(Caracas, 19.11.2018.Provea). Son muchas y muy variadas las agresiones que han recibido las instituciones de educación superior a lo largo del siglo XXI. Ellas obedecen a una política de Estado cuya característica es el desprecio al conocimiento científico, tecnológico y humanístico que producen las universidades y su propósito es suprimir la autonomía universitaria, dado el potencial crítico que contiene su valor esencial: la libertad académica.
La agresión durante el siglo XXI podría situarse en al menos tres etapas, las dos primeras afectaron parcialmente la vida universitaria, pero sus instituciones lograron librarla parcialmente. La tercera de ellas, la actual en medio de una dictadura, alcanza todos los órdenes del funcionamiento de las universidades y afecta derechos esenciales de su comunidad.
La primera etapa
Cuando el proceso constituyente de 1999 anunciaba que le concedería a la autonomía universitaria rango constitucional, como efectivamente lo hizo a través del artículo 109 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, era difícil pensar que la política que impulsara el Estado Venezolano, a renglón seguido, hacia la Educación Superior se dirigiría en un sentido absolutamente contrario.
La primera agresión contra la universidad venezolana fue impulsada, desde adentro, a través de universitarios partidarios del gobierno, que bajo el argumento del impulso de un proceso de constituyente universitario tomaron violentamente en marzo del año 2001 parte del edificio sede del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 32 días, aunque esta acción la protagonizaron algunas decenas de estudiantes, empleados y profesores identificados con el gobierno del presidente Chávez. Lo relevante fue el apoyo abierto que recibió por parte de la vicepresidencia de la República y Eliezer Otaiza, jefe de la DISIP, la policía política de ese momento. Su propósito fue claro: suprimir la autonomía universitaria, construyendo para las universidades un ordenamiento jurídico al servicio del gobierno y desconocer las autoridades universitarias que en el caso del UCV habían sido electas meses antes en junio del año 2000.
La movilización mayoritaria y decidida de la comunidad universitaria en defensa de la autonomía universitaria, junto al rechazo de la opinión pública nacional a esta toma, provocó que esta acción fracasara y el gobierno retrocediera y variara la ejecutoria de su política contraria a la autonomía universitaria.
Aunque ocurren diferentes tensiones entre el Estado y las universidades, estas no logran paralizar su funcionamiento en forma grave. Desde el 2001 hasta 2008 se registran agresiones de menor dimensión que provocan afectaciones parciales a las universidades.
La segunda etapa
Podríamos situarla entre los años 2008 y 2012 y sus dos características principales podrían ser, de un lado, el cerco jurídico a las universidades y de otro, el uso de la violencia política contra los universitarios. En materia de cerco jurídico tres son los episodios más relevantes de esta etapa:
- La suspensión de todas las elecciones de autoridades universitarias en las universidades nacionales, como consecuencia de decisiones tomadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ante diversos recursos de amparo impuesto ante esta instancia por unos pocos universitarios. A la fecha no habido elecciones de autoridades universitarias en universidad alguna.
- La imposición a través de la Ley Orgánica de Educación de condiciones electorales que contrarían lo establecido en la Ley de Universidades vigente y el artículo 109 de la Constitución Nacional y
- El intento de imponer una Ley de Universidades en el 2010 que genero el rechazo mayoritario de los universitarios, y condujo a que el presidente Chávez la vetara en enero 2011.
En materia de violencia política contra los universitarios, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, aunque en algunos casos pudieran estar conformados por universitarios, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno del presidente Chávez. Entre el año 2008 y 2012, universidades como la Central de Venezuela presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la universidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.
Las agresiones a la universidad venezolana escalaron en su alcance y perjuicio a las instituciones de educación universitaria conforme evolucionaba el perfil autoritario del presidente Chávez. Sin embargo, estas logran una dimensión absoluta cuando inicia el gobierno hoy devenido en dictadura de Nicolás Maduro.
La tercera etapa
Inicia en el año 2013 y continúa. En ella la agresión a la universidad venezolana ha sido total, propia del tratamiento que le conceden todas las dictaduras a las instituciones autónomas que como la universidad poseen un potencial critico, que rechaza el dogmatismo y cualquier intento de subordinar la verdad.
Lo que sí ha resultado inédito es la manera como la dictadura de Nicolás Maduro ha conducido tal agresión. Uno de esos métodos “originales” utilizados por el régimen Maduro ha sido imponer condiciones laborales y de estudio que condenan, en el caso de los trabajadores universitarios a la pobreza extrema y a los estudiantes les obliga a desertar, con lo cual se afecta mortalmente a las universidades pues aunque no cierran, se impone como opción el éxodo de sus profesores, empleados, obreros y estudiantes.
Durante la dictadura de Nicolás Maduro la precarización del trabajo de los universitarios adquiere dimensiones no conocidas en las universidades en otro momento histórico. En el año 2015 antes que Venezuela entrara en la actual situación de hiperinflación, los dos primeros escalafones de los profesores universitarios llegaron a contar con remuneraciones inferiores al salario mínimo nacional.
