(Caracas, 14.07.2022. Agenda Estado de Derecho / Por Marianna Romero). En Venezuela se creó recientemente una comisión para garantizar la justicia y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Es una solución real?
Ante los avances de los distintos procesos llevados a cabo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y especialmente la fase de investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI), el Estado venezolano ha iniciado un aparente intento de transformación del Sistema de Justicia, incluyendo la revisión, reforma y creación de instrumentos legislativos bajo la apariencia de avanzar en la protección de los derechos humanos.
En este contexto, en diciembre de 2021 la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó una ley mediante la cual se creó la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, con el fin de “generar recomendaciones y facilitar mecanismos de estudio, seguimiento y verificación en esta materia”, alegando la conformidad con la Constitución Venezolana, como parte del referido proceso de reformas.
Historial negativo en los procesos de justicia ante violaciones de derechos humanos
Antes de profundizar en los aspectos de la nueva ley que nos atañe, es preciso recordar que en los últimos 20 años se han producido diversos momentos de crisis social en los que han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos de la población. Durante estos momentos se han creado mecanismos, incluso a través de instrumentos normativos, con el presunto fin de dar seguimiento a los hechos y proveer verdad, justicia y reparación a las víctimas. Sin embargo, dichas acciones han sido infructuosas al estar viciadas por intereses políticos, en lugar de contar con un enfoque certero de protección de derechos humanos.
Por ejemplo, entre 2002 y 2017 se crearon al menos 5 “comisiones de la verdad”, que no cumplieron con los estándares internacionales establecidos, al fungir más como mecanismos para simular y aparentar avances en la búsqueda de justicia, favoreciendo intereses políticos en lugar de los derechos de las víctimas.
En esos casos se observaron varias irregularidades en torno a la creación, fines y funcionamiento de los mecanismos. La Comisión creada en 2017 es solo un ejemplo. Su estructura carecía de independencia, pues se trataba de un ente adscrito al Estado, cuyos miembros eran funcionarios, algunos de ellos incluso presuntos responsables por las violaciones que se pretendían investigar. Por otra parte, el objeto de las investigaciones se alejaba de los principios de imparcialidad y, por el contrario, se orientaba a investigar solo los hechos que fuesen favorables para el gobierno. De igual forma, se observaba el uso propagandístico de las comisiones con la intención de respaldar, incluso “legalmente”, la narrativa oficial: en lugar de investigar y sancionar a los perpetradores, se atribuía la responsabilidad a actores de oposición, actores considerados disidentes y actores extranjeros, e incluso se desacreditaba el trabajo de documentación y denuncia de las organizaciones de derechos humanos.
Lo descrito es solo una muestra de cómo el Estado Venezolano no ha dado pasos significativos en la búsqueda real de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por el contrario, se demuestra un historial negativo, no solo por la falta de voluntad política real de cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, sino también por pretender hacer uso de los estándares para simular justicia.
Instrumentalización de los derechos humanos
Ahora bien, podemos decir que, en el caso venezolano, la instrumentalización de los derechos humanos ha sido constante. Desde los inicios de la gestión gubernamental de Hugo Chávez, extendiéndose a la actual de Nicolás Maduro, el Estado ha pretendido mostrar al mundo una cara de respeto a los derechos humanos; sin embargo, la realidad dista mucho de ello.
La conflictividad social en Venezuela, y particularmente las crisis de los años 2014, 2017 y 2019, con una serie de protestas masivas en exigencia de la reivindicación de derechos, y por la lucha para la recuperación de las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, así como las consecuencias que desde 2016 ha dejado la Emergencia Humanitaria Compleja, evidencian que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos.
Ante un escenario como el descrito, se espera que la respuesta de las autoridades sea la de generar mecanismos independientes, imparciales y efectivos que contribuyan al alcance de justicia, verdad y reparación. No obstante, se ha hecho uso de los derechos humanos para instrumentalizar los intereses políticos, promoviéndolos a conveniencia del Ejecutivo en los momentos en los que resulta oportuno o beneficioso referirse a ellos. Por un lado, cuando se señala que en el país no se cometen abusos en la materia o victimizándose ante determinadas situaciones, calificando las denuncias en la materia incluso como parte de una “agresión multiforme”.
