las personas propietarias y gerentes de las emisoras temían denunciar públicamente la situación. En la mayoría de los casos de cierre documentados por el ACNUDH, las emisoras carecían de los permisos correspondientes por falta de renovación o prórroga. Distintas emisoras informaron de dificultades para obtener los costosos permisos de las autoridades pertinentes, para realizar trámites administrativos en Caracas debido a la falta de oficinas regionales de registro, a la falta de respuesta o a la negativa a completar los procedimientos. Por lo tanto, las emisoras de radio a menudo no pueden cumplir con sus obligaciones legales, a pesar de sus esfuerzos. Varias emisoras habrían sustituido los programas de noticias, opinión o denuncia ciudadana por otro tipo de programación para evitar represalias de las autoridades.

Durante el período que abarca este informe continuaron las protestas sociales, ya que se convocaron manifestaciones en todo el país, en gran medida relacionadas con reivindicaciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.

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