(Caracas, 27.06.2022. Justicia Y verdad). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó su último informe con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, el cual abarca la documentación realizada por su oficina desde el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022.

En el informe se puede observar que según lo documentado por la ACNUDH, el Estado venezolano continua cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos en diversas dimensiones, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Las reformas realizadas a nivel nacional no han sido suficientes para cesar dichas violaciones ni para llevar a cabo una investigación adecuada sobre las violaciones cometidas en el país en los últimos años.

Situación de violencia en el Arco Minero del Orinoco, desplazamiento y asesinato de miembros de comunidades indígenas

El informe alerta sobre la situación en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras de los estados Bolivar y Amazonas. Según lo narrado en el informe, en estas zonas se han generado enfrentamientos entre grupos armados no estatales y bandas criminales por el control de la minería, en el marco de lo cual continua utilizándose mercurio y cianuro afectando los ríos que son la principal fuente de agua en la región. El informe advierte que continúan también las prácticas sistemáticas de trabajo infantil, explotación sexual y trata de personas.

Estas situaciones de violencia has impactado desproporcionalmente a los pueblos indígenas, en particular durante el periodo de evaluación analizado, el pueblo indígwna Samena se vio parcialmente desplazado por la violencia en la zona. La oficina también documentó el asesinato de cuatro personas Yanomami en un incidente con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Criminalización y persecución contra disidentes o percibidos como tal, incluyendo a miembros de la sociedad civil

Uno de los datos mas alarmantes presentados en el informe son los asociados al cierre del espacio cívico y en especifico el ataque y control a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. La oficina afirmó que hubo un aumento en los actos en la estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluyendo a personas defensoras de derechos humanos , periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Solo en el periodo bajo examen, la oficina documentó 154 casos de estigmatización, hostigamiento y amenazas contra dichos grupos así como al menos 5 detenciones arbitrarias de miembros de la oposición política.

La oficina mencionó también la detención arbitraria de tres miembros de la organización Fundaredes, incluyendo a su director Javier Tarazona, quien en el mes de julio cumplirá un año de detención arbitraria en el Helicoide a pesar de su situación de salud delicada. En especial la oficina alertó sobre el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizadas contra el trabaja legítimo de los defensores de derechos humanos y los trabajadores de medios de comunicación.

Detenciones arbitrarias, retardo procesal y utilización indebida de la prisión preventiva

El criterio de la oficina es que persisten los desafíos para garantizar el derecho de las personas acusadas a la libertad y a un juicio justo sin demoras indebidas. Específicamente, el informe hace mención de 35 casos de privación arbitraria de la libertad de las cuales 22 continúan con medidas coercitivas. Entre los casos documentados por la ACNUDH, se encuentra el de una víctima que pasó mas de 5 años en prisión preventiva y a quien aun no se le ha otorgado la libertad incondicional. El informe también señala que continúan los retrasos en la aplicaciones de las ordenes de liberación, en específico documentó al menos siete casos en los cuales no se han implementado las órdenes de liberación emitidas por los tribunales. Por último, con respecto a este punto, la oficina también afirmó que las autoridades incurrieron en demoras judiciales indebidas en al menos 74 casos.

Violaciones a la integridad personal en los centros de detención

El informe menciona denuncias de tortura y malos tratos de al menos 14 personas privadas de libertad durante el periodo de análisis así como 5 otras denuncias de personas que ya se encontraban detenidas. Asimismo, señala que en al menos 29 casos las autoridades no atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos. Entre estos casos el informe afirma que en agosto de 2021, un recluso del centro de detención del Estado Monagas La Pica, que había contraído tuberculosis murió por insuficiencia respiratoria, asimismo que en octubre de 2021 falleció en custodia el preso político Raúl Isaias Baduel.

Falta de investigaciones reales por violaciones sistemáticas de derechos humanos El informe de la ACNUDH afirma que las autoridades venezolanas han realizado avances en algunos casos específicos de violaciones graves de derechos humanos. Entre estos casos, la oficina menciona el del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo, el exconcejal Fernando Albán, dos trabajadores del medio de comunicación La Guacamaya TV y el estudiante Fabián Alfonso Urbina Barrios. Sin embargo, la oficina recalca que en ninguno de estos casos, realizados por el SEBIN, la DGCIM y la FAES fueron investigadas las cadenas de mando. Esto es de especial relevancia considerando que la Misión de Determinación de los Hechos señaló que estos casos respondían a patrones de persecución que involucran a otras altas autoridades nacionales.

