(Bogotá, 25.05.2020. CDH-UCAB). Antes de la declaración de la pandemia del COVID-19, las perspectivas de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela para 2020 eran preocupantes, debido al aumento de restricciones para acceder a territorio y a reducción de opciones de estancia regular en algunos países, la creciente feminización de la migración, el aumento de menores no acompañados y el surgimiento de nuevas y más peligrosas rutas migratorias.
Estas preocupaciones se han agravado con la pandemia, especialmente en relación con la satisfacción de sus derechos sociales y a expectativas de regularización. Aunque el acceso a estos derechos debería ser posible independientemente de la condición migratoria, el hecho es que la irregularidad hace invisibles a los migrantes y refugiados venezolanos, quedando fuera del alcance de los programas disponibles para mitigar los efectos del confinamiento.
Para los migrantes y refugiados venezolanos, el COVID vino a plantear una emergencia dentro de la emergencia, por lo que es necesario abordar el nuevo contexto y sus demandas. En este sentido, hay que prestar atención al fenómeno del retorno pues, aunque no es masivo – representa un 1% de la población que ha salido – sí es un drama humano y, además, es un termómetro para medir las necesidades no atendidas. La protección debe incluir salvaguardas contra desalojos, congelamiento de alquileres, transferencias monetarias y garantías de no discriminación en la prestación de servicios de salud.
Es claro que la migración forzosa de venezolanos no es un fenómeno temporal, por lo que requiere soluciones duraderas. La cooperación internacional debe estimular programas que permitan a los Estados receptores superar los permisos provisionales y dar paso a modalidades de regularización que promuevan la estabilidad, el arraigo y la inclusión. Al mismo tiempo, es urgente que, en medio de la pandemia, se garantice el derecho a acceder a procesos para la determinación de la condición de refugiado mediante mecanismos remotos.
Queremos destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la repuesta a la emergencia humanitaria venezolana, en sus distintos niveles. Ellas están en primera línea, donde no llega el Estado. A pesar de su enorme aporte, los Estados siguen presentando resistencias a interactuar con las organizaciones, como sucede con el Proceso de Quito. Tanto los Estados como la cooperación deben reconocer su trabajo, más allá de la retórica, abriendo espacios de verdadero diálogo en la construcción de políticas públicas de largo aliento.
En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana agradece este espacio y pone a disposición de Estados y de donantes su Plan de Acción, elaborado por más de 50 organizaciones de la región a fines de 2018; primer documento que formuló una propuesta de respuesta integral y diferenciada a la situación de la población migrante y refugiada de Venezuela.
Por último, reconocemos el trabajo desarrollado por los países receptores frente a una situación inesperada y masiva. Sin embargo, el gran vacío en materia de derechos permanece: el reconocimiento de los venezolanos como personas con necesidad de protección internacional y no como migrantes. La cooperación debe servir de incentivo para generar respuestas duraderas y con enfoque de protección. Los venezolanos son tratados como migrantes en la medida en que se les exigen documentos, ignorando que proceden de un territorio que dejó de ser Estado y que no satisface derechos tan básicos como el de la identidad. Es a los Estados receptores a quienes corresponde la producción de documentos y la flexibilización de requisitos para facilitar la integración.
Muchas Gracias
