( Washington D.C, 02.09.2020). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19), manifiestan preocupación por las serias limitaciones en la falta de acceso a internet en la región de los sectores más vulnerables de la población y la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta de forma diferenciada a comunidades indígenas, población afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros grupos.
En el contexto actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, el acceso de las personas a una Internet de calidad adquiere una centralidad insoslayable. A partir de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento social impuestas por los gobiernos a nivel global y su extensión en el tiempo, la conexión a internet aparece como la herramienta por excelencia para continuar con las tareas cotidianas que anteriormente requerían el contacto presencial, además de ser crucial para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. El acceso a Internet tampoco debe ser interrumpido con bloqueos, filtros de páginas o caídas de servicio por razones políticas o discriminatorias.
La infraestructura y el nivel de alfabetización digital requeridos para afrontar la denominada «nueva normalidad» presenta grandes desafíos en la región. Las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) a fines de 2019 señalan que a nivel global solo el 53.6% de la población (4.1 billones de personas) tiene acceso a internet, mientras que el restante 47% (3.6 billones de personas) aún se encuentra desconectado. En las Américas, casi un 23% de la población no cuenta con acceso a Internet; al mismo tiempo, se observan distintos niveles de acceso según países, subregión y comunidades. En América Latina y el Caribe se calcula que al menos 300 millones de personas no tienen acceso a Internet, encontrándose los mayores índices de desconexión principalmente en países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur.
La CIDH y su Relatoría Especial han identificado que las comunidades indígenas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales. Esta brecha digital refuerza las desigualdades preexistentes que sufren estos grupos de personas y que han sido ampliamente documentadas.
Llamamos también la atención respecto a la inexistencia de cifras oficiales y estudios sistemáticos respecto a cómo impacta la falta de acceso a internet en comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que la variable étnica aún no es considerada en muchos de los reportes más importantes a nivel mundial que analizan las desigualdades de acceso a las tecnologías digitales. La variable de género se encuentra más presente en las estadísticas sobre acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aunque falta aún sistematización a nivel regional.
No obstante, el hecho de que esta información no sea recabada y sistematizada de forma oficial no quiere decir que no exista como problema. En este sentido, la ITU ha reconocido que «los pueblos indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidades y las mujeres, los jóvenes y niños de ambos sexos» constituyen algunos de los grupos con necesidades específicas a atender. Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil y activistas en el continente están intentando proveer información sobre esta brecha digital.
La CIDH y su Relatoría Especial llaman especialmente la atención a los Estados respecto al problema de la desconexión de estos grupos de los tendidos de redes de Internet, lo que supone dificultades para acceder derechos, incluyendo las ayudas financieras que los gobiernos están ofreciendo para paliar las necesidades derivadas de la pandemia. En general los organismos públicos utilizan la web para difundir información sobre estas ayudas, y en la mayoría de los casos las solicitudes requieren de registro y seguimiento en línea. En otros casos, aunque la población pudiese acceder a tal información, se encuentran con barreras de lenguaje, ya que por ejemplo existe escasa o nula información sobre Covid-19 en lenguas originarias.
El acceso a Internet también tiene un vínculo directo con el acceso a la educación. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes –más del 95% de los matriculados en la región– se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables.
Por estas razones, las medidas de urgencia para garantizar el acceso a Internet deben privilegiar la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos de personas, de modo que puedan contar con la posibilidad de acceder a servicios básicos como educación, atención médica, oportunidades de trabajo remoto y contacto con sus familias.
La CIDH reconoce las medidas positivas que distintos gobiernos y reguladores del continente han adoptado para garantizar el acceso y continuidad del servicio de acceso a internet y telecomunicaciones. Algunos Estados, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador, han impedido a las empresas prestadoras de telefonía móvil o fija, Internet y TV por cable la suspensión o el corte de los servicios en casos de mora o falta de pago hasta una determinada cantidad de meses. En El Salvador se aprobó el pago diferido de los servicios de telecomunicaciones.
También se han implementado aplicaciones de educación virtual bajo la modalidad zero-rating, que no consumiría datos, para permitir que los y las estudiantes no se vean perjudicados en su formación y puedan continuar con sus clases de manera virtual sin costos extras. Es el caso, por ejemplo, de los portales «Colombia Aprende» y «Seguimos Educando» en Argentina. Los proveedores ofrecen la navegación en esta plataforma educativa de manera gratuita desde todos los teléfonos móviles, sean prepagos o pospago. Aunque es una medida que de sostenerse en el tiempo podría ser problemática en términos de pluralismo, parece ser adecuada y proporcional durante una emergencia como la del Covid-19.
En políticas de educación y cultura digital, Uruguay se presenta como uno de los países mejor preparados de la región. El Plan Ceibal, creado en 2007 para democratizar el acceso de las tecnologías digitales, permitió que el cierre de establecimientos educativos en marzo no afectara la continuidad de las clases; al inicio de la pandemia, la plataforma virtual ya contaba con un ecosistema de más de 173.000 recursos educativos.
No obstante, estas medidas transitorias para garantizar el acceso a Internet requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sólidas, planificadas, de largo plazo y con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. También son cruciales la generarción de información pública respecto a la falta de acceso a Internet y sus impactos diferenciados; las acciones y medidas que adopten otros actores del ecosistema digital, como empresas privadas de telecomunicaciones o prestadores de servicio en internet; y el rol de la sociedad civil y la academia, en materia de capacitación, así como en la investigación que permita ofrecer soluciones alternativas –sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias– para hacer efectivo el derecho a la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se suman a los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), y la UNESCO en la promoción de políticas de ampliación de acceso a las TICs y reducción de la brecha digital, como así también en la visibilización y concientización del problema de falta de acceso a internet. En este sentido, la CIDH y su RELE se encuentran trabajando en una guía sobre el estado de situación del acceso a internet en la región y el especial impacto de la brecha digital en el contexto de la pandemia, que reunirá además recomendaciones para que los Estados, las empresas, el sector privado, y la sociedad civil avancen hacia una mayor y mejor inclusión de las personas en las carreteras de la información y comunicación.
Frente a este contexto, y en línea con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos la CIDH y su Relatoría Especial refuerza el llamado a los Estados a garantizar el acceso a una internet asequible y plural a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en especial aquellos grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, e instamos a que lleven a cabo medidas positivas para reducir las brechas digitales. Además de permitir interacciones descentralizadas, instantáneas, sin bloqueos y sin límites de frontera, internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura.