La oficina también afirma que en algunos casos como los de Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano los fiscales han sido cambiados al menos 15 veces causando retrasos judiciales, trauma y revictimización. Asimismo que los casos de desaparición forzada a los cuales le ha dado seguimiento los progresos en las investigaciones han sido limitados. La oficina llamó al Estado a que se realicen esfuerzos adicionales para fortalecer el marco nacional, en particular la rendición de cuentas de todos los autores, incluida la responsabilidad superior y de mando y una reparación a las victimas. Es importante recordar que en abril de 2022, el Fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que el poder judicial venezolano no ha realizado investigaciones a la fecha sobre posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.

Operativos de seguridad y violaciones al derecho a la vida

Si bien el informe menciona que ha habido una reducción significativa del número de muertes en operativos de seguridad, establece también que dichas operaciones continuaron durante el periodo bajo evaluación. El informe señala que durante un operativo de gran escala en julio de 2021 murieron 22 personas y 28 resultaron heridas en La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, Petare, San Juan y El Valle. Asimismo, documentó 6 casos con el mismo patrón de ejecución extrajudicial realizado por fuerzas de seguridad en Caracas y El Tocuyo, Lara. En el informe la oficina también afirma que en al menos tres casos, antes de ser ejecutada extrajudicialmente, las fuerzas de seguridad los sometieron a tortura o malos tratos. Entre las fuerzas involucradas la oficina afirma que se encuentran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el ComandoNacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Bolivariana, la FAES y las policía municipal de Sucre.

La oficina también afirmó que durante el periodo de evaluación se documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas en el marco de los operativos de seguridad que habrían sido cometidas juntos con torturas o tratos inhumanos o degradantes, régimen de incomunicación y que los familiares no recibieron información sobre el paradero de las victimas durante hasta un mes. Violación del derecho a la salud y a la alimentación.

Según la documentación realizada por la oficina, en Venezuela se sigue reportando falta de medicamentos, de suministros y de personal calificado en el sistema de salud. El informe aclara que la pandemia del Covid agravó el sistema de salud pero que éste ya se encontraba en un estado de fragilidad antes de la misma. En especial, se hace referencia a las situación de niños y niñas con enfermedades crónicas, la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Además alerta que las irregularidades en el servicio de electricidad han impactado al sistema de salud ya los centros sufren apagones regulares. Si bien el informe hace mención a una desaceleración de la inflación, aclara también que actualmente el salario mínimo en Venezuela cubre solo el 8 por cierto del costo de la canasta básica de alimentos.

Control de la información oficial

De acuerdo a lo documentos por la oficina de la ACNUDH, un problema transversal en la protección de diversos derechos es la falta de información pública y desglosada sobre diversas violaciones a derechos humanos o a las acciones tomadas por el Estado para garantizar dichos derechos. El informe hace mención a falta de información con respecto a la implementación del Plan Nacional de Vacunación, a investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y a la situación de violencia contra la mujer que se vive en el país.

Si bien el informe incluye un reconocimiento por parte de la ACNUDH de medidas adoptadas por Venezuela para aplicar recomendaciones anteriores, el mismo no analiza de forma detalladas en que medida dichas recomendaciones fueron implementadas en el país. La mayoría de las reformas incluidas en el informe y reconocidas como avance por parte de la OACNUDH se refieren a enmiendas legales cuyo impacto aun no puede ser evaluado. La oficina incluso advierte que muchas de estas enmiendas fueron llevadas a cabo sin consultas previas y amplias con la sociedad civil, la cual es esencial para mantener la transparencia en todos los procesos legislativos.

Los venezolanos necesitan que los mecanismos de derechos humanos continúen con sus mandatados sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Tanto la presencia de la Oficina de la ACNUDH como la investigación de la Misión de Determinación de los Hechos permitirá luchar contra la impunidad en el país.

Fuente Oficial: Justicia y Verdad 

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