Algunas de las consecuencias de la postura estatal las vemos en la creación de normas y mecanismos fácticos que tienen una apariencia de legalidad y que en teoría se promulgan para procurar justicia, pero que en la práctica son nuevas herramientas que contribuyen a la represión, la criminalización, el control social y, en consecuencia, promueven la impunidad ante las violaciones de derechos humanos.
Un nuevo mecanismo sin esperanza de alcance de justicia
La llamada Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos, aprobada en 2021, es un instrumento con estas características. En el texto, pese a su ambigüedad, pareciese, según su mandato, que existe un interés en brindar protección a las víctimas y garantizar sus derechos, cuando por ejemplo se señala que su objeto es “la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos”, así como también alude a la imprescriptibilidad y necesidad de investigar penalmente cualquier abuso en la materia (artículos 1 y 5 de la ley). Pero otros elementos dan cuenta de que se trata de un nuevo mecanismo de instrumentalización de los derechos humanos, como los que se han descrito anteriormente. Por ejemplo, la falta de independencia del ente creado al estar directamente adscrito a órganos del Poder Público Nacional (artículo 6 y 10); la forma expedita en la que se promulga sin siquiera haber consultado a la sociedad civil o ser sometido a debate, además de promover la opacidad y posible discrecionalidad en su accionar (artículo 19); a lo que se suma la falta de credibilidad en las instituciones tomando en cuenta la cooptación de poderes y su rol en la represión, además de la falta de un Sistema Judicial en capacidad de investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos (que tiene un papel activo en la impunidad), tal como ha denunciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM).
Un contexto como el descrito, donde se ha evidenciado en reiteradas oportunidades la instrumentalización de la justicia, la falta de investigaciones oportunas y expeditas, y los reiterados esfuerzos del Estado por mostrarse como un país garante de derechos sin siquiera garantizar la institucionalidad democrática, dificulta que pueda verse este instrumento como genuino, y lleva a pensar que es una herramienta más de simulación de justicia, empleada para retrasar u obstaculizar los procesos llevados a cabo en el derecho internacional.
El documento se suma a otras iniciativas que, como se ha mencionado, carecieron de efectividad y fueron insuficientes al no cumplir con los fines para los que se crearon, no involucrar a la sociedad civil o ser sometidos a debate, no ser independientes y ser meros instrumentos para aparentar justicia. Preocupa que esta nueva Comisión sea un elemento más para distraer y dilatar la lucha por la búsqueda de justicia, instrumentalizando los derechos humanos para contribuir con la impunidad.
La sociedad venezolana requiere de verdad, justicia y reparación frente a los abusos de los cuales ha sido objeto. Para ello, es esencial que el Estado no interfiera con los procesos para la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades. Los derechos humanos y los mecanismos creados para procurar su vigencia no deben obedecer a intereses políticos o instrumentalizarse.
Para avanzar en cambios significativos ante los abusos cometidos en Venezuela, la lucha contra la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos debe ser genuina, creíble y estar rigurosamente apegada a los estándares internacionales. Para que ello ocurra, alertamos que el Estado debe abstenerse de instrumentalizar los derechos humanos mediante la creación instrumentos legales que aparentan cumplimiento de obligaciones internacionales y que lejos de servir para cooperar con los procesos de justicia en curso, pueden obstaculizar, dilatar y afectar sus avances, como por ejemplo la investigación de la Corte Penal Internacional.
En este sentido, para que los mecanismos creados para la búsqueda y el alcance de la verdad contribuyan a un alcance efectivo de justicia, es fundamental el esclarecimiento de hechos de forma independiente, con la participación de la sociedad civil y de las propias víctimas, sin prejuicios, revictimizaciones o criminalización. De este modo, un modelo de Justicia Transicional debe contemplar los derechos a la Verdad y a la Reparación abordando causas, efectos e implicaciones del conflicto y a su vez promoviendo la reivindicación de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.