En materia de violencia política contra los universitarios, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, aunque en algunos casos pudieran estar conformados por universitarios, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno del presidente Chávez. Entre el año 2008 y 2012, universidades como la Central de Venezuela presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la universidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.
Las agresiones a la universidad venezolana escalaron en su alcance y perjuicio a las instituciones de educación universitaria conforme evolucionaba el perfil autoritario del presidente Chávez. Sin embargo, estas logran una dimensión absoluta cuando inicia el gobierno hoy devenido en dictadura de Nicolás Maduro.
La tercera etapa
Inicia en el año 2013 y continúa. En ella la agresión a la universidad venezolana ha sido total, propia del tratamiento que le conceden todas las dictaduras a las instituciones autónomas que como la universidad poseen un potencial critico, que rechaza el dogmatismo y cualquier intento de subordinar la verdad.
Lo que sí ha resultado inédito es la manera como la dictadura de Nicolás Maduro ha conducido tal agresión. Uno de esos métodos “originales” utilizados por el régimen Maduro ha sido imponer condiciones laborales y de estudio que condenan, en el caso de los trabajadores universitarios a la pobreza extrema y a los estudiantes les obliga a desertar, con lo cual se afecta mortalmente a las universidades pues aunque no cierran, se impone como opción el éxodo de sus profesores, empleados, obreros y estudiantes.
Esta realidad casi premoderna, en la cual se establecen remuneraciones por debajo del salario mínimo nacional se hizo más dramática aún para empleados y obreros toda vez que sus salarios son menores que los percibidos por los profesores universitarios.
Aunque el régimen cambio discretamente esta situación dos meses después, las remuneraciones de los universitarios continuaron siendo negadoras de condiciones de vida digna reconocidas internacionalmente y en el ordenamiento jurídico venezolano. La dictadura de Maduro, al condenar a los trabajadores a condiciones de trabajo contrarias y anteriores a los pactos y acuerdos internacionales y nacionales en materia de protección del trabajo es claramente reaccionaria, pues supone una regresión en materia de derechos, es decir, es antagónica con la noción de progresividad que debe privar en las regulaciones laborales.
Esta realidad de las remuneraciones de los universitarios sumada a la precarización de todas sus condiciones laborales provoca un éxodo de trabajadores de las universidades nacionales semejante, y en algunos casos podría ser mayor, al vivido en los países suramericanos en tiempos de dictaduras. Para dar cuenta de estas dimensiones, podríamos indicar el total de desincorporaciones docentes (renuncias, retiros y permisos) en la UCV durante los años 2016 y 2017, una cifra que alcanza el 34.5% de la población de docentes activos, se trata de 1.423 profesores, la mayoría de ellos con títulos de postgrado y de escalafón.
En el 2018 y luego del anuncio del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, a propósito del proceso de Reconversión Monetaria impulsado por el régimen en el mes de agosto de este año, la dictadura ha profundizado su política de destrucción de las universidades a través del deterioro de las condiciones de vida de sus trabajadores.
En el mes de septiembre del presente año, la dictadura desconoció todas las contrataciones colectivas, actas convenios y tabuladores salariales del sector público en general y universitario en particular. Unilateralmente violentó los acuerdos salariales que contrajo, apenas un mes antes de la reconversión monetaria en julio de este año con la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), en el cual el primer cargo obrero iniciaría con 4.75 salarios mínimos, asimismo disminuyó las interescalas de todos los sectores. La traducción práctica de esta agresión contra los trabajadores universitarios es que en el mes de septiembre del 2008 el primer cargo obrero en vez de percibir una remuneración de Bs. 8.550 se le impuso un salario de Bs. 1.800. Lo mismo ocurre con el resto de sectores de trabajadores universitarios siendo más dramático en la realidad de los profesores universitarios, porque al violentarse las interescalas la reducción en promedio de sus remuneraciones alcanzó el 90%, ese es el caso del docente de mayor escalafón, el titular, el cual debería percibir un salario tabla de Bs.S 35.000 cuando en la actualidad se le cancela BsS 3.171.
Este drama social y humano provocado por la arbitrariedad, ha conducido a una situación absolutamente inédita en la Universidad Venezolana, en la cual los Consejos Universitarios de la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, han declarado la Emergencia Humanitaria Compleja en sus instituciones, es decir, un estado en el cual por causas de naturaleza política, en este caso una política de Estado en contra de las universidades, una población se ve privada del acceso a derechos que le garanticen una vida en condiciones dignas.
Convencidos estamos que pese a las difíciles situaciones descritas y la represión de la dictadura, la universidad venezolana tiene una enorme tradición de lucha, talento y reservas morales para enfrentar esta agresión y junto con la sociedad rebelarse en función de lograr un cambio para el país, en el cual el disfrute de los derechos que permitan vivir dignamente no sea más un anhelo sino una realidad.
